La red de extorsión y separación de poderes

http://www.paginasiete.bo/2012-12-09/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00109-12-12-P720121209DOM.aspx

- 08/12/2012

Quienes definen la línea ideológica del Gobierno, que encabezan el Presidente y el Vicepresidente, desconfían claramente de los valores de lo que se denomina “democracia liberal”. Aunque los conceptos de ella están en la Constitución Política del Estado que impulsaron, en el fondo no creen realmente en su validez. La separación y equilibrio de poderes, por ejemplo, o la presunción de inocencia son conceptos que no ingresan dentro de la cosmovisión de quienes dirigen hoy el país. El Presidente, hace poco, comentó en forma jocosa que “hasta los narcotraficantes tienen derechos”. Bueno, sí.

La actual ministra de Transparencia, la abogada de derechos humanos Nardi Suxo, fue quien propuso la Ley Marcelo Quiroga, que establecía que se puede acusar a alguien retroactivamente, por acciones que en su momento no eran consideradas delitos. Ésa fue una figura que violaba todos los preceptos de defensa de los derechos ciudadanos. El Tribunal Constitucional declaró, como era lógico, su inconstitucionalidad. Esa misma ley es la que permitió que una persona (inocente, puesto que no ha recibido una sentencia todavía) pueda estar 36 meses detenida sin acusación formal. El Código Penal establecía anteriormente 18 meses, igualmente un plazo muy grande. La ampliación se hizo para evitar la liberación del ex prefecto de Pando, acusado de la masacre de Porvenir. Pero en su caso y en el de varios detenidos del juicio por terrorismo, ya llevan aún más tiempo como “detenidos preventivos”. La ley prevé, en esos casos, que sus procesos se extingan, pero el Gobierno presiona a los jueces para evitar que ello suceda.

Éste es un régimen que, en el fondo, no cree en la justicia y considera que sus objetivos políticos son más importantes que “cuidar las formas”, como sus dirigentes suelen decir en privado. Los hechos recientemente revelados sobre la forma de actuar de la red de extorsión demuestran aquello. Fue el Gobierno el que les dio a los acusados “carta blanca” para actuar en casos de su interés político, como las denuncias en el caso Rózsa y Porvenir. Se buscaba presionar a los jueces y fiscales para que se acuse y encarcele a los sospechosos, con la intención de lograr un rédito político. Pero una vez realizado aquello, era obvio que esos operadores, que trabajaron bajo siete gestiones ministeriales, iban a usar su poder para sus propios beneficios. Lo que está por averiguarse todavía es si los ministros, o funcionarios de rango aún superior, sabían de estas acciones.

La separación de poderes y la idea, proveniente de la cosmovisión liberal, de que ninguna persona puede estar por encima de la ley, sea cual sea su poder político, económico o de otro tipo, protege al ciudadano justamente de estos abusos y permite que la democracia se desarrolle. Esto, claramente, no ha ocurrido muy frecuentemente en la historia boliviana, pero hoy está más lejos que nunca. Un Gobierno como el actual, que tiene dos tercios de votos en ambas cámaras, que goza de popularidad y que desea re-reelegirse ilegalmente para encabezar un tercer mandato, ni siquiera se cuestionaba si su decisión de poner sus objetivos políticos por encima de los derechos de los ciudadanos es algo criticable o negativo. La propia ministra Suxo acaba de declarar, mediante un comunicado de prensa de su despacho, que los extorsionados serán investigados, confundiendo la figura de cohecho (el que paga por torcer un fallo) por la de víctima de presiones y extorsión.

Si en el caso de la red mafiosa que se investiga actualmente se logra castigar a los responsables (no sólo a los operativos, sino a sus jefes), aparte de hacer justicia, se enseñará algo importante que podría ser fundamental para el desarrollo democrático futuro: que la independencia de la justicia no debe ser algo expresado líricamente, de boca para afuera, sino que creer en ese concepto ayuda a consolidar la democracia y, de paso, evitar escándalos de corrupción como el actual, que está fagocitando la legitimidad del Ejecutivo. Podría ser que se saque algo positivo de esta podredumbre: que las autoridades, finalmente, se convenzan de la necesidad de dejar a la justicia en paz.