domingo, 24 de febrero de 2013

El Estado soy Yo

http://www.paginasiete.bo/2013-02-24/Opinion/Destacados/18Opi00124-02-13-P720130224DOM.aspx

- 23/02/2013

El presidente Morales ha decidido ir a la re-reelección. Lo hace sabiendo perfectamente que vulnera la disposición transitoria de la CPE que en su parágrafo II dice: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Lo hace sabiendo que la Ley de Régimen Electoral que él promulgó el 14 de abril de 2009 y que estaba en plena vigencia cuando fue electo en 2009 decía: “a) Se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva CPE. b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo electivo”. Lo hace sabiendo que este punto tan sensible fue condición sine qua non de la oposición para viabilizar la nueva Constitución, y que el tema fue negociado y firmado por el vicepresidente García Linera. Lo hace sabiendo que ese acuerdo fue garantizado por representantes de la OEA y otros organismos internacionales. Lo hace sabiendo que la CPE y la Ley Electoral se promulgaron una vez fenecido el primer mandato, es decir con conocimiento de que no había cumplido los cinco años. Lo hace, finalmente, porque quiere permanecer en el poder indefinidamente, a lo que se suma la evidencia de que se ha llevado a tal extremo el culto a la personalidad, la mitificación de su figura y la obsecuencia dentro de su organización política, que sin él la sobrevivencia del MAS y del proceso que quiere representar correrían serios riesgos de ser derrotados.

La célebre frase “El Estado soy Yo”, atribuida a Luis XIV, se ha convertido en una dramática realidad en varios países de América Latina en este siglo XXI, y el presidente Morales es uno de sus conspicuos cultores. La dramática destrucción de los valores institucionales y republicanos, indispensables aún en un modelo democrático plurinacional, socialista y estatista, como el que pretende encarnar este Gobierno, lleva a nuestra sociedad a la evidencia de que todo comienza y termina en una persona. Pero, no lo olvidemos, el poder total envilece y signos de ese envilecimiento son ya muy evidentes en el actual esquema. La utopía que se dibujó en la segunda mitad de 2005 y que llevó a Morales a la Presidencia es un lejano recuerdo. La cantidad no soñada de dinero que llena las arcas del Estado gracias a los precios internacionales nos ha llevado a un capitalismo salvaje, en el que se mueve nuestra economía en las calles, al narcotráfico abierto y desafiante, a la violencia creciente, al materialismo más descarnado, a la depredación sistemática del medio ambiente (desde las botellas de plástico tiradas en cualquier lado, hasta los fuegos y desbosques gigantescos en nuestros llanos), y a la lógica del éxito a costa de los demás en medio de la fiesta irresponsable del derroche.

El Estado soy Yo afirmaron varios gobernantes latinoamericanos en el pasado. No es casual que en esa lista de caudillos eternos estén en el siglo XX y XXI: Fidel Castro en Cuba (1959-2006), 47 años controlando directamente el poder, elegido Presidente varias veces de acuerdo al sistema electoral cubano. Alfredo Stroessner en Paraguay (1954-1989), 34 años gobernando, reelegido más de cinco veces. Rafael Trujillo en República Dominicana (1930-1961), 18 años como Presidente formal y 31 como factótum de su país. Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), 16 años como Presidente de facto. Jean Claude Duvalier y Francois Duvalier en Haití (1957-1986), padre e hijo elegidos varias veces, 29 años al mando. Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013), 14 años a la cabeza de su país, electo tres veces. Carlos Menem en Argentina y Alberto Fujimori en Perú, ambos presidentes durante diez años y ambos reelegidos.

Ésa es la compañía a la que quieren emular el presidente Ortega en Nicaragua, que había gobernado 11 años con los sandinistas (1979-1985) y que lleva siete años y una reelección en su segunda “fase”. Morales está ya en su octavo año en el poder. El presidente Correa acaba de ganar un nuevo mandato en Ecuador y lleva su séptimo año de gobierno. La presidenta Kirschner en Argentina, que también busca una nueva reelección, está en su sexto año.

