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Los extranjeros afirman que un socio que tenían hizo desaparecer madera en complicidad con gente del Gobierno, fiscales y jueces. El exfiscal de Distrito cruceño fue enviado ayer a Palmasola
06 de Diciembre de 2012
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La exautoridad lució tranquilo luego de escuchar el fallo de la jueza Valeria Salas. Salió esposado
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Christian Peña y Lillo | cpena@eldeber.com.bo
Marcelo Tedesqui | marcelo.tedesqui@eldeber.com.bo
El Ministerio de Gobierno investiga una denuncia de dos empresarios
brasileños, que dicen haber sido víctimas del robo de madera valuada en
más de $us 3 millones. Los extranjeros acusan del hecho a un socio que
tenían y señalan que este sujeto actuó supuestamente en complicidad con
el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, el exdirector de
esa unidad Boris Villegas y el abogado del Ministerio de Gobierno Dennis
Roda, este último preso en el penal de Palmasola sindicado de ser parte
de una supuesta red de extorsionadores que tiene vínculos con el
Gobierno, el Poder Judicial y la Policía.
La semana pasada, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó de que la supuesta red de extorsión también se involucró en el robo de madera de exportación, valuada en más de $us 3 millones.
Farfán, en contacto telefónico con EL DEBER, aseguró que nunca conoció
el caso. “No ensuciaría mi carrera ni por tres pesos ni por mil
millones de dólares. Esta denuncia tiene un fin político. Quiero decirle
al viceministro Pérez que esté tranquilo, no me interesa volver al
ministerio, aunque me lo pidan. No estoy buscando su cargo”, expresó la
exautoridad y agregó que cuando se enteró del tema se presentó ante el
fiscal Aldo Ortiz para ponerse a su disposición.
La exautoridad negó cualquier vínculo en este tema y dijo tener información de que la madera que supuestamente desapareció, está oculta en un galpón. “Hay mala fe en este tema”, subrayó Farfán.
El director de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, confirmó ayer que la denuncia es procesada y que tuvo reuniones con el
abogado de los afectados. “Aparentemente ellos se habrían peleado con un socio en su país. Los que estaban en Bolivia comercializaban madera, y el otro socio los acusó de varios delitos y los hizo detener”, indicó el viceministro Jorge Pérez.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que ambos ya no están en
ese centro penitenciario y que lograron obtener detención domiciliaria.
La acusación señala que, según el director de Transparencia, “el socio que vino de Brasil se apoyó en varios funcionarios y exfuncionarios de alto rango, como Farfán, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y Dennis Rodas. “No se menciona a Fernando Rivera, pero sí a un montón de jueces y fiscales”, apuntó la autoridad.
Albarracín explicó que la denuncia afirma que los funcionarios
gubernamentales ayudaron a secuestrar madera y equipos, a desmontar las
oficinas y a meter preso al empresario brasileño. “El viceministro
habría participado en un operativo. Este es un tema privado en el que
las autoridades habrían intervenido”, agregó.
Sobre el exdirector Boris Villegas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que varias personas lo han implicado en las denuncias, pero estableció que su citación y eventual imputación depende de las autoridades judiciales. Además, manifestó que él lo echó del ministerio porque supuestamente estaba “investigando entre comillas” un caso en contra del viceministro Pérez.
Gómez, a Palmasola
Luego de más de tres horas de audiencia, la jueza Valeria Salas ordenó
la detención preventiva en Palmasola del exfiscal de Distrito cruceño
Isabelino Gómez, al considerar que hay indicios para presumir que es
culpable de los delitos que le sindican y porque en libertad puede
influir a su favor en los fiscales del proceso, pues fue su jefe
regional hasta noviembre.
Los fiscales Anuncio Piérola y Ángel Álvarez, que imputaron a Gómez, indicaron que el ex- postulante a la Fiscalía General del Estado recibió $us 80.000 de Pedro Crescencio Pinto Coca, que está preso en Palmasola y es investigado por los delitos de violación, trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y legitimación de ganancias ilícitas.
