El encarcelado expresidente de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, acusó a la ministra de
Transparencia, Nardy Suxo, de ser parte de la red de extorsión
descubierta en el país días atrás y pidió 45 minutos para "desvestir y
desenmascarar" a la autoridad anticorrupción.
"Quisiera que me
den la oportunidad de 45 minutos para desvestir y desenmascarar a la
señora Ministra de supuesta lucha contra la corrupción. Ella es parte
del grupo de extorsión. Yo le desafío, que me den las garantías; sólo
(necesito) media hora para decirle toda la verdad", enfatizó ayer en La
Paz la exautoridad de la estatal petrolera.
Ramírez mencionó que
los fiscales que impulsaron el proceso en su contra: Isabelino Gómez,
Edward Mollinedo, César Romano y Aldo Ortiz, fueron "premiados" por
haber logrado que él sea encarcelado.
"Un primer premio es (el
cargo de) Fiscal de Distrito de Santa Cruz (para Isabelino Gómez);
Edward Mollinedo, asistente de Isabelino Gómez en Santa Cruz; César
Romano, abogado de la Procuraduría General del Estado; y Edward
Mollinedo ha trabajado con la Ministra de Transparencia", precisó,
dejando entrever supuestos nexos de Suxo con los mencionados abogados.
El
exhombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionó los
motivos por los que la ministra Nardy Suxo no se pronuncia hasta ahora
por el caso de la red de extorsión, ratificando sus acusaciones de que
esa autoridad es parte de ella.
"Yo quiero decirle de manera
directa a la señora Nardy Suxo: Usted dijo que luchaba contra la
corrupción y hoy por qué no dice nada. Resulta que ella ha traficado
conjuntamente estos extorsionadores", manifestó y mencionó como un
reciente ejemplo el caso del abogado Boris Villegas, exdirector jurídico
del Ministerio de Gobierno que actualmente es funcionario de la cartera
de Transparencia.
Ramírez afirmó, finalmente, que los fiscales
que estuvieron a cargo de su caso ocultaron pruebas contra el empresario
Miguel O’Connor D’arlach, a quien liberaron de culpa, pese a haber sido
quien firmó el contrato con el Estado y cobró el dinero por la
construcción de la planta de licuefacción en el Chaco, que nunca fue
implantada.
"Aquí se está absolviendo al señor Miguel O’Connor y
él es el que firma el contrato, es el que recibe los dineros en las
diferentes cuentas de los bancos. Isabelino Gómez, Edward Mollinedo,
César Romano y Aldo Ortiz fueron quienes presentaron esas pruebas y en
el juicio las ocultaron", concluyó.
La ministra Nardy Suxo no se
pronunció respecto a las acusaciones de Santos Ramírez, quien fue
encarcelado en 2009 en el penal de San Pedro de La Paz, por la supuesta
comisión de delitos de corrupción pública que fueron descubiertos luego
del asesinato al empresario Jorge O’Connor D’arlach, principal ejecutivo
de la Catler Uniservice que había recibido el pago de más de 90
millones de dólares del Gobierno boliviano, para la construcción de una
planta de licuefacción de gas en el sur del país, contrato que no fue
cumplido.
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