Alguno de esos “inmortales” bautizó ciudades con su nombre, varios otros regaron sus países de imágenes gigantescas (estatuas o gigantografías), citas de sus frases célebres, nombres de edificios, aeropuertos, hospitales, estadios, avenidas. ¿Qué queda de Stalingrado? ¿Qué de los monumentos a Lenin? ¿Qué del Reich de los mil años? ¿Qué de la frase “Caudillo de España por la gracia de Dios”? ¿Qué del calendario inaugurado por los revolucionarios franceses?...

Si éste fuera un proceso la alternabilidad en el liderazgo serían un imperativo. No es así. Si Morales quiere reelegirse, que haga lo correcto. Que la CPE se reforme en lo tocante al tema y que se haga, como debe ser, un referendo para aprobar o rechazar dicha reforma. Si la propia Constitución promulgada con tanta solemnidad en El Alto en febrero de 2009 es papel mojado ¿Dónde están las bases jurídicas que le dan legitimidad a este proceso?

Carlos D. Mesa Gisbert fue Presidente de Bolivia.

Ama Llulla, ama a tu prójimo

http://www.paginasiete.bo/2013-02-24/Opinion/Destacados/17Opi00224-02-13-P720130224DOM.aspx

- 23/02/2013

En un “proceso de cambio” como el que vivimos se supone que mueren las viejas mañas y nacen las conductas en el marco de los valores éticos y principios constitucionales, entre ellos el Ama Llulla (no mentirás en quechua) y el vivir bien, entendido como el tránsito del Ama Sua y el Ama Kella, al ama a tu prójimo y a la naturaleza como a ti mismo para vivir en armonía. Por ello hacer trampas no condice con estos principios constitutivos del Estado Plurinacional. Decir una cosa un día y luego negarse sin ruborizarse denota la calidad de persona que eres.

Es una señal de decadencia moral que entierra los mejores perfiles políticos. Obviamente, los efectos no son inmediatos, pero son graduales y letales, si no pregúntenles a los denominados “neoliberales” ¿cuándo se jodieron?

Una descomposición ética parecida experimenta hoy el MAS, que en octubre de 2008 aseguró que el presidente Evo Morales no iba a presentarse a una segunda reelección en cumplimiento de la Constitución, que regula una sola reelección para evitar la monarquización de la democracia y el cesarismo político.

Sin embargo, estos días, los mismos masistas echaron al basurero su palabra de honor, cristalizada en un pacto de caballeros (que no necesita firmas) para respetar las reglas de la democracia. A fin de contextualizar la violación del Ama Llulla revisemos las pruebas que dejaron aquella vez, cuando negociaron con la oposición los últimos artículos que viabilizaron la aprobación de la nueva Constitución.

Primera prueba.- La agencia gubernamental ABI publicó, el 20 de octubre de 2008, que “el mandatario Evo Morales Ayma y el Movimiento Al Socialismo (MAS) renunciaron este lunes a la reelección presidencial para que la oposición deje de chantajear la aprobación de la Ley de Referendo Dirimidor y de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE)”. “Algunos partidos políticos han considerado que eso (reelección) era excesivo (') el MAS, el Presidente de la República han renunciado a la posibilidad de reproducir el control de la administración pública por la vía electoral en un segundo periodo constitucional, después del adelanto de elecciones que se está proponiendo”, manifestó a el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero.

Segunda prueba.- El ex senador del MAS y ex ministro de Trabajo Félix Rojas, que también participó en las negociaciones, anunció en ese entonces que el Presidente contabilizaría su gestión inconclusa como su primer mandato. “El mandatario estaría candidateando el 2009 por cinco años de gobierno, luego de ello ya no tendría derecho de ser candidato”, señaló (según un artículo escrito por Fabián Yasick).

Tercera prueba.- El ex senador de Podemos Carlos Börth reveló a ERBOL cómo se selló el acuerdo entre la oposición y el MAS en octubre de 2008.