Según el abogado defensor de Pinto, Roberto Parada, Isabelino Gómez pidió a su cliente $us 500.000 y un vehículo para dilatar las investigaciones y así conseguir que el acusado pueda dejar el reclusorio; sin embargo, Pinto dice no haber entregado la cantidad de dinero solicitada, tampoco un vehículo, pero admite haber hecho llegar a Gómez $us 80.000.
El exfiscal, poco antes de conocer la decisión de la jueza, negó haber recibido dinero y aseveró que él ordenó investigar a los integrantes de la presunta red de extorsionadores en la que ahora se lo involucra.
Por otro lado, los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, que eran parte del equipo jurídico del Ministerio de Gobierno y que ahora son acusados de formar parte de una red de extorsionadores, dejaron ayer las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y fueron llevados a Palmasola. La decisión de su traslado al reclusorio fue tomada ayer en la mañana por el juez Juan José Zubieta
MÁS DETALLES DEL PROCESO
DENUNCIAN OBSTACULIZACIÓN
Janneth Coffiel, presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña
Industria y Artesanía, denunció que la Fiscalía y el Poder Judicial
obstaculizaron el proceso que iniciaron en contra de los avasalladores
de sus terrenos en el Parque Industrial.
NUEVA IMPUTACIÓN CONTRA GóMEZ
Isabelino Gómez puede ser presentado hoy ante un juez, en el caso
donde el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher lo acusa de
extorsionarlo.
Suman fiscales a comisión
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, hizo conocer que se
reforzará con dos fiscales más la comisión que investiga la presunta red
de corrupción y extorsión que supuestamente operaba desde los
ministerios de Gobierno y de la Presidencia.
Edil warneño suma denuncia
El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, formalizó ayer una denuncia
contra los que están involucrados en la presunta red de extorsionadores.
ACUSAN A EXFISCAL POR UNA EXTORSIÓN
El exfiscal Jorge Tamayo fue denunciado por familias de
nacionalidad rusa, que dicen ser víctimas de extorsión, de amenazas, de
discriminación y de atentado al derecho al trabajo. Los rusos Oleg
Shmaikel y Denis Kalinin y sus esposas, responsables del bingo El
Dorado, recobraron su libertad en agosto pasado luego de que la Fiscalía
decidiera sobreseerlos por falta de pruebas en la investigación por la
muerte de Igor Gorelkin Pérez, ocurrida en noviembre del año pasado.
“Nos acusaron de la muerte de una persona, nos metieron presos, nos
mostraron a la opinión pública como mafiosos. Quedamos estigmatizados
por la sociedad, nuestros hijos son discriminados en sus estudios, nos
quedamos sin trabajo. Lo peor es que desde el inicio fuimos
extorsionados por el fiscal Jorge Tamayo, siempre nos pidió $us 150.000
por nuestra libertad. Como jamás le dimos, pagamos un monto, nos
encarcelaron y dañaron a nuestras familias ”, dijo Shmaikel.
Jorge Tamayo negó la extorsión. Reveló que fue víctima de una
permanente presión del exfiscal Isabelino Gómez. Aseguró que la
exautoridad lo presionó para incautar los bienes de los rusos, acción a
la que él se negó. “Me dijo o se van los rusos presos o vos. Por eso me
retiré de la Fiscalíaen enero de este año. No cometí ningún delito”,
afirmó./GA
Es el corolario del deterioro del sistema
Luis Jaime Cruz / EXJUEZ
Considero que lo que está sucediendo es el corolario de un
proceso del deterioro apresurado del sistema judicial en Bolivia, que
fue identificado no solo por la sociedad boliviana, sino también por
algunos organismos internacionales, que vieron falencias tremendas,
afectadas por los altos índices de inseguridad jurídica y corrupción.
El sistema judicial está afectado. Los abogados estamos tratando
de entender dónde terminará todo esto, pero también puede ser el inicio
de un proceso de reconstrucción del sistema judicial boliviano.
El sistema actual está acabado, agotado. Es doloroso admitir lo que está ocurriendo, pero ojalá se mejore.
Las investigaciones ya no deben enfocarse en personas, sino en
las debilidades que tiene el sistema y buscar la mejora institucional
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