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autoridades de Gobierno entran en contradicciones, algunos disidentes aprovechan para acusar a sus ex aliados.
- 12/12/2012
APG
El viceministro Jorge Pérez y el ministro Carlos Romero.
La detención de dos funcionarios “históricos” del Ministerio de Gobierno como Fernando Rivera y Denis Rodas, que trabajaron junto a cuatro ministros de ese despacho, tomó por sorpresa a muchos en el Ejecutivo.
El ministro de Gobierno Carlos Romero reconoció que el caso tuvo su origen hace siete meses, en medio de un intento por involucrar a su hombre de confianza, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en un ilícito.
“Él estaba en la mira. Sobre el viceministro empezaron a circular rumores, calumnias e intrigas. ‘A Pérez habría que sacarlo del camino’, decían. ‘Si Pérez está tan interesado en investigar este caso es que busca proteger narcotraficantes’, dijeron. Esa gente, que ahora está detenida, en su momento trató de alejar de la investigación a toda costa al viceministro”, relató Romero.
El fin de semana, el suplemento Ideas reveló que conoció hace meses que una facción del Ejecutivo pretendía asociar a Pérez con una banda de narcos que opera en Santa Cruz.
De acuerdo con el ministro de Gobierno, el responsable de este “seguimiento” es Boris Villegas. Ex director jurídico de su despacho y que trabajó en el Ministerio de Transparencia después de que fue retirado.
Ayer, la titular de esta instancia, Nardy Suxo, afirmó que Villegas apenas trabajó un par de semanas y que fue contratado por convocatoria.
Suxo rechazó ayer que quiso ir en contra de la línea de Carlos Romero al amenazar con juicios por cohecho a aquellos que denuncien haber sido víctimas de la red de extorsión.
La autoridad gubernamental, que fue cuestionada por oficialistas y opositores después de que un nuevo caso de corrupción se destapó sin la intervención de su despacho, afirmó que es víctima de una campaña en su contra. “Cualquier cambio es bueno, sobre todo para la persona”, contestó cuando se le consultó sobre su eventual retiro del gabinete el 23 de enero del año próximo, cuando Evo Morales anuncie a su nuevo equipo de ministros.
Ayer, Suxo presentó un proyecto de ley para que agentes encubiertos controlen todos los despachos de Estado y denuncien a corruptos. La misma idea fue planteada por el vicepresidente Álvaro García Linera la anterior semana.
Este medio conoció que una parte del gabinete quiere que el Ministerio de Transparencia continúe con la investigación de la red de extorsionadores en lugar del Ministerio de Gobierno. La propuesta desató la molestia de otras autoridades del Ejecutivo y la discusión en el gabinete de la anterior semana fue áspera. De hecho, algunos cuestionaron que la imagen del Ejecutivo quedó en entredicho por el destape.
A partir de que se conoció de la red de extorsionadores, también saltaron ex figuras del oficialismo que ahora están en la disidencia o incluso la cárcel.
Santos Ramírez, condenado a 12 años de cárcel, por ejemplo, pidió 45 minutos para “desenmascarar” a Nardy Suxo.
Otro fue Gustavo Torrico. El ex viceministro relató que los implicados en la estructura de corrupción como Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas eran amigos del embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti.
Los desmentidos entre el diputado Héctor Arce y el ex ministro Wilfredo Chávez sobre la contratación de un funcionario también fueron visibles.
Boris Miranda Espinoza
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