“Una noche el Vicepresidente, don Álvaro García, me llama y me dice: ‘Carlos, traigo un mensaje del presidente Evo Morales’ y dice: ‘El Presidente por mi intermedio les hace conocer que no va a buscar la reelección sino una sola vez y está de acuerdo que se compute este periodo como su primera vez’. Fue oferta de Evo Morales a través de Álvaro García que me la plantearon a mí como correa de transmisión al conjunto de Podemos y seguramente a las otras fuerzas de oposición”.

Börth precisó que “fue una charla personal en la presidencia de diputados con el Vicepresidente, cuando ni siquiera el tema de la reelección de Evo estaba siendo tratado de manera candente”. Queda demostrado que los masistas mintieron. Es más, reconocieron que hicieron “trampa” a través de una “estrategia envolvente” para “mamar” a la oposición aquella vez. Lo peor es que engañaron al país y violaron los principios constitucionales del Ama Llulla y el vivir bien. ¿Vale la pena tener gobernantes mentirosos?

Personalmente apoyo la re-re-elección de Morales, pero no sobre la mentira y violando la Constitución, concebida como el límite al poder.

Andrés Gómez Vela es periodista.

lunes, 4 de febrero de 2013

El Gobierno se deshace de los límites

http://www.eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=El-Gobierno-se-deshace-de-los-limites&cat=1&pla=3&id_articulo=109647

Deja en manos de las Gobernaciones la solución de conflictos que afecta al 85% de municipios.
Lunes,  4  de Febrero, 2013
El-Gobierno-se-deshace-de-los-limites
Ref. Fotografia: Ilustración de David Diez Canseco.
A raíz de la ola de conflictos de límites en el país cuando se hizo el Censo de Población y Vivienda, se agilizó la Ley de Delimitación Territorial, como respuesta a esas demandas sociales.
Analistas políticos y la oposición coinciden que si no hay la voluntad para buscar una solución seria a los múltiples conflictos, este instrumento legal quedaría insuficiente.
Esta normativa deriva sus competencias a las gobernaciones para que se hagan cargo de los conflictos internos entre municipios y provincias.
Sin embargo, en ninguna parte de la ley establece la asignación de recursos del Gobierno central al departamental.
Además pone como atribuciones de las gobernaciones el atender los procedimientos de conciliación administrativa.
También los gobiernos departamentales deben alimentar el Sistema de Información de Organización Territorial y además de la prevención y gestión de conflictos que pudiesen presentarse.

Gobernación asumirá a pesar de deficiencias. El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, dijo que a pesar de las deficiencias de la norma, se harán cargo de las nuevas competencias.
"Es la primera competencia que delega y transfiere el centralismo, pero tampoco da recursos a las Gobernaciones", comentó.
Dijo que lo primero que se hará, es convocar en las próximas semanas a los 56 gobiernos municipales cruceños para trabajar de manera conjunta en la resolución de problemas de límites.

Autonomía es resolver los problemas.
En respuesta a la Gobernación cruceña, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizú, indicó que precisamente la Autonomía está en la resolución de los problemas internos.
Dijo que la Ley de Delimitación es la expresión real autonómica, porque los conflictos municipales los tiene que resolver las gobernaciones en la búsqueda de la conciliación.
El parlamentario oficialista comentó que si no hay ese espacio de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes, se activará el Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente el referéndum de la parte territorial disconforme.

El gobierno se aleja del conflicto.  Para el experto en la temática sociopolítica, Pablo Deheza, el Gobierno  de Evo Morales, establece una primera barrera que lo aleja de los conflictos intradepartamentales.
Esto con el argumento de que la competencia para establecer delimitaciones entre municipios, es delegada a las gobernaciones del territorio nacional.
El analista dijo que la norma estipula en primera instancia una conciliación entre las partes.
De no lograrse una solución por esta vía, se abre la posibilidad de llegar a un referéndum entre los habitantes de la zona en disputa.
Incluso sostiene que  cuando se trate de zonas deshabitadas, la norma establece tramitar ante el Tribunal de Justicia.
"En todo caso, se trata de una ley saludable y necesaria, que se da en la medida en que el gobierno comprende los peligros a la vista y decide curarse en salud", aseveró Deheza.

