La urgencia de una ley de inversiones

- 04/10/2012

El Gobierno viene anunciando hace mucho tiempo la promulgación de una nueva ley de inversiones destinada, sobre todo, a ofrecer un marco jurídico que otorgue garantías al capital extranjero, cada vez más reticente a invertir en el país.

Por ahora, los pormenores de la consideración de un anteproyecto de esta futura norma no se conocen y es probable que su estudio se encuentre reservado a autoridades del Gobierno, para después ser enviado al Órgano Legislativo como un documento aprobado para su correspondiente sanción, como suele suceder. Es decir, sin casi ninguna discusión de fondo.

Aunque pareciera insulso, dado el decurso actual de nuestra legislación, es preciso recordar que la conformación del marco jurídico de un Estado debe responder a un acuerdo social y no a imposiciones.

Ahora bien, la nueva ley de inversiones, aunque aparentemente se trata de un tema técnico, debe ser objeto de aportes desde los más diversos sectores que hacen a la tarea productiva, que es a donde se apuntarán las inversiones. En este sentido, es preciso que la norma consulte la visión de trabajadores -de todas las áreas-, de los empresarios, de los expertos en derecho internacional, entre otros sectores. El país debe contar con una ley de inversiones impecable que, si bien no vaya en contra flecha con la Constitución, tenga la suficiente sabiduría como para seducir al capital externo.

Hasta ahora las señales no son buenas, en especial por las nacionalizaciones, que si bien algunas veces no han sido de carácter expropiatorio, han dañado la imagen de seguridad jurídica que requiere el país. En el caso de Fancesa, en Sucre, fue una confiscación sin ningún pago, violando la propia Constitución. Son pésimas señales de autoritarismo y arrogancia. “Nadie nos puede hacer nada”, parecen decir los miembros del Ejecutivo.

En las últimas semanas se ha observado que hay desconfianza para invertir en Bolivia y lo prueban las dos recientes licitaciones internacionales en hidrocarburos, declaradas vacantes, sin interesados.

Los ingresos actuales son producto de las inversiones realizadas antes del Gobierno del presiente Evo Morales y si las transnacionales continúan trabajando en el país es porque han logrado revertir la inicial dureza de los porcentajes de participación en el negocio.

El problema no es sólo capital, pues de serlo las reservas internacionales podrían resolverlo; el caso es que las inversiones en hidrocarburos vienen adosadas a un imprescindible conocimiento tecnológico. En éstas y otras consideraciones radica la urgencia de la nueva ley de inversiones; seguir demorando su consideración es mantener embargado el futuro del país, pues los ingresos que hoy recibe Bolivia tienen fecha de caducidad.