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Investigación. Familiares de presos por el caso terrorismo, exiliados en Brasil y un abogado defensor de dos peruanos afirman que fueron extorsionados por Boris Villegas
Caso.
El juez Juan José Zubieta llevó a cabo las dos audiencias cautelares
contra los principales implicados de la red de corrupción
Aideé Rojas
Suman las denuncias de extorsión contra el grupo de exfuncionarios del Gobierno central. Esta vez, familiares de presos por el caso terrorismo y de otros acusados salen a la palestra pública para denunciar que fueron extorsionados por Boris Villegas, Denis Rodas, exasesores del Ministerio de Gobierno, por la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, y jueces de La Paz.
Al respecto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y el senador masista Isaac Ávalos, por separado, pidieron que esas denuncias se hagan llegar de manera formal ante la Fiscalía de Santa Cruz para sumar en la investigación y así evitar que no queden solo en declaraciones de prensa.
Según el ex juez cruceño Luis Tapia Pachi, que está refugiado en Brasil, cuando reclamó respeto a la jurisdicción y competencia del distrito judicial de Santa Cruz para atender el caso terrorismo, recibió presiones, amenazas y también ofrecimiento de parte de Suxo, Villegas y Rodas para acceder a cargos en ministerios a fin de que desistiera del reclamo.
“Recibí presión del Ministerio de Gobierno y del de Transparencia a través de Nardy Suxo, quien se presentó personalmente en mi oficina acompañada de sus funcionarios y me amenazaron con procesos en mi contra si es que seguía insistiendo en el tema de la jurisdicción”, afirmó Tapia Pachi.
EL DEBER se comunicó con la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, para conocer su versión sobre esas denuncias y de la situación de Boris Villegas, que fue funcionario de ese ministerio, pero evitó hacer declaraciones aduciendo que no da entrevistas telefónicas.
Desde Estados Unidos, Iliana Stroebel, madre de Gelafio Santiesteban, preso por el caso terrorismo, también denunció que fue extorsionada en dos oportunidades para que pague cerca de $us 85.000 por la libertad de su hijo. La primera vez, según la denunciante, la extorsión fue supuestamente de parte del juez Rolando Sarmiento, que a través de su secretaria y Denis Rodas le pidieron $us 50.000, mientras que la segunda extorsión fue de $us 35.000, según ella, para ser distribuido entre los jueces y fiscales que investigan el caso terrorismo.
La mujer anunció que su hijo Gelafio hará la denuncia formal ante las autoridades que investigan la red de extorsionadores.
Franz Bustos Gutiérrez, que defendió a los hermanos de nacionalidad peruana Hugo y Williams Minaya, acusados en 2011 por el Gobierno de ser terroristas, denunció que exabogados del Ministerio de Gobierno intentaron extorsionar económicamente a sus clientes.
Señaló que parte del proceso judicial, en representación del Ministerio de Gobierno, se presentó Boris Villegas, que fungía como director de Régimen Interior de esa cartera estatal. Dijo que el funcionario lo amenazó de muerte tras hacer un escándalo para ingresar a la audiencia cautelar de los hermanos Minaya.
Sospechan de embajada de EEUU
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que presume que los mensajes que recibió el presidente Evo Morales en su teléfono móvil, sobre denuncias con relación a que abogados dentro de una cartera estatal eran extorsionadores, provienen de la embajada de los Estados Unidos, pero señaló que no podía dar fe de ello.
Señaló que la Embajada estadounidense estaba al tanto de las investigaciones que inició desde junio el Gobierno sobre la extorsión al empresario estadounidense Jacob Ostreicher de parte de funcionarios públicos del Estado.
“Yo presumo de qué embajada es, puedo decir norteamericana, pero no podría decir exactamente qué embajada es, pero sí puedo decir que el ministro quien habla se ha reunido con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en varias oportunidades”, señaló Romero.
Hace días el mismo mandatario afirmó que tras ser informado sobre la red de extorsión a través de mensajes de texto a su celular, ordenó el operativo para desbaratar la red de corrupción liderada por asesores de algunos ministerios, como Fernando Rivera y Denis Rodas. Tras ese operativo, cinco personas fueron enviadas con detención preventiva al penal de Palmasola. /Erbol
Apuntes
- Alerta. Los bolivianos que están refugiados en Brasil siguen de
cerca la investigación a la red de extorsión. Algunos reparten
fotocopias de las notas que publica EL DEBER.
- Denuncia. En el transcurso de hoy, la abogada de los dueños del ingenio arrocero El Naranjal, Blanca Parada, presentará en la Fiscalía de Distrito una denuncia por la supuesta amenaza que recibieron sus clientes.
- Familiar. La esposa del alemán que está detenido en Palmasonal, Karina Flores, también alista su denuncia por extorsión.
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