Fiscalía inicia investigación a exautoridades por extorsión

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Supuestos casos de extorsión fueron denunciados ante el Fiscal General, para que se verifique la forma en que se pedía dinero a cambio de resoluciones.

DENUNCIANTES PIDIERON QUE SUS NOMBRES SE MANTENGAN EN RESERVA PARA NO SER “CHANTAJEADOS”.

Oruro, (EL DIARIO).- Por disposición del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, se inició en Oruro una investigación sobre supuestos casos de extorsión que ejercieron algunas ex autoridades de la Fiscalía, en forma particular a personas que se dedican al comercio.
El Fiscal General, mediante el instructivo FGE/RIGP 107/2012, dispuso que el fiscal de Oruro, Francisco Terán Pérez, “tome conocimiento de la denuncia referida y ejercer el control y supervisión del proceso penal a iniciarse por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, conforme a sus atribuciones”.
Entre los implicados se encuentra el exfiscal de distrito, Gonzalo Martínez Guzmán, quién, supuestamente, cobró 7.500 dólares americanos al comerciante Rosendo Canchari Ledezma, para permitirle la internación de artefactos de línea blanca.
“En reiteradas oportunidades he denunciado (el caso) ante el ex fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien ha hecho caso omiso, ya que formaba parte de todo un contubernio y red existente de corrupción entre el fiscal Uribe y Gonzalo Martínez”, denunció Canchari.
Según la denuncia, el exfiscal “se dedica a extorsionar a mi persona y a muchos compañeros de trabajo, cuando sale de operativo a las trancas de Oruro, al amanecer, sin funcionarios del COA ni policías, para sacarles 5.000 dólares americanos por camión”.
Advierte que, en caso de emitir resoluciones de sobreseimiento, el arancel era de 3.000 a 6.000 dólares, pero para la aplicación de ese sistema de cobros se actuaba con la participación de Adolfo Garnica, el brazo derecho del exfiscal Martínez.
Supuestamente, el exfiscal general del Estado, Mario Uribe, nunca efectuaba las investigaciones de las denuncias, porque una sobrina de esa autoridad, trabajaba como jefa administrativa de la Fiscalía de Oruro.
De la misma forma, se denunció el caso de Rubén Mamani Ramírez, asignado a la división de Tránsito y Diprove, pero para la devolución de un vehículo cobraba de 500 dólares para arriba.
Ante la gravedad de las denuncias, el fiscal de distrito de Oruro, Francisco Terán Pérez, dispuso el legajo de documentos, “para fines de investigación” y remitió el caso a la fiscal analista, Abigail Saba Salas, para que “proceda al análisis y demás acciones que corresponda, conforme al manual de funcionamiento de la UST y demás normas que rigen a los de la materia, sea bajo su absoluta y entera responsabilidad”.
Gonzalo Martínez, al ser consultado sobre las denuncias, dijo que Rosendo Canchari Ledezma, “no existe como persona, ya que se ha pedido certificación de parte del Registro Civil ese nombre y su cédula de identidad 2756983 de Oruro y tampoco existe”.
Dijo que, sin embargo, “ya tiene conocimiento de la denuncia, a través de la fiscal Saba, para asumir nuestra defensa, donde no sólo está mi persona, sino también otros fiscales y otros funcionarios”.
La denuncia –agregó-, se ha hecho el 25 de octubre de 2012, seguramente para que no seamos designados o ratificados en el cargo de Fiscal de Distrito, pero esa persona que denuncia los hechos, “no existe”.
El mismo denunciante, Rosendo Canchari Ledezma, en la última parte de su denuncia de cuatro carillas, dice: “Me atrevo a solicitarle que mantenga en reserva mi nombre, porque el Fiscal de Distrito está agarrando mi proceso, para chantajearme una vez más”.