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Los mineros sindicalizados alegan que el Gobierno sólo busca favorecer con más yacimientos a las cooperativas y exigen que Comibol opere en más áreas.
Natalí Vargas / La Paz - 04/10/2012
APG
Mineros asalariados vigilan en inmediaciones al ingreso del yacimiento de Colquiri.
“Las cooperativas, con el método de explotación que tenemos, de tipo artesanal, sin mecanización, podemos seguir explotando esas áreas; por eso, si están todavía en posibilidades de que las cooperativas recuperen sus minerales, se solicitarán para ampliar o consolidar nuevos espacios”, afirmó Albino García, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
Justificó el interés del sector debido a que “hay algunas empresas que han dejado de explotar en algunas áreas porque la operación empresarial, con tecnología, requiere mayor cantidad de producción, entonces sus costos se incrementan en lo que queda y por eso las dejan”.
El artículo 4 de la propuesta de ley que fue presentada el miércoles por el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, plantea que -si se establece que ya no hay actividades mineras- las concesiones otorgadas a empresas a través de autorizaciones especiales transitorias o contratos serán declaradas en caducidad y retornarán al dominio estatal.
Las zonas que sean revertidas -dice el artículo 5- a consecuencia de la caducidad o resolución “serán consideradas reserva fiscal”.
También el miércoles, el presidente Evo Morales y sus ministros aprobaron el Decreto Supremo (DS) 1369 que determina que “se levantará la reserva fiscal de manera parcial en las áreas solicitadas por los actores mineros productivos ante la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM)”.
García destacó que en las áreas que vuelvan al dominio del Estado serán administradas por la AGJAM y no por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), y “esa entidad dispondrá si otorga más áreas a las cooperativas o a las empresas chicas, medianas y grandes que lo soliciten”, remarcó.
Empero, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, lamentó que se libere la reserva fiscal, porque por más que sea parcial, terminará desangrando la economía y otorgando a otros sectores, concesiones que deberían ser para Comibol.
El dirigente aseveró que las decisiones del Ministerio de Minería son una muestra de “total irresponsabilidad” y exigió al Gobierno que en la cumbre minera que posiblemente se realice en los próximos días se analice el tema.
De lo contrario el sector asumirá medidas de presión “porque no se puede jugar con nuestros recursos naturales, aprobando decretos supremos a diestra y siniestra a favor de los mineros cooperativistas”.
El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) informó que no cuenta con información de áreas mineras sin operación. El director de esa entidad, Hugo Delgado, indicó que “no se tiene un detalle sobre ello, sin embargo, una concesión caducada en una determinada gestión es solicitada casi de inmediato”.
El levantamiento de la reserva fiscal es una demanda de los cooperativistas para acceder a nuevas áreas de trabajo.
Hay 140 cooperativas mineras avasalladas
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, informó que su organización tiene registro de 140 cooperativas que en la actualidad son víctimas de avasallamiento por parte de comunarios en las regiones donde operan algunos yacimientos.“Durante estos últimos cinco años tenemos aproximadamente 140 cooperativas avasalladas en todo el territorio nacional, en el norte paceño, en el sector sur de Potosí y Santa Cruz. La mayoría por actos de los comunarios”, dijo.
Albino negó que el sector cooperativista sea responsable de tomas de concesiones otorgadas a las empresas privadas.
Respecto a la toma de la mina Himalaya, reconoció la participación de una cooperativa fundadora de Fencomin, pero explicó que se trata de un caso diferente.
Alegó que allí los comunarios se alinearon a favor de los cuentapropistas y recordó que la empresa privada que operaba ese yacimiento usurpó el derecho de algunos cooperativistas, apelando a su poder económico.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) reportó con base en datos de sus empresas afiliadas que las tomas afectan a 100 complejos mineros operados por empresas privadas. El informe difundido en agosto sólo tomó en cuenta denuncias formales.
Además, calculó que al menos el 50% de los avasallamientos de minas fueron protagonizados por campesinos residentes en los alrededores de los yacimientos y 30% por cooperativistas y el saldo por otros trabajadores mineros.
En junio, cooperativistas avasallaron la mina Colquiri y el conflicto culminó con la reversión del yacimiento de manos de Sinchi Wayra a Comibol; en julio, comunarios tomaron el yacimiento Mallku Khota, donde una empresa privada realizaba actividades de exploración y luego la operación pasó al Estado.
La empresa Himalaya sufrió la toma de una de sus operaciones mineras en 2007.
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