Ayudará a problemas centenarios.  Según el politólogo Carlos Cordero, la norma puede ayudar a resolver problemas centenarios del país. Dijo que desde la fundación de la República, se crearon jurisdicciones administrativas y desde entonces se viene arrastrando los problemas de límites en Bolivia.
Aclaró que las leyes son bien intencionadas, pero dependerá ahora de la cultura ciudadana para buscar a resolver su problemática territorial.

Referéndum favorece al más fuerte. El analista Iván Arias dijo que si bien es muy importante la aprobación de la normativa, pero la susceptibilidad pasa por el Referéndum.
Mencionó que la solución que plantea la nueva norma tiene su intencionalidad, porque si bien plantea el de agotar la conciliación, pero al introducir la consulta referencial, los municipios grandes puedan salir beneficiados. Remarcó su preocupación de que el 93% de los municipios del país tienen conflictos de límites  y solamente Pando es el único departamento que no tiene problemas de esta naturaleza.

Debilidad institucional. Por su parte, el jefe de Bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputado, Adrián Oliva, dijo que el tema central que no está resuelto, es la debilidad institucional. "Por tanto esta ley es insuficiente a la hora de abordar los conflictos de límites, porque se deben crear una verdadera institucionalidad, cosa que no ha tomado en cuenta el Gobierno", resaltó. Indicó que la norma intenta reducir los conflictos territoriales por el mecanismo de la conciliación y pretende poner como actores directos como los principales responsables. Esto a sabiendas de que esta clase de problemas de límites tienen mayor grado de complejidad a la hora de abordarlos y buscar su solución.
Normativa. Competencias, finalidades y objetivos 
Ley 339.  Artículo 3.
 (Delegación Competencial).

II. Los gobiernos autónomos departamentales elaborarán la planificación del procedimiento de conciliación administrativa, para delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado.
 Artículo 4.
(Finalidades De La Ley)

La presente Ley tiene como finalidades:
a) Establecer mecanismos para la demarcación y delimitación de las unidades territoriales, con límites precisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodésica Nacional. b) Establecer los procedimientos conciliatorios para la definición de límites entre unidades territoriales.
Artículo 5. (Objetivos De La Ley)
 La presente Ley tiene como objetivos:  a) Establecer los procedimientos que garanticen el derecho a ejercer la voluntad democrática directa, participativa, representativa y comunitaria de las ciudadanas y ciudadanos para la delimitación de unidades territoriales.
b) Establecer el sistema de información para la obtención, administración y sistematización de información de límites territoriales para efectos de la organización administrativa. c) Aplicar mecanismos de democracia directa, participativa, representativa y comunitaria a través de los acuerdos conciliatorios, referendos y otros mecanismos a utilizarse en la delimitación de unidades territoriales. d) Establecer la responsabilidad de los órganos del Estado y de las entidades territoriales autónomas para la correcta delimitación de las unidades territoriales.
Algunos conflictos limítrofes
La Paz-Mecapaca -Palca y Achocalla. Este conflicto generado en la provincia Murillo, los municipios de Mecapaca, Palca y Achocalla, reclaman a la capital de paceña de avasallar su territorio y amenazan con no ceder un centímetro de tierra.
Oruro - Potosí. El 1 de marzo del año pasado, se produjeron enfrentamientos con un saldo de 20 heridos entre los comunarios de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) en la zona de Rodeo, por la pelea limítrofe entre ambos departamentos.
Tarija-Chuquisaca. El conflicto se suscita en la pelea del campo Margarita.
Donde reclaman los tarijeños por qué se les concedió a los chuquisaqueños el 50% de las regalías hidrocarburíferas, cuando el campo queda en territorio chapaco.
Cochabamba-Beni. La pelea que se dio entre ambos departamentos, por el avasallamiento al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) de propiedad beniana por parte de cocaleros del Chapare.
Cochabamba -Sacaba. Dentro del territorio cochabambino se registran más de 20 conflictos, entre ellos son los municipios de la capital con Sacaba,  que en la época del censo las relaciones estaban tensas entre ambos.
Colcapirhua - Tiquipaya.  Otro conflicto limítrofe de municipios cochabambinos.  El 12 de marzo del año pasado, los pobladores de Colcapirhua, provincia Quillacollo, bloquearon la carretera entre Oruro y La Paz, por el problema con Tiquipaya.
Santa Cruz fe La Sierra - Cotoca.  En vísperas del Censo, cotoqueños plantaron un mojón en el Km 8, exigiendo a la capital cruceña que respete sus límites con 15 comunidades por la zona de Guapilo.
Pailón - San José de Chiquitos.-Se conoce que en el día del Censo, pobladores de san José estaban censando en territorio pailoneño, situación que motivó la molestia de autoridades municipales de Pailón que pidieron revisar cartografía.
Guarayos - Ñuflo de Chávez.  Este es un conflicto provincial de vieja data, aquí los pobladores de Guarayos denunciaron el avasallamiento de colonos de San Julián. Este problema limítrofe se mantiene latente.

