Estado y acusados por terrorismo gastan miles de dólares por mes

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Familiares de los detenidos se quejan por gastos en viajes 18 de Noviembre de 2012

CUSTODIA. Este fue el movimiento que hubo durante la instalación del juicio en Tarija, donde llegan con sus abogados

Marcelo Tedesqui. La Paz
El proceso por el caso de presunto terrorismo vacía los bolsillos de los diez acusados que están detenidos en cárceles de La Paz, Cochabamba y Trinidad, y demanda al Gobierno un gasto de, al menos, $us 9.500 por cada viaje a Tarija, donde se lleva adelante el proceso. Hasta la fecha se han hecho tres viajes a Cochabamba y tres a Tarija, con gastos similares.
“Este juicio ya no se denomina caso ‘Terrorismo I’. Ahora es el caso ‘Turismo I’, porque nos la pasamos viajando”, dice con sarcasmo Mario Tadic, uno de los ocho procesados recluidos en la sección La Posta del penal de San Pedro, en La Paz.
El proceso, como explica Álvaro Luis Melgarejo, abogado del también procesado Zvonko Matkovic, es oral, público y continuo. “No se puede suspender por un lapso mayor a 10 días. Eso implica que se requieren al menos dos viajes por mes”.
El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, informó de que esa dependencia estatal asume los gastos de traslado de los diez detenidos preventivos (ocho de La Paz, uno de Cochabamba y otro de Trinidad).
“Las personas que tienen detención domiciliaria como medida preventiva, que son otras seis, asumen los gastos de traslado y es su obligación comparecer en el lugar de las audiencias”, sentencia el abogado.
El funcionario admite que “el manejo de la cosa pública es de acceso de todos los ciudadanos y que es obligación del funcionario público hacerla conocer”. Sin embargo, cuando se le consulta cuánto dinero demanda el traslado de los detenidos a Tarija, su respuesta es su cinta: “No quiero hablar de cifras, una vez que termine el año, haremos conocer el monto”.
Ofrece el dato, sin embargo, de que los viajes se realizan a través de Transporte Aéreo Militar (TAM), empresa que, según su versión, “cobra el precio normal”. Es decir, no hace descuento alguno.
Otras fuentes judiciales y del Gobierno señalaron que el Ejecutivo contrata vuelos chárter del TAM, que tienen un costo aproximado de $us 9.500 por el traslado de los diez detenidos y el mismo número de escoltas policiales. Ese monto cubre el viaje de 20 personas. El avión hace las escalas necesarias para recoger a todos los procesados y llevarlos a Tarija.
Rivera advierte que el traslado se hace en avión, “por motivos de seguridad”. Si es que lo hicieran en vuelo común, el costo sería menor. El tramo La Paz-Tarija-La Paz, en TAM, tiene un costo de Bs 1.620 por persona. Por las 16 personas, ocho procesados y ocho escoltas, eso demandaría un costo de Bs 25.920 ($us 3.724).
El traslado del detenido en Cochabamba requeriría una inversión de Bs 2.000 ($us 287) por él y su escolta (el costo unitario de ida y vuelta es de Bs 1.000). Mientras que el de Trinidad, que debe realizar el viaje vía Cochabamba a un costo unitario de Bs 1.860, demandaría al Estado un gasto total de Bs 3.720 ($us 534) por las dos personas. Por viaje, solo en traslado de detenidos, se puede gastar un monto de Bs 31.633 ($us 4.545).
El Ministerio de Gobierno sostiene que la Dirección de Régimen Penitenciario de Tarija cubre los prediarios de Bs 8 por persona para alimentación, y llegan a dos dormitorios que fueron habilitados para ellos en el penal de Morros Blancos.
El juicio vacía el bolsillo de los acusados. A pesar de que el viaje para ellos está cubierto, cada uno debe pagar los costos de pasajes, traslado, alimentación de sus abogados.
En diálogo con EL DEBER, Juan Carlos Guedes revela: “En tres años y ocho meses que estoy en el proceso, tenía un carrito y otros bienes, ya los perdí. Tenía un dinero guardado, eran como $us 55.000 y ahora no tengo nada”.
Por su parte, Matkovic asegura: “gracias a Dios tengo la suerte de que la familia me acompaña y ayuda, hay mayor facilidad, pero no deja de ser que, al menos en mi caso, cada viaje a Tarija no me sale menos que $us 500, entre pasajes, hoteles y comida. Hay abogados que viajan con asistentes”. (ver infografía adjunta).
En tanto, Mario Tadic observa: “hay una estrategia del Gobierno y de la Fiscalía, que tiene el objetivo de agotarnos económicamente, de que quedemos en un estado de total indefensión. Los recursos prácticamente se nos han agotado a todos”.
Matkovic complementa:  “esto tiene el objetivo de dejarnos en indefensión, agotarnos económicamente, cansar a la familia y tenernos escondidos allá en Tarija, donde no haya prensa, una cobertura mínima. Es absolutamente real que si esto estuviera en la ciudad de Santa Cruz, fuera otra cosa”.

 

LAS FRASESDE LOS DETENIDOS 

 

«Es una pesadilla y no para nosotros, sino para las familias porque son ellas las que nos cubren todos nuestros gastos»

Gelafio Santisteban 

 

«Fuimos tres veces a Cochabamba y tres veces a Tarija. A los escoltas sí les dan alimentación, pero a nosotros ni eso»

Juan Carlos Guedes 

 

«Supongo que debe haber algo parecido a los gastos reservados, porque hay partidas asignadas para los traslados»

Mario Tadic 

 

«No es solo el tema del abogado. Se viene el tema de los testigos.  Es absurdo, juegan con eso y su intención es desgastarnos»

Zvonko Matkovic

 

Fiscales y jueces, otro tema

El Consejo de la Magistratura cubre los costos de pasajes, transporte, alimentación y viáticos de dos jueces ciudadanos, dos técnicos, una secretaria o secretario y dos asistentes, mientras que la Fiscalía General del Estado cubre los mismos gastos para el fiscal Marcelo Soza, para su oficial de seguridad personal, para su colega Sergio Céspedes y para un asistente.

EL DEBER envió una solicitud de información, para conocer los montos a la Fiscalía General hace dos semanas, mientras que también se realizaron gestiones en el Consejo de la Magistratura. No hubo respuesta en ninguno de los dos casos, pese a que se trata de información pública.

Mientras tanto, los implicados se quejan de los gastos que deben encarar en un proceso que consideran  político, con la intención de desgastarlos.

Aseguran que los gastos que deben realizar para defenderse sumarán mucho más, y no solo es un costo para las familias, sino también para el Estado.