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Postura. Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara Baja, pidió resultados hasta fin de mes.
Foto: Angel Illanes.
La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) no
respalda la advertencia hecha por la presidenta de Diputados, Rebeca
Delgado, de investigar el caso extorsión en el Legislativo si es que la
Fiscalía no arroja resultados hasta fin de mes. Dice que fue a título
personal.
“Es la posición de la bancada (del MAS),
si la diputada (Delgado) ha tenido un criterio diferente, (lo)
respetamos porque en la bancada se practica la democracia interna, pero
es un criterio a título personal. La decisión fue emitir una minuta de
comunicación al Fiscal General (Ramiro Guerrero) para que continúe
investigando el equipo especial de fiscales y no hay más que hablar
sobre este tema”, afirmó el diputado Galo Bonifaz (MAS).
En tanto, la oposición manifestó que es preciso conformar una instancia
legislativa desde la Asamblea porque “ya no existe confianza” en los
fiscales que indagan el hecho, ya que varios —según dice— están
involucrados en la red de extorsión, por lo que serían “juez y parte en
este proceso”.
A fines de noviembre, el Gobierno dijo
que desarticuló una red de extorsión que operaba desde los ministerios
de Gobierno y la Presidencia, hecho que hasta el momento involucró a
nueve personas, entre exfuncionarios públicos y miembros de la Fiscalía.
La denuncia fue hecha por el norteamericano Jacob
Ostreicher, a quien exigieron 50 mil dólares para su liberación; está
acusado del delito de legitimación de ganancias ilícitas. El Ejecutivo
apuntó a Fernando Rivera Tardío, Denis Rodas Limachi, Boris Villegas y
José Antezana Pinaya como los cabecillas de la red de extorsión, ya que
ellos trabajaron en los ministerios de la Presidencia y Gobierno.
“Vamos a hacer un compás de espera hasta fin de mes y si no tenemos
resultados, vamos a tomar acciones desde la Asamblea Legislativa, para
dar con las verdaderas responsabilidades”, afirmó Delgado al referirse a
la investigación que realiza la Fiscalía. Asimismo, Delgado aseguró que
hasta la fecha, las instituciones competentes sólo dieron con los
autores en “mandos medios”, quienes —a su juicio— no actuaron solos.
Sobre la postura de Delgado, el diputado Juan Carlos Cejas (MAS)
explicó que se debe respetar la opinión de los legisladores, pero
también las atribuciones del Ministerio Público. “Todos tienen derecho
de hacer apreciaciones, pero hay que dejar que el Ministerio Público
haga su trabajo. Lo otro son opiniones, seguro cada uno tendrá su punto
de vista”, afirmó el asambleísta Cejas.
El senador
Isaac Ávalos (MAS), también del partido de Gobierno, sostuvo que los
legisladores no pueden actuar como cabeza de Ministerio Público. “Es un
trabajo de la Fiscalía, nosotros no somos cabeza de Ministerio Público,
entonces no podemos investigar, estaríamos infringiendo las normas; lo
que vamos a hacer es fiscalizar el proceso porque ir más allá no
podemos”, sostuvo el legislador.
No obstante, la
senadora opositora Centa Rek (CN) indicó que ya no hay confianza en los
operadores de justicia. “Dicen que ya existe una comisión de fiscales y
que habrá un paralelismo si se confirma una comisión parlamentaria, por
favor, sabemos que gran parte de los fiscales han sido y son parte de la
red de extorsionadores y de tráfico de influencias”, declaró. Entonces,
que sean los propios operadores de justicia vinculados a la red los que
investiguen, acotó.
ONU dice que se afectó al país
Dato
El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) en Bolivia, César Guedes, pidió investigaciones
exhaustivas contra la red de extorsión y corrupción, para que los
responsables sean sancionados de manera ejemplar porque el caso “daña al
país y a sus ciudadanos”. La comunidad internacional está atenta al
desenlace, añadió.
Suxo está dispuesta a declarar ante la Fiscalía
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, manifestó su predisposición a
declarar ante el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones
sobre el caso extorsión, y luego aseguró que está a la espera de la
respectiva citación.
“Se tiene que llegar hasta el
fondo de la verdad, es un tema que tiene que ver el Ministerio Público,
si tienen que citar ministros o viceministros, (que lo hagan); han
manifestado que me van a citar, estoy presta, estoy a la espera de la
citación y cuando lo hagan por supuesto que estaré ahí”, afirmó.
Asimismo, admitió que el 23 octubre conoció el caso tras la querella
presentada por el viceministro Jorge Pérez; además dijo que por día
reciben unas cinco denuncias sobre la red de extorsión, que están siendo
procesadas.
El MSM inicia investigación paralela del caso
El Movimiento Sin Miedo (MSM) anunció una investigación paralela a la
que hace el Ministerio Público sobre la red de extorsión que estaba
incrustada en el Ejecutivo. Adelantó que el 22 de diciembre, fecha en
que se interpelará a tres ministros, será el inicio del proceso para
determinar los grados de responsabilidad en las autoridades.
“Como sistemáticamente se han opuesto a la creación de una comisión
especial que haga seguimiento, que acompañe la investigación (de la
Fiscalía), el Movimiento Sin Miedo ha tomado la decisión de llevar
adelante una investigación para esclarecer y demostrar al país a los
responsables intelectuales, a quiénes operaron y llevaron adelante las
acciones de extorsión y persecución”, dijo la diputada Marcela Revollo,
asambleísta de ese partido.
La legisladora puntualizó
que este proceso se iniciará el sábado 22 cuando de interpele a los
ministros de Gobierno, Carlos Romero; de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana; y de Transparencia, Nardi Suxo.
“La
respuesta al pueblo boliviano debe ser sobre la responsabilidad que
estos tres ministros han tenido en esta red de extorsión”, indicó la
diputada, quien añadió que el acto de fiscalización debe determinar si
hubo negligencia o incumplimiento de deberes, complicidad, encubrimiento
o autoría directa por parte de algunos de los ministros de Estado
convocados.
“El Presidente (Evo Morales) ya conocía
sobre esta red de extorsionadores con la denuncia del alcalde Mario
Cronembold (de Warnes), cuando le dijo que le estaban extorsionando”,
explicó Revollo. La autoridad edil fue detenida por unos meses en el
penal de Palmasola y, según denunció, fue víctima de extorsión para
salir en libertad y que su caso sea cerrado en la Justicia.
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