Punto de vista
"Es una ley que le faltó el consenso de las partes en conflictos'
"Sin lugar a dudas, es una ley que le faltó el consenso de las partes en conflictos o  las personas afectadas por delimitación territorial.
Hay una serie de municipios, provincias y departamentos, que ni siquiera han buscado un acercamiento sobre su problemática o cómo le hubiera gustado solucionar su problema de límites.
Ya que uno de los mayores problemas en los próximos meses y años es el tema de le delimitación territorial y el avasallamiento de tierras y sobreposiciones. Eso hace que pinte un panorama convulsivo, toda vez que sale la ley de Límites sin haber tomado en cuenta a los ciudadanos de los municipios, y departamentos afectados, es así que sale una norma desde la visión del Gobierno Nacional. El oficialismo debió recoger las opiniones de la oposición, fundamentalmente de los municipios y de las autoridades departamentales de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija, que son zonas conflictivas en el tema de límites y los municipios".
Víctor Hugo Velasco
DGTE. DDHH

Valverde cuestiona retraso en informe de hoja de coca

http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_02/nt130204/politica.php?n=61&-valverde-cuestiona-retraso-en-informe-de-hoja-de-coca




El controversial analista y periodista cruceño.
(Agencias).- Después que el viceministro de defensa social, Felipe Cáceres, explicó que el informe sobre la hoja de coca financiado por la Unión Europea será entregado junto con los resultados finales del Censo 2012, el analista Carlos Valverde y el exzar antidroga, Ernesto Justiniano, coincidieron en que el Gobierno debe publicar de una vez los resultados del estudio sobre la coca.
“La Unión Europea pagó un estudio para saber la cantidad de coca que se necesita para consumir en Bolivia. El Gobierno comenzó a mirar lo que hay y hará cuadrar con lo que se necesita. Ahora resulta que el censo vale mucho. Resulta que dicho informe tenían que entregarlo el año pasado y aún no lo han hecho. El Censo no tiene nada que ver con el informe de la hoja de coca. Quieren hacer cuadrar para que los pichicateros no sufran”, cuestionó el periodista cruceño.
Por su lado, Justiniano reiteró que el estudio de la hoja de coca data desde el año 1988 cuando se promulga la Ley 1.008 en la que se especifica que se debe hacer este trabajo de forma periódica. “En el año 2002 hubo un preacuerdo en Gonzalo Sánchez de Lozada y Evo Morales para realizar un estudio de mercado. Entonces se estableció que las universidades podrían colaborar para hacer el estudio científico”.
“En el año 2006, Evo Morales a y través de su gabinete firmaron una resolución quebrantando la Ley 1.008. En dicha resolución fue aprobada una estrategia para que existan en Bolivia 20 mil hectáreas de coca sembradas. Parte del programa electoral del MAS era hacer un estudio de mercado de la coca. Han pasado 7 años y Evo Morales no ha podido realizar el estudio de mercado, es más, la Unión Europea consiguió el dinero necesario para poder realizarlo. Tengo entendido que el estudio ya se realizó, pero algo ha pasado ya que no se lo ha dado a conocer hasta ahora la opinión pública”, acotó en entrevista con Valverde en el programa Sin Letra Chica.

