http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_10/nt121014/politica.php?n=44&-la-judicializacion-de-la-politica-continua-mediante-instrumentalizaci
 De la clase política, a los medios de comunicación y luego a la sociedad civil. La estructura jurídica del Gobierno se aplica a cada caso que sea disidente o crítico con el régimen impuesto. |
En 30 años de
democracia, el país logró importantes avances institucionales y
fortaleció su estructura normativa de acuerdo a las coyunturas sociales
de cada década y periodo histórico. Durante la semana se recordó que
hace dos años el gobierno de Evo Morales promulgó una polémica norma
que, según analistas, sirvió más para fines políticos que a intereses de
la sociedad.
La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación 045 se convirtió, en criterio de dos analistas, en un instrumento para judicializar la política en el país. Sus alcances trascienden a toda la esfera social y cada ámbito legal, convirtiendo a esta norma en una ley similar a las de primera generación, casi una ley estructural. Junto a la Ley anticorrupción, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, las dos normas se han convertido en las esposas para maniatar a cada político, cívico, ciudadano o dirigente social que cuestiona al régimen o incluso trata de plantear una alternativa política en democracia.
Para el analista Jimmy Ortíz, la Ley es tergiversada para perseguir a la gente y ejemplo claro es el caso de los medios de comunicación judicializados o el proceso a la diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil, donde se interpretan criterios para beneficio del poder establecido.
“El Gobierno usa la ley como en la Santa Inquisición, el caso de la diputada Adriana Gil puede ser un punto de inflexión, porque el Gobierno se ha dado cuenta que cuando no tiene la mayoría entonces no puede actuar bajo capricho o imponer sus decisiones. Lo que dijo la diputada no tipifica como delito, no se habla de racismo ni discriminación, no hay criterios de superioridad porque sólo fue un juicio de valor que no tipifica como delito”, explicó.
Por su parte, el politólogo Ramiro Bueno señala que la aplicación de la Ley en el país no se da con igualdad ni objetividad cuando se emplea contra los opositores y no así contra el oficialismo, situación que ya es palpable y comprobable en la opinión pública.
“Es uno de los fenómenos que más se le critica al gobierno de Evo Morales, porque a partir de la promulgación de la Ley 045 se encarna la judicialización de la política, siendo un instrumento solapado dentro de un Estado de derecho. También es la muestra de la visión del Gobierno sobre la democracia que es vista como conflicto, como un constante campo de lucha entre fuerzas y en ejemplos como el de Adriana Gil se demuestra la aplicación abusiva de la Ley donde el Estado de derecho se quiere convertir en tiranía de derecho, acallando las voces contrarias”, explicó.
El académico agregó que no sólo se da la judicialización de la política sino la politización del Órgano Judicial y la administración de la justicia, cerrando el círculo sobre el accionar del actual régimen.
La Ley anticorrupción y sus alcances con la Ley de Autonomías sirvió para defenestrar a autoridades democráticamente electas. Una aceptación de causa emitida por el Tribunal Constitucional dio luces sobre esta afirmación al considerar en debate los polémicos artículos que dejan “fuera del cargo” a gobernadores y alcaldes a sola acusación de un fiscal. Los derechos políticos vuelven a ser cuestionados.
Asimismo, la figura del desacato se mantiene en el país, pese a que en la región esta traba legal ya fue superada. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Bolivia pidió en febrero y marzo que el Gobierno y la Asamblea Legislativa deroguen la figura del desacato, manifestando su preocupación por la forma en la que esta norma se aplica en el país.
“La alta Comisionada reitera al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional su anterior recomendación de eliminar el delito de desacato de la legislación penal”, señala una de las conclusiones del informe.
El Gobierno mantiene un solo discurso y afirma que “no se persigue a los políticos sino a la corrupción y a los corruptos”. El propio mandatario Evo Morales reitera que él fue procesado por varias denuncias y acusaciones de las cuales salió victorioso y por ello “nuca tuvo que salir ni escapar del país”.
La Ley contra el racismo y toda forma de discriminación 045 se convirtió, en criterio de dos analistas, en un instrumento para judicializar la política en el país. Sus alcances trascienden a toda la esfera social y cada ámbito legal, convirtiendo a esta norma en una ley similar a las de primera generación, casi una ley estructural. Junto a la Ley anticorrupción, denominada Marcelo Quiroga Santa Cruz, las dos normas se han convertido en las esposas para maniatar a cada político, cívico, ciudadano o dirigente social que cuestiona al régimen o incluso trata de plantear una alternativa política en democracia.
Para el analista Jimmy Ortíz, la Ley es tergiversada para perseguir a la gente y ejemplo claro es el caso de los medios de comunicación judicializados o el proceso a la diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil, donde se interpretan criterios para beneficio del poder establecido.
“El Gobierno usa la ley como en la Santa Inquisición, el caso de la diputada Adriana Gil puede ser un punto de inflexión, porque el Gobierno se ha dado cuenta que cuando no tiene la mayoría entonces no puede actuar bajo capricho o imponer sus decisiones. Lo que dijo la diputada no tipifica como delito, no se habla de racismo ni discriminación, no hay criterios de superioridad porque sólo fue un juicio de valor que no tipifica como delito”, explicó.
Por su parte, el politólogo Ramiro Bueno señala que la aplicación de la Ley en el país no se da con igualdad ni objetividad cuando se emplea contra los opositores y no así contra el oficialismo, situación que ya es palpable y comprobable en la opinión pública.
“Es uno de los fenómenos que más se le critica al gobierno de Evo Morales, porque a partir de la promulgación de la Ley 045 se encarna la judicialización de la política, siendo un instrumento solapado dentro de un Estado de derecho. También es la muestra de la visión del Gobierno sobre la democracia que es vista como conflicto, como un constante campo de lucha entre fuerzas y en ejemplos como el de Adriana Gil se demuestra la aplicación abusiva de la Ley donde el Estado de derecho se quiere convertir en tiranía de derecho, acallando las voces contrarias”, explicó.
El académico agregó que no sólo se da la judicialización de la política sino la politización del Órgano Judicial y la administración de la justicia, cerrando el círculo sobre el accionar del actual régimen.
La Ley anticorrupción y sus alcances con la Ley de Autonomías sirvió para defenestrar a autoridades democráticamente electas. Una aceptación de causa emitida por el Tribunal Constitucional dio luces sobre esta afirmación al considerar en debate los polémicos artículos que dejan “fuera del cargo” a gobernadores y alcaldes a sola acusación de un fiscal. Los derechos políticos vuelven a ser cuestionados.
Asimismo, la figura del desacato se mantiene en el país, pese a que en la región esta traba legal ya fue superada. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Bolivia pidió en febrero y marzo que el Gobierno y la Asamblea Legislativa deroguen la figura del desacato, manifestando su preocupación por la forma en la que esta norma se aplica en el país.
“La alta Comisionada reitera al Gobierno y a la Asamblea Legislativa Plurinacional su anterior recomendación de eliminar el delito de desacato de la legislación penal”, señala una de las conclusiones del informe.
El Gobierno mantiene un solo discurso y afirma que “no se persigue a los políticos sino a la corrupción y a los corruptos”. El propio mandatario Evo Morales reitera que él fue procesado por varias denuncias y acusaciones de las cuales salió victorioso y por ello “nuca tuvo que salir ni escapar del país”.
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