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Celebración. El mandatario Evo Morales junto a la presidenta de la Cidob, Melva Hurtado (izq.).
La Central de Pueblos Indígenas de Bolivia
(Cidob), dividida entre afines y contrarios al Gobierno, celebró ayer 30
años de vida. El sector liderado por Melva Hurtado realizó su acto con
la presencia del presidente Evo Morales; Adolfo Chávez organizó el suyo
junto a sus seguidores.
En julio, Hurtado fue
elegida presidenta de la Cidob, en reemplazo de Chávez, por una Gran
Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI). En agosto, una V
Comisión Nacional de al menos diez regionales ratificó a Chávez como
presidente.
En el acto de la Cidob-Hurtado, en la
Casa Grande de la institución (Santa Cruz), se proclamó la refundación
de la organización y se firmó un “Convenio de vinculación programática
de los pueblos indígenas a la Agenda Patriótica”.
“Se
refunda la Cidob con una nueva gestión para trabajar por los pueblos
indígenas; aquí terminó el tiempo de los dirigentes traidores al
movimiento indígena”, señaló Hurtado antes de entregar al Mandatario un
proyecto para construir la Escuela de Capacitación de Técnicos Indígenas
en Proyectos. “Necesitamos contar con recursos técnicos”, agregó.
Contraria. Por su parte, Adolfo Chávez también organizó en Santa Cruz
la entrega de una ofrenda floral en la plaza 24 de Septiembre, como un
acto —dijo— de desagravio por la toma que realizó el grupo de Hurtado de
la Casa Grande, las instalaciones de la Cidob, informó el dirigente
Lázaro Tacoó.
Tacoó criticó al Gobierno por “dividir
al movimiento indígena y perseguir a sus líderes”, lo que implica
—señaló— un retroceso de todos los avances logrados por los pueblos de
las tierras bajas en los últimos años.
“Con mucho
pesar estamos celebrando estos 30 años de avance del movimiento
indígena, porque, como nunca en la historia, un Presidente indígena
viola derechos indígenas; quiere romper nuestro territorio y está
persiguiendo a los líderes que son leales con sus principios”, afirmó.
En la otra acera, el mandatario Morales, nombrado “cacique de caciques”
por la Cidob-Hurtado, sostuvo que es importante hacer una evaluación de
la “unidad y la conciencia” en la dirigencia indígena; pidió a ésta
luchar por sus bases en el marco de la “transparencia y voluntad
política”.
Por su parte, el ministro de Gobierno,
Carlos Romero, mencionó que la organización tiene tres desafíos:
refundar la Cidob con un norte estratégico; erradicar la extrema
pobreza, dotando de servicios básicos y desarrollo productivo a los
indígenas; y llevar a cabo un programa de gestión territorial.
“Suscribiremos un convenio marco para formular un programa de gestión
territorial, para que los territorios indígenas sean el medio de
desarrollo de las comunidades de tierras bajas, de acuerdo con la
Constitución”, destacó.
En la oportunidad, el
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, entregó más de 22
millones de bolivianos para la ejecución de una veintena de proyectos
productivos y auguró que hasta 2025 se erradicará la extrema pobreza en
esa región. Resaltó que un eje del desarrollo será la industrialización
de los recursos naturales.
“La Cidob y el Gobierno
vamos a hacer posible la erradicación de la extrema pobreza en nuestros
pueblos indígenas (...); estamos trabajando rigurosamente. Este es el
primer proyecto para vencer la extrema pobreza, generar recursos y tener
control sobre nuestro territorio”, explicó Quintana.
Dona tres vehículos
Llaves
La Cidob fue fundada el 3 de octubre de 1982. Ayer, en la Casa Grande
de Santa Cruz (Villa Primero de Mayo), el presidente Morales entregó, en
calidad de donación, tres vehículos: uno para la Cidob, otro para un
pueblo tapiete y el tercero para los indígenas del pueblo ayoreo.
Vargas dice que no se consultó a 32 pueblos
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que luego
de visitar 32 comunidades de ese territorio, comisiones de esa
organización evidenciaron que sólo una (Providencia) fue consultada por
las brigadas del Ejecutivo. Sólo se pregunta sobre salud, desarrollo y
educación, “pero no se menciona la construcción de una carretera”,
añadió.
Sostuvo que en la región hay sólo 62
comunidades y no 69, como dice el Gobierno; luego denunció que en el
proceso de consulta “hicieron el registro de chacos como si fueran
comunidades (...) Por eso el Gobierno dice que se consultó 44
comunidades y que un 90% aprobó la construcción de la carretera; esos
son datos falsos”.
Cusi. Por otro lado, en Sucre, el
magistrado del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi opinó que el
pretendido traslado de indígenas a comunidades aledañas para ser
consultados es un procedimiento inconstitucional y rompe tratados
internacionales, incluso el Protocolo del Gobierno.
“Se estaría haciendo un show para decir que se ha cumplido con la
consulta previa; la consulta debe ser en el territorio donde habitan los
indígenas conforme sus costumbres, tradiciones, instituciones,
autoridades”, señaló.
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