Los soldados bolivianos presos en Chile

http://www.paginasiete.bo/2013-02-04/Opinion/Destacados/12Opi00204-02-13-P720130204LUN.aspx

- 03/02/2013

Por segunda vez, son capturados soldados bolivianos por la Policía chilena. Ver a nuestros bravos conscriptos, herederos de otros bravos que sacrificaron vidas y haciendas por la patria, esposados como vulgares delincuentes es no sólo deprimente, sino trágicamente desesperanzador.

No se trata de tomar las cosas como si no existieran o restar importancia al caso como ocurre en beneficio de los extorsionadores. Éste ya no es un asunto doméstico, es un caso que atañe a la seguridad y defensa de Bolivia, a su dignidad y a su figura proyectada internacionalmente, así como a la propia autoestima de su pueblo.

En principio debemos preguntarnos las circunstancias en las que dichos soldados cruzaron la frontera con un país hostil como Chile. Sabemos que estaban cumpliendo un deber impuesto por el Gobierno, destinado a reprimir el intenso contrabando de automotores en la zona. Pero nos debemos preguntar: si existían antecedentes, ¿por qué no se tomaron las debidas precauciones para evitar cruzar frontera?

Eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué estaban tan mal equipados los soldados?, evidentemente la dotación de un fusil y algunos cartuchos por tres soldados no están en los Cuadros de Organización y Equipo, pero lo más grave es, ¿por qué no estaban dotados de GPS, para saber su ubicación respecto a la línea demarcatoria?, ¿tenían raciones secas?, ¿estaban dotados de ropa, sacones térmicos y guantes para la fría zona altiplánica?, ¿dónde estaba el sargento profesional que debía comandarlos?

Estas respuestas están en manos del Ministerio de Defensa, el cual es responsable de la dotación de las Fuerzas Armadas. No basta con comunicar que se “deslindan responsabilidades”, éstas son inherentes al mando. Si un organismo destinado por la Constitución a ser órgano político administrativo se atribuye la función logística de las Fuerzas Armadas, debe también atribuirse la responsabilidad de su carencia o su falta de previsión en el presente caso.

Por otro lado, resulta evidente la falta de dotación de equipo y munición de combate en el personal militar; cada vez más el profesional tiene que equiparse con su propio peculio. La alarmante falta de municiones para todas las armas, la falta de planes quinquenales para la renovación y compra de armas y equipo, así como las sorprendentes limitaciones en las cantidades de personal militar egresado que esta cartera está tratando de imponer a los institutos de formación militar, en directo detrimento de la capacidad operativa de las FFAA.

Todo esto nos lleva a concluir que es tiempo de que este ministerio deje de actuar con criterios meramente políticos y jurispru denciales y comience a trabajar con criterios técnicos militares, estableciendo políticas efectivas de Defensa y Seguridad, con el objetivo de obtener Fuerzas Armadas organizadas y equipadas con la debida capacidad disuasiva, en condiciones de cumplir con la misión asignada por el Estado, la Defensa de la Soberanía y el Honor patrio.

Lástima que los encargados de controlar la calidad y eficiencia del Ministerio de Defensa y las FFAA, es decir la Comisión de Defensa de las Cámaras, no parecen preocuparse del caso; parece que algunos de ellos creen que su única función es discutir los ascensos de los generales mientras los soldados afrontan las consecuencias de la falta de previsión, supervisión y control.

No estamos frente a un caso simple. El elemento más valioso de un ejército es su personal, ¿cómo creen que se sienten nuestros soldados al darse cuenta que se les exige obediencia absoluta, olvidando o no conociendo el viejo axioma militar que dice “El que da la misión, da los medios”?



