[Santiago Berrios]
Lo que no debemos callar
http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_11/nt121101/opinion.php?n=35&-anecdotas-gubernamentales
Hoy nos referiremos a algunos
sucesos emergentes de la actividad política gubernamental, que vendrían a
añadirse a una serie de anécdotas. Y pretendemos de nuestra parte una
orientación lógico-jurídica para los progenitores de aquel anecdotario,
quienes -en última instancia- le hacen incurrir en serios errores al
presidente Evo Morales, que en el futuro será considerado como parte
intrascendente en la historia de Bolivia.
LEY DE LA JUVENTUD
No sabemos qué mente ha elucubrado el proyecto denominado de la juventud; pese a no conocer el mismo, tenemos la percepción de que se pretende desconocer la capacidad de las personas adultas e inclusive a las de la tercera edad. Tal desconocimiento infelizmente puede conllevar una suerte de desinstitucionalización del actual sistema, porque parece que se pretende entregar la administración del Estado Plurinacional a jóvenes que aún no son idóneos para estas tareas. Esto último extractamos de declaraciones desafortunadas de algunos asambleístas del oficialismo, a los que estamos en condiciones de demostrar que, igualmente, son “aún impreparados” para el manejo de la cosa pública, y eso emerge de las propias entrevistas a las que algunos medios los han acostumbrado, donde observamos la falta de conocimiento en muchos aspectos, tanto jurídicos, económicos como sociales, aunque la preparación debe ser la condición sine qua non para ingresar en la política, así como para ser buenos administradores de un país.
¿Acaso no será suficiente lo establecido por el Art. 59-V) de la Constitución, y las leyes secundarias que se encuentran en vigencia? Recomendamos su lectura.
LEY DE DOMINIO DE BIENES
No quisiera creer que el proyecto dedicado al dominio que puede ejercer el Estado sobre el patrimonio de las personas, emergente de alguna actividad antijurídica, hubiera sido prohijado por asesores jurídicos del presidente Morales, que no tuvieron en cuenta que el actual sistema penal es “garantista”. Quiere decir que se garantiza todos los derechos de las personas que hubieran incurrido en alguna conducta debidamente tipificada por el sistema normativo penal.
Y entre esos derechos se tiene aquel de la “propiedad privada”, que se encuentra precisamente garantizada por el Art. 56 de la Constitución Política del Estado, donde además se hace mención a la expropiación, pero no así al secuestro para inmediatamente pasar a propiedad del Estado, que significaría una suerte de “reversión”, que también se encuentra prohibida por la misma norma constitucional que dice: “La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión” (sic).
Con toda razón se han opuesto a ese proyecto muchas organizaciones sociales. Lo correcto es que el patrimonio de quienes incurran en determinados delitos que van en contra de la colectividad pueda pasar a dominio del Estado, pero con posterioridad a una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, donde por otra parte se condena al pago de las costas al Estado y el reconocimiento del daño civil ocasionado a la sociedad.
Pretender viabilizar dicha ley es remar contra la corriente, porque nos encontramos infelizmente frente a una nueva crisis del Estado, y un debilitamiento del sistema democrático, situación que se encuentra demostrada ante la visión de todo ciudadano boliviano.
500 MILLONES DE DÓLARES EN LA BOLSA DE VALORES
Aquella decisión, seguramente por recomendación del Ministro de Economía y Finanzas, no tendrá los resultados que espera el Gobierno, que cree que con dicha medida se demostrará al mundo la confiabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y consiguientemente la posibilidad de grandes inversiones que podría captar el país para el desarrollo productivo.
Seamos conscientes y realistas, porque la falta de una Ley de Inversiones así como la ausencia de la seguridad jurídica, que son los mecanismos más seguros para que Bolivia pueda atraer inversionistas para todos los rubros de la economía, determina anticipar que el objetivo de aquel ingreso en la bolsa de valores no tendrá los efectos deseados por sus progenitores.
