El Ministerio de Gobierno anunció este martes que
iniciará una proceso penal contra la juez Segunda de Instrucción en lo
Penal de Santa Cruz, Iris Justiniano por el delito de prevaricato,
presuntamente por haber dejado en libertad irregularmente al asambleísta
del MAS, Lucio Vedia.
Según el informe de esta
cartera de Estado la denuncia sería por una acción procesal defectuosa
de la jueza Justiniano y anuncia un juicio por prevaricato en contra de
esa autoridad judicial por haber determinado la libertad de Lucio Vedia,
sin cumplir con las normas del debido proceso penal.
La Jueza Justiniano otorgó la libertad a Vedia y alegó que se
descartaba el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia en el
proceso por los delitos de uso indebido de bienes públicos, actitud
antieconómica y uso indebido de influencias, del cual el Ministerio de
Gobierno es parte querellante.
Para el Ministerio de
Gobierno, "la Jueza Justiniano violentó el Código de Procedimiento Penal
al no haber hecho llegar una notificación al domicilio legal de esta
Cartera de Estado (Avenida Arce, esquina Belisario Salinas No 2409) para
la audiencia realizada este martes en horas de la mañana.
Esa actividad procesal defectuosa impidió que el Ministerio de Gobierno
se haga presente en la audiencia mencionada para sustentar los
argumentos en contra de la decisión que otorgó libertad al ex
funcionario público acusado del uso indebido de una camioneta incautada
al narcotráfico.
La juez cruceña Iris Justiniano
determinó dar procedente la solicitud de cesación a la detención para el
ex asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia porque, según la
autoridad judicial, ya no existirían riesgos procesales de fuga y de
obstaculización a la investigación, mismos que no fueron presentados por
las partes acusadoras en la audiencia convocada para la mañana de este
martes siendo que fueron notificados.
A la audiencia
convocada por el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Santa
Cruz, no se hizo presente la parte denunciante, vale decir la Dirección
de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el
Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia, además de los
representantes de la Fiscalía pese a ser notificados.
"De acuerdo a lo ordenado por la sala y por el Tribunal Constitucional
mi autoridad no puede otra cosa que determinar la cesación a la
detención preventiva del imputado, se determina la libertad del imputado
bajo medidas señaladas en el artículo 240 a presentación una vez cada
15 días ante el representante del Ministerio Público.
A inasistencia de las partes para observar uno de los elementos, por
tanto a mi autoridad no le queda de otra que valorar que dice la defensa
dando por cien por ciento aceptado y cierto porque los hechos de
observación por parte de quienes deben hacer las observaciones", explicó
la autoridad judicial.
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