Tomás Peña y Lillo es general retirado y experto en Seguridad y Defensa.

domingo, 3 de febrero de 2013

Vuelve el irresuelto caso Chaparina

Editorial

 http://www.paginasiete.bo/2013-02-03/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00103-02-13-P720130203DOM.aspx


- 02/02/2013

La estrategia de apelar a la dilación y consecuente olvido de los hechos puede funcionar en el corto plazo, pero no siempre resulta, sobre todo con un hecho como la brutal represión a los indígenas del oriente, que se dio el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Yucumo, cuando la Policía intentó desactivar violentamente la pacífica VIII marcha de los indígenas de tierras bajas en defensa del TIPNIS.

El caso, a pesar del año y cuatro meses de transcurrido el hecho, sigue sin resolverse y todos en el Gobierno evitan referirse al autor de la orden final de la intervención policial.

En los últimos días, sin embargo, con la inspección del fiscal en el lugar donde ocurrieron los sucesos, el general Óscar Muñoz dijo que la cadena de mando nunca se rompió y que el ex ministro Sacha Llorenti estuvo enterado de los acontecimientos y en contacto con los jefes policiales de la intervención mientras ésta se desarrollaba y no emitió ninguna contraorden para suspenderla.

El único en el Gobierno que admitió conocer a quien dio la orden a la Policía para que reprimiera a los marchistas fue el vicepresidente Álvaro García Linera, según declaró días después de los sucesos, comprometiéndose a revelar su nombre jornadas después. Han transcurrido 16 meses desde entonces y García Linera se guardó la información y privó así a los fiscales de un dato crucial para determinar lo que sucedió aquella jornada.

Es notoria la lentitud con la que los fiscales manejaron el caso Chaparina y no es para menos, porque el Gobierno estuvo representado ante el Ministerio Público por los cabecillas de la recientemente desbaratada red de extorsión a jueces y fiscales, organizada en el mismo Ministerio de Gobierno.

La última revelación, en la inspección ocular, del general Óscar Muñoz Colodro, quien estuvo al mando del operativo en Chaparina, en realidad no es tan novedosa. El ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, en sus declaraciones a la Fiscalía, ya dijo que la orden de intervenir a los marchistas del TIPNIS fue impartida por el entonces titular de Gobierno, Sacha Llorenti. En su comparecencia ante la Fiscalía, contó detalles de la intervención y su declaración de hace más de un año coincide con la de Muñoz Colodro del miércoles 30.

La actuación del ex ministro de Gobierno fue tan cuestionada que lo expulsaron de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la que fue su presidente; sin embargo, nada pudo detener la designación del polémico ex funcionario como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, cargo que hoy ocupa y del que el Gobierno aparenta no tener ninguna intención de removerlo, así se lo señale una y mil veces como autor de preparar y dar la orden del operativo de Chaparina.

Al respecto, Página Siete publicó los recibos de la compra previa del masking, con el que se maniató y amordazó a los indígenas, según la difusión de imágenes estremecedoras, para una sociedad democrática, de aquel día. El plan no sólo consistía en dispersarlos, sino en obligarlos a abordar buses y aviones militares para enviarlos a sus lugares de origen, como solían hacer regímenes anteriores durante los estados de sitio. Todo eso estaba planificado, no surgió de pronto aquel aciago domingo de septiembre por iniciativa de los jefes policiales, siempre respetuosos del mando vertical de su institución.

Una de las autoridades que mostró indignación ante los sucesos de Chaparina fue la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón; al día siguiente de los acontecimientos presentó renuncia irrevocable a su cargo y, más adelante, calificó la designación de Sacha Llorenti en el cargo de embajador de Bolivia ante NNUU como “impunidad”.

