El oficialismo realiza un análisis jurídico de la sentencia
El ministro de Trabajo expresó su preocupación por el fallo emitido por el Tribunal Constitucional y dijo que el tema será analizado por abogados del Gobierno.
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Nancy Vacaflor / La Paz - 25/10/2012
Archivo digital
El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sede en Sucre.
El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), afirmó que “hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía, que pueda dar seguridad a las autoridades. Habrá que trabajar en los elementos específicos, si no es en este periodo legislativo puede ser en el próximo periodo legislativo, cuando estemos reformando el Código Penal vamos a tener que trabajar en lugar del desacato cuál será adecuado”.
El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, informó en una entrevista con la red Uno que en su partido se está realizando un “análisis jurídico” para que las autoridades que están en función pública no sean ofendidas.
El diputado Galo Bonifaz (MAS) opinó también que este tema será analizado en la Asamblea Legislativa una vez que se conozca oficialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 1250/2012. “Es un fallo, tenemos que respetar y seremos respetuosos”, dijo a la red Uno.
El Gobierno, mediante el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, expresó su preocupación por este fallo y otro relacionado con la retroactividad de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga. “Nos preocupa ciertamente”, pero será el equipo jurídico del gabinete que analice los efectos, declaró escuetamente ayer la autoridad.
El Tribunal Constitucional eliminó el delito de desacato con el argumento que se vulnera el principio de igualdad, establecido en la Constitución y afecta al derecho a la libertad de expresión porque las autoridades gubernamentales cuando se consideran ofendidas podían recurrir a esta figura penal y abrir un proceso contra el ciudadano, pero éste, cuando era ofendido, no tenía el mismo derecho para procesar a una autoridad.
El diputado Lucio Marca insistió ayer en que las autoridades no pueden quedar expuestas a las acusaciones falsas; no obstante, el deseo oficialista de reemplazar la figura legal del desacato fue resistida por el diputado opositor Willman Cardozo, quien consideró que es un “exceso” porque se pretende vulnerar derechos consagrados en la Constitución Política.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Dennis Racicot, recomendó no “caer en la tentación” de utilizar las tipificaciones de injuria o difamación para limitar “otra vez” la libertad de expresión.
Esta instancia fue la que pidió que se elimine el desacato, en concordancia con la normativa internacional, pues esta figura data desde el Gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez.
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