jueves, 6 de diciembre de 2012

Investigan a exviceministro por extorsión a brasileños

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Los extranjeros afirman que un socio que tenían hizo desaparecer madera en complicidad con gente del Gobierno, fiscales y jueces. El exfiscal de Distrito cruceño fue enviado ayer a Palmasola

06 de Diciembre de 2012
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La exautoridad lució tranquilo luego de escuchar el fallo de la jueza Valeria Salas. Salió esposado


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Christian Peña y Lillo | cpena@eldeber.com.bo

Marcelo Tedesqui | marcelo.tedesqui@eldeber.com.bo
 
El Ministerio de Gobierno investiga una denuncia de dos empresarios brasileños, que dicen haber sido víctimas del robo de madera valuada en más de $us 3 millones. Los extranjeros acusan del hecho a un socio que tenían y señalan que este sujeto actuó supuestamente en complicidad con el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, el exdirector de esa unidad Boris Villegas y el abogado del Ministerio de Gobierno Dennis Roda, este último preso en el penal de Palmasola sindicado de ser parte de una supuesta red de extorsionadores que tiene vínculos con el Gobierno, el Poder Judicial y la Policía. 

La semana pasada, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, informó de que la supuesta red de extorsión también se involucró en el robo de madera de exportación, valuada en más de $us 3 millones.
Farfán, en contacto telefónico con EL DEBER, aseguró que nunca conoció el caso. “No ensuciaría mi carrera ni por tres pesos ni por mil millones de dólares. Esta denuncia tiene un fin político. Quiero decirle al viceministro Pérez que esté tranquilo, no me interesa volver al ministerio, aunque me lo pidan. No estoy buscando su cargo”, expresó la exautoridad y agregó que cuando se enteró del tema se presentó ante el fiscal Aldo Ortiz para ponerse a su disposición.

La exautoridad negó cualquier vínculo en este tema y dijo tener información de que la madera que supuestamente desapareció, está oculta en un galpón. “Hay mala fe en este tema”, subrayó Farfán.  

El director de Transparencia del Ministerio de Gobierno, Miguel Albarracín, confirmó ayer que la denuncia es procesada y que tuvo reuniones con el
abogado de los afectados. “Aparentemente ellos se habrían peleado con un socio en su país. Los que estaban en Bolivia comercializaban madera, y el otro socio los acusó de varios delitos y los hizo detener”, indicó el viceministro Jorge Pérez.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que ambos ya no están en ese centro penitenciario y que lograron obtener detención domiciliaria.

La acusación señala que, según el director de Transparencia, “el socio que vino de Brasil se apoyó en varios funcionarios y exfuncionarios de alto rango, como Farfán, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y Dennis Rodas. “No se menciona a Fernando Rivera, pero sí a un montón de jueces y fiscales”, apuntó la autoridad.
Albarracín explicó que la denuncia afirma que los funcionarios gubernamentales ayudaron a secuestrar madera y equipos, a desmontar las oficinas y a meter preso al empresario brasileño. “El viceministro habría participado en un operativo. Este es un tema privado en el que las autoridades habrían intervenido”, agregó.

Sobre el exdirector Boris Villegas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que varias personas lo han implicado en las denuncias, pero estableció que su citación y eventual imputación depende de las autoridades judiciales. Además, manifestó que él lo echó del ministerio porque supuestamente estaba “investigando entre comillas” un caso  en contra del viceministro Pérez.
 
Gómez, a Palmasola
Luego de más de tres horas de audiencia, la jueza Valeria Salas ordenó la detención preventiva en Palmasola del exfiscal de Distrito cruceño Isabelino Gómez, al considerar que hay indicios para presumir que es culpable de los delitos que le sindican y porque en libertad puede influir a su favor en los fiscales del proceso, pues fue su jefe regional hasta noviembre.

Los fiscales Anuncio Piérola y Ángel Álvarez, que imputaron a Gómez, indicaron que el ex- postulante a la Fiscalía General del Estado recibió $us 80.000 de Pedro Crescencio Pinto Coca, que está preso en Palmasola y es investigado por los delitos de violación, trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y legitimación de ganancias ilícitas.

