“Deberían extinguirse los casos que superaron los plazos procesales”

http://www.paginasiete.bo/2012-12-09/Nacional/Destacados/04-05entrevista-001-1209.aspx

 “No por desmantelar una red de extorsión se tiene que atropellar el procedimiento”, según Prado.

Página Siete / La Paz - 08/12/2012

Gary Prado Arauz, abogado defensor en el caso Terrorismo I.

El abogado Gary Prado es hijo del general del mismo nombre, responsable de la captura del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara. Ambos fueron acusados en el marco del proceso contra los miembros del grupo de Eduardo Rózsa, pero el abogado fue sobreseído después. Su padre sigue bajo acusación y él se desempeña como su abogado defensor, en co-patrocinio con el abogado Otto Ritter Méndez. También apoya la defensa de Mario Tadic, otro de los acusados del caso Terrorismo I y coopera en la defensa de otros denunciados. Su trabajo tiene relación también con la labor que realiza Alberto Morales, abogado defensor del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández.

Prado accedió a conversar con Página Siete.

-Página Siete.- ¿Cuáles son las implicaciones de la red de extorsión que está siendo investigada por el Gobierno?

-La investigación de este esquema, esta red de extorsión, vinculada a procesos judiciales impulsados por abogados del Ministerio de Gobierno, es un aliciente de que se tendrá en el horizonte algo de justicia de este tipo de juegos y manipulaciones. Pero yo considero esto como la punta del iceberg, las ramificaciones de esta red son mucho más grandes; el ministro Carlos Romero ha dado un gran paso, pero todavía falta mucho por indagar y resolver.

Todavía está en duda cómo se hará justicia con las víctimas de la manipulación de la justicia y la extorsión, y ojalá que no sean víctimas, nuevamente, de la ministra Suxo, que ha confundido la figura de cohecho con la de ser víctima de una presión.

Yo he sido víctima de detención domiciliaria durante nueve meses solamente tomando como prueba la llamada que le hizo Eduardo Rózsa al celular de mi padre, al que le pidió una entrevista periodística, que después fue efectivamente publicada. Yo estuve detenido, lo mismo que mi padre, que fue procesado. Sólo por una llamada de teléfono, como si eso fuera un delito. Lo que sucede es que la presión política estaba por encima; se actuó sobre un indicio, la llamada, para determinar nuestra culpabilidad.

En el caso de mi padre, por haber sido crítico al régimen, por su participación en la captura del Che Guevara, ello provocó que se lo acusara por nada, simplemente por haberle dado la entrevista a Rózsa.

-Página Siete.- En el marco de su juicio, ¿fue usted extorsionado?

-La verdad es que sobre el proceso en mi contra y el de mi padre hubo presiones políticas, pero extorsiones no. Recibí una sola llamada, un día antes del fallo que me sobreseyó, en la que una persona me dijo que Denis Rodas (abogado implicado en la red, NdE) quería un pago de 5.000 dólares para declararme inocente. Pero no puedo probarlo y yo me negué, obviamente, a pagar, porque además yo estaba seguro de que no podían sino sobreseerme, porque no había ninguna prueba contra mí. En nuestro caso, la presión política fue la que hizo que se torciera la justicia.


-Página Siete.- ¿Cuál puede ser el futuro de esos procesos judiciales?

-Bueno, los indicios sobre las extorsiones y vicios de los procesos, por ejemplo los denominados Terrorismo I y Terrorismo II, son muy evidentes. El propio Ignacio Villa Vargas (apodado El Viejo, que fue en su momento el “testigo clave” del caso), dijo que fueron policías quienes pusieron explosivos en las casas del concejal del MAS Saúl Ávalos y del cardenal Julio Terrazas, no supuestos miembros del grupo Rózsa.

Éste fue un montaje para desacreditar y debilitar a la dirigencia cruceña, y fue un montaje muy eficiente desde ese punto de vista. Ahora hay pruebas para poder asegurar aquello.

-Página Siete.- Viendo todas estas situaciones, ¿se podría pedir la libertad de los acusados que actualmente están presos?

-La presunción de inocencia es un derecho constitucional. La persona acusada es inocente hasta que un juez diga lo contrario. La presión política ejercida contra la justicia ha hecho que todo ello sea cambiado. En casi todos los casos se ordena la detención preventiva del acusado cuando perfectamente podría defenderse en libertad.

Al respecto, los plazos máximos para las detenciones preventivas han sido cambiados de manera arbitraria. Debería ser de 18 meses para la investigación, según el código penal. Cuando el ex prefecto Leopoldo Fernández se acercaba a ese plazo, la ley Marcelo Quiroga lo amplió a 36 meses. Pero Fernández ya ha cumplido más de 36 meses detenido y deberían extinguirse las causas y archivarse para que la persona quede en libertad.

En el caso de terrorismo, varios de ellos llevan 42 meses detenidos, algo totalmente irregular, deberían ser liberados. Incluso las NNUU han pedido que los acusados sean liberados por estos problemas e irregularidades, pero la justicia se niega a hacerlo.

-Página Siete.- ¿Qué se puede esperar de estos procesos cuando hay señales de tantas irregularidades? Con todos estos indicios de extorsión, ¿cómo debe procederse de aquí en adelante?

-Con relación al terrorismo, nosotros queremos retrotraernos al vicio más antiguo para que el juicio se extinga. Elod Toaso, por ejemplo, detenido cuando estaba en el hotel Las Américas, habla húngaro, no inglés. Y cuando hizo su primera declaración le pusieron un traductor de inglés, en una contravención a lo que establece la propia Constitución. En ese caso, su declaración no es válida, él no se pudo defender adecuadamente porque no podía hablar en su lengua. Ahí ya se vició el procedimiento, ante la ley todos deberíamos tener nuestros derechos respetados.

La acción policial en el hotel, además, se realizó sin una orden judicial y sin presencia del fiscal, también tiene un vicio de origen. La CPE prohíbe el uso de pruebas obtenidas de manera ilícita y por lo tanto esos juicios no tienen validez.

Los abogados del Gobierno, varios de ellos comprometidos con esta red, han recusado a 20 jueces en el caso terrorismo. Esa forma de recusar jueces es totalmente arbitraria e ilegal. ¿Se imagina cómo han viciado de ilegalidades a los procesos, cuando los jueces son usados como un apéndice del Gobierno?

El daño que se le ha hecho al aparato judicial es tremendo y lo que hasta hoy se ha descubierto es terrible.

-Página Siete.- ¿Y qué opina de la auditoría jurídica que ha anunciado el ministro Romero sobre esos procesos?

-Bueno, la figura de auditoría jurídica no existe, no hay eso, esa figura no está presente en nuestra economía jurídica. El Ejecutivo no puede realizar una auditoría sobre el trabajo de miembros de otro poder, en este caso el Judicial. Sí podría realizar una auditoría del trabajo de sus propios funcionarios, internamente, porque siendo servidores públicos, según la ley SAFCO, son pasibles a una fiscalización de ese tipo. Pero hacer auditorías al trabajo de gente de otro poder, como el Judicial, no está previsto, no existe.

Los procesos judiciales tienen plazos, instancias y procedimientos. Sobre ellos no puede hacer auditorías el Ministerio de Gobierno.

-Página Siete.- ¿Qué ha cambiado desde las denuncias contra esta red?


-No ha cambiado mucho, lamentablemente; en el proceso contra mi padre, por ejemplo, las presiones sobre la justicia siguen, ello no ha cambiado.


NdD.- Esta entrevista fue realizada vía teléfono.