http://www.paginasiete.bo/2012-12-05/Nacional/Destacados/5Nac00405-04.aspx
- 05/12/2012
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Las investigaciones del caso de presunto terrorismo en el país también
serán objeto de una auditoría, informó ayer el fiscal general del
Estado, Ramiro Guerrero, después de que se conoció la articulación de
una red de extorsionadores que operaban desde dos ministerios.
En 2009, el Gobierno desmontó lo que calificó como un grupo terrorista y separatista que pretendía dividir el Estado boliviano. Denunciaron que el cabecilla de ese grupo era Eduardo Rózsa Flores, muerto durante un operativo policial que intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz.
Desde entonces el Ministerio Público lleva adelante el caso a cargo del fiscal Marcelo Sosa. Pese a que el Gobierno dijo que tenía todas las pruebas, hasta la fecha el caso continúa abierto.
El ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico denunció que no todos los presuntos integrantes de la banda terrorista fueron imputados, es el caso de Juan Carlos Guillén, quien admitió haber pagado los hoteles de los supuestos terroristas y prestó su vehículo para que se ejecute el atentado en la residencia del cardenal Julio Terrazas.
Para evitar ser procesado, Guillén habría pagado 80.000 dólares a la red de extorsión.
“Vamos a implementar un sistema de seguimiento a la gestión fiscal, porque algunos casos tardan tanto y otros terminan de forma pronta, ¿cuál es el privilegio?”, cuestionó el fiscal.
Al inicio de las investigaciones por el caso Rózsa, varios aparecieron como sospechosos de participar en las acciones del supuesto grupo separatista.
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