Según el abogado defensor de Pinto, Roberto Parada, Isabelino Gómez pidió a su cliente $us 500.000 y un vehículo para dilatar las investigaciones y así conseguir que el acusado pueda dejar el reclusorio; sin embargo, Pinto dice no haber entregado la cantidad de dinero solicitada, tampoco un vehículo, pero admite haber hecho llegar a Gómez $us 80.000. 

El exfiscal, poco antes de conocer la decisión de la jueza, negó haber recibido dinero y aseveró que él ordenó investigar a los integrantes de la presunta red de extorsionadores en la que ahora se lo involucra.

Por otro lado, los abogados Fernando Rivera Tardío y Dennis Rodas Limachi, que eran parte del equipo jurídico del Ministerio de Gobierno y que ahora son acusados de formar parte de una red de extorsionadores, dejaron ayer las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y fueron llevados a Palmasola. La decisión de su traslado al reclusorio fue tomada ayer en la mañana por el juez Juan José Zubieta 
 
   MÁS DETALLES DEL PROCESO    

DENUNCIAN OBSTACULIZACIÓN
Janneth Coffiel, presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía, denunció que la Fiscalía y el Poder Judicial obstaculizaron el proceso que iniciaron en contra de los avasalladores de sus terrenos en el Parque Industrial.

NUEVA IMPUTACIÓN CONTRA GóMEZ
Isabelino Gómez puede ser presentado hoy ante un juez, en el caso donde el ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher lo acusa de extorsionarlo.
 
Suman fiscales a comisión
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, hizo conocer que se reforzará con dos fiscales más la comisión que investiga la presunta red de corrupción y extorsión que supuestamente operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.

Edil warneño suma denuncia
El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, formalizó ayer una denuncia contra los que están involucrados en la presunta red de extorsionadores.

ACUSAN A EXFISCAL POR UNA EXTORSIÓN
 El exfiscal Jorge Tamayo fue denunciado por familias de nacionalidad rusa, que dicen ser víctimas de extorsión, de amenazas, de discriminación y de atentado al derecho al trabajo. Los rusos Oleg Shmaikel y Denis Kalinin y sus esposas, responsables del bingo El Dorado, recobraron su libertad en agosto pasado luego de que la Fiscalía decidiera sobreseerlos por falta de pruebas en la investigación por la muerte de Igor Gorelkin Pérez, ocurrida en noviembre del año pasado.
“Nos acusaron de la muerte de una persona, nos metieron presos, nos mostraron a la opinión pública como mafiosos. Quedamos estigmatizados por la sociedad, nuestros hijos son discriminados en sus estudios, nos quedamos sin trabajo. Lo peor es que desde el inicio fuimos extorsionados por el fiscal Jorge Tamayo, siempre nos pidió $us 150.000 por nuestra libertad. Como jamás le dimos, pagamos un monto, nos encarcelaron y dañaron a nuestras familias ”, dijo Shmaikel.
Jorge Tamayo negó la extorsión. Reveló que fue víctima de una permanente presión del exfiscal Isabelino Gómez. Aseguró que la exautoridad lo presionó para incautar los bienes de los rusos, acción a la que él se negó. “Me dijo o se van los rusos presos o vos. Por eso me retiré de la Fiscalíaen enero de este año. No cometí ningún delito”, afirmó./GA
 
 
Es el corolario del deterioro del sistema
Luis Jaime Cruz / EXJUEZ
Considero que lo que está sucediendo es el corolario de un proceso del deterioro apresurado del sistema judicial en Bolivia, que fue identificado no solo por la sociedad boliviana, sino también por algunos organismos internacionales, que vieron falencias tremendas, afectadas por los altos índices de inseguridad jurídica y corrupción.
El sistema judicial está afectado. Los abogados estamos tratando de entender dónde terminará todo esto, pero también puede ser el inicio de un proceso de reconstrucción del sistema judicial boliviano. 
El sistema actual está acabado, agotado. Es doloroso admitir lo que está ocurriendo, pero ojalá se mejore. 
Las investigaciones ya no deben enfocarse en personas, sino en las debilidades que tiene el sistema y buscar la mejora institucional

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