Directores de medios piden que el caso pase a Ley de Imprenta

El Gobierno les acusa de incitación al racismo

http://www.paginasiete.bo/2012-10-30/Nacional/NoticiaPrincipal/2Nac00130.aspx

Raúl Peñaranda y José Gramunt declararon ayer ante una fiscal y desconocieron la tuición de la Fiscalía en este caso y pidieron ser sometidos a Tribunal de Imprenta.

Página Siete / La Paz - 30/10/2012

EFE

Gramunt sale de la Fiscalía de La Paz junto a su abogado.

Los directores de la Agencia de Noticias Fides (ANF), José Gramunt, y del periódico Página Siete, Raúl Peñaranda, se presentaron ayer por separado ante el Ministerio Público para declarar por el proceso de supuesta inducción al racismo, instaurado por el Gobierno. Ambos desconocieron la competencia de la Fiscalía y pidieron que el caso sea derivado a un Tribunal de Imprenta.

Gramunt de Moragas, de 90 años, rechazó la competencia de la Fiscalía en este caso. “Se ha negado toda competencia para hechos que no son delictivos”, declaró el sacerdote ante los medios de prensa una vez culminada su declaración y rechazó “absolutamente” que se haya incurrido en un delito de incitación al racismo con la difusión de una nota informativa que resumía un discurso presidencial, según reportó ayer la agencia ANF.

“Esto no es para la justicia ordinaria, corresponde a la justicia especial del Tribunal de Imprenta”, precisó Gramunt, quien dijo además que la actuación de la fiscal Claudia Pastén fue “muy correcta”. Gramunt, ganador del premio nacional de Periodismo en 1993, a pesar de la negación de competencia, garantizó su presencia a cualquier requerimiento del Ministerio Público, “somos fieles a la ley”, aseveró.

Sin embargo, consideró que este proceso judicial es un “capricho del Gobierno”.

Por su parte, el director de Página Siete afirmó que “no le hemos reconocido competencia (al Ministerio Público) pero cuando me cita un fiscal a declarar, yo tengo que venir a declarar. Nosotros desconocemos la competencia de la justicia ordinaria porque en Bolivia está vigente la Ley de Imprenta”. Peñaranda compareció ante la fiscal ayer antes del mediodía.

El periodista recordó que el presidente Evo Morales reconoció la vigencia de la Ley de Imprenta y, por lo tanto, pidió ser procesado por esa instancia.

“No estamos en contra de que haya un proceso, pero tiene que ser por el conducto que establece la ley, que es un Tribunal de Imprenta”, pidió Peñaranda.

El Gobierno acusa a los matutino Página Siete y El Diario, y a la agencia ANF, de haber tergiversado el discurso sobre la pobreza y la producción en el oriente boliviano, que pronunció el presidente Morales el pasado 15 de agosto en Tiwanaku.

Para hoy está previsto la declaración de Ernesto Murillo, de El Diario, y de su gerente general, Jorge Carrasco Guzmán. El miércoles continuará las declaraciones sobre este proceso.

Periodistas ven “amedrentación”

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, manifestó que el proceso instaurado por el Gobierno ante el Ministerio Público es una “amedrentación” que atenta a la libertad de expresión.

“Es una amedrentación del Órgano Ejecutivo y a invitarlos de manera un tanto forzada hacia la autocensura. Hemos conversado con varios compañeros que trabajan en medios impresos y naturalmente existe bastante temor a la hora de titular una noticia y esto naturalmente nos está hablando de un estrangulamiento permanente que está liquidando la libertad de expresión”. Vargas declaró que, de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado, el caso debe dilucidarse con la Ley de Imprenta, los códigos y normas de ética que tienen las organizaciones de periodistas y que juntas conforman la autorregulación.

El responsable de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, dejó establecido ayer que esa entidad no reconoce la competencia del Ministerio Público ni de otros tribunales ordinarios para procesar a los periodistas en el país.