Es decir que nos encontramos con una ausencia total de políticas de Estado, capaces de responder a los requerimientos del desarrollo. Y a ello se añade la presencia de la corrupción a todo nivel, tal como lo reconocen las propias autoridades del Gobierno, corrupción que se traduce en el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico y el contrabando. No continúen engañando al presidente Evo.
(Es que el ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).
LEY DE LA JUVENTUD
No sabemos qué mente ha elucubrado el proyecto denominado de la juventud; pese a no conocer el mismo, tenemos la percepción de que se pretende desconocer la capacidad de las personas adultas e inclusive a las de la tercera edad. Tal desconocimiento infelizmente puede conllevar una suerte de desinstitucionalización del actual sistema, porque parece que se pretende entregar la administración del Estado Plurinacional a jóvenes que aún no son idóneos para estas tareas. Esto último extractamos de declaraciones desafortunadas de algunos asambleístas del oficialismo, a los que estamos en condiciones de demostrar que, igualmente, son “aún impreparados” para el manejo de la cosa pública, y eso emerge de las propias entrevistas a las que algunos medios los han acostumbrado, donde observamos la falta de conocimiento en muchos aspectos, tanto jurídicos, económicos como sociales, aunque la preparación debe ser la condición sine qua non para ingresar en la política, así como para ser buenos administradores de un país.
¿Acaso no será suficiente lo establecido por el Art. 59-V) de la Constitución, y las leyes secundarias que se encuentran en vigencia? Recomendamos su lectura.
LEY DE DOMINIO DE BIENES
No quisiera creer que el proyecto dedicado al dominio que puede ejercer el Estado sobre el patrimonio de las personas, emergente de alguna actividad antijurídica, hubiera sido prohijado por asesores jurídicos del presidente Morales, que no tuvieron en cuenta que el actual sistema penal es “garantista”. Quiere decir que se garantiza todos los derechos de las personas que hubieran incurrido en alguna conducta debidamente tipificada por el sistema normativo penal.
Y entre esos derechos se tiene aquel de la “propiedad privada”, que se encuentra precisamente garantizada por el Art. 56 de la Constitución Política del Estado, donde además se hace mención a la expropiación, pero no así al secuestro para inmediatamente pasar a propiedad del Estado, que significaría una suerte de “reversión”, que también se encuentra prohibida por la misma norma constitucional que dice: “La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión” (sic).
Con toda razón se han opuesto a ese proyecto muchas organizaciones sociales. Lo correcto es que el patrimonio de quienes incurran en determinados delitos que van en contra de la colectividad pueda pasar a dominio del Estado, pero con posterioridad a una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, donde por otra parte se condena al pago de las costas al Estado y el reconocimiento del daño civil ocasionado a la sociedad.
Pretender viabilizar dicha ley es remar contra la corriente, porque nos encontramos infelizmente frente a una nueva crisis del Estado, y un debilitamiento del sistema democrático, situación que se encuentra demostrada ante la visión de todo ciudadano boliviano.
500 MILLONES DE DÓLARES EN LA BOLSA DE VALORES
Aquella decisión, seguramente por recomendación del Ministro de Economía y Finanzas, no tendrá los resultados que espera el Gobierno, que cree que con dicha medida se demostrará al mundo la confiabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, y consiguientemente la posibilidad de grandes inversiones que podría captar el país para el desarrollo productivo.
Seamos conscientes y realistas, porque la falta de una Ley de Inversiones así como la ausencia de la seguridad jurídica, que son los mecanismos más seguros para que Bolivia pueda atraer inversionistas para todos los rubros de la economía, determina anticipar que el objetivo de aquel ingreso en la bolsa de valores no tendrá los efectos deseados por sus progenitores.
Es decir que nos encontramos con una ausencia total de políticas de Estado, capaces de responder a los requerimientos del desarrollo. Y a ello se añade la presencia de la corrupción a todo nivel, tal como lo reconocen las propias autoridades del Gobierno, corrupción que se traduce en el enriquecimiento ilícito, el narcotráfico y el contrabando. No continúen engañando al presidente Evo.
(Es que el ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).
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