Claramente, Chacón tiene muchas más cosas que decir, pero se las guardó, cuando menos hasta ahora, que ha reaparecido para voluntariamente ponerse a disposición de los fiscales que investigan el caso. Será esclarecedor que la Fiscalía convoque a la ex ministra, si realmente se quiere establecer la verdad histórica de los hechos.

De García a Fernández


  http://www.paginasiete.bo/2013-02-03/Opinion/Destacados/18Opi00203-02-13-P720130203DOM.aspx

02/02/2013

Leopoldo Fernández no es santo de mi devoción, por mí que lo condenen a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero que prueben las acusaciones. Hasta ahora, para sus detractores es un presunto culpable, para la ley es un presunto inocente, para la justicia es un presunto ser humano, pues está detenido desde hace cinco años sin sentencia ejecutoriada.

En realidad es un condenado con inocencia presumida, como lo fueron en su momento Felipe Quispe y Álvaro García, ambos combatientes del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK).

Tanto en el caso de Quispe como de García, al margen de los hechos, el grupo gobernante de entonces condenó de principio la ideología de ambos. Hoy se invirtieron las cosas: si el Estado republicano excluía de la justicia a los guerrilleros o “asistémicos” que exigían mejores condiciones de vida y a los indígenas por su sola condición de tales, el Estado Plurinacional condena hoy a los que no son guerrilleros y a los que no son indígenas por las mismas razones que lo hacía el Estado republicano. ¿Pruebas? Veamos.

Debido proceso y cero dilaciones.- La Constitución, que establece la aplicación directa de los derechos, obliga al Estado a garantizar el debido proceso, además de una justicia transparente y sin dilaciones (art. 115). ¿Hubo? El Código de Procedimiento Penal señala como tiempo máximo de duración de un proceso: 18 meses, salvo excepción fundada. Al igual que en el caso de García y Quispe, no hay ni hubo. Es probable que las chicanas las haya interpuesto el propio Fernández para retrasar la sentencia; si fuese así, ¿dónde está la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley? ¿Por qué en algunos casos hay celeridad y no en otros?

Presunción de inocencia.- La Ley Fundamental garantiza la presunción de inocencia (art. 116). Inútil en varios casos. De qué sirve esta garantía si hay decenas de presos que permanecen detenidos sin sentencia ejecutoriada. Están tras rejas como culpables con su rótulo de inocentes. Y cuando recobran su libertad, caminan por las calles como inocentes en pena.

Autoridad judicial competente.- La Constitución dice que nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada (art. 117). ¿Quién condenó a las personas que permanecen tras rejas sin sentencia ejecutoriada? ¿La ineficiencia del Estado Plurinacional? ¿El odio de una autoridad sin competencia, pero con poder? Las sospechas apuntan a que hay una sentencia arbitraria dictada por un juez de rostro invisible llamado Gobierno.

Muerte civil.- La Ley de Leyes prohíbe la muerte civil (art. 118), que en buenos términos se produce cuando una persona sufre legalmente la pérdida de sus derechos civiles, sin embargo también se produce cuando pierde esos derecho de facto. También se entiende cuando es víctima de una condena pública que afecta su honor, esa sombra social que sirve hasta para conseguir trabajo y recibir el saludo de la gente.

Autoridad independiente.- La Ley Fundamental señala que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial (art. 120). Si el caso hubiera sido conocido por un juez independiente, el proceso ya se hubiera resuelto con sentencia ejecutoriada.

El caso de Leopoldo Fernández, a quien recientemente detectaron cáncer en uno de sus órganos, es una muestra del calvario que sufren centenares de personas a causa del déficit de justicia en el país.

Si se mantiene este estado de cosas, significará que Fernández permanece encarcelado por su ideología y no por sus hechos en franca violación de la Constitución, que establece las garantías señaladas para todos los bolivianos, no dice excepto “neoliberales”. La historia de Quispe y García se repite, pero en sentido inverso. Y una democracia que acepta la condena del pluralismo, de la diversidad de pensamiento, no puede preciarse de democracia. Y un gobierno que acepta esta situación convierte la justicia en venganza.



Andrés Gómez Vela es periodista.