Más preguntas a casi un año de Chaparina

Editorial

http://www.paginasiete.bo/2012-09-08/Opinion/NoticiaPrincipal/14Opi00108-09-12-P720120908SAB.aspx

- 07/09/2012

Uno de los más importantes aspectos de la larga declaración escrita presentada por la ex ministra de Defensa, Cecilia Chacón -aparte de haber denunciado que designar a Sacha Llorenti como embajador ante NNUU implica “impunidad” para él- es que precisamente ese nombramiento implica “una afirmación tácita de que lo que sucedió el año pasado es considerado válido y justificable”.

Esto es cierto. En los sucesos de Chaparina, ocurridos hace casi un año, se afectó grandemente la credibilidad (nacional e internacional) de un Gobierno que se autocalifica como indígena pero que resolvió reprimir a un grupo de ellos, que se manifestaba de manera pacífica, y lo hizo, además, brutalmente. El plan no sólo consistía en dispersarlos, sino en obligarlos a abordar buses y aviones militares para enviarlos a sus lugares de origen como solían hacer regímenes anteriores en los estados de sitio.

En comparación con esos incidentes, hubo varios agravantes en la acción contra la marcha indígena: no se había decretado el mencionado estado de sitio, por lo que no se podía limitar los derechos de asociación y protesta de sus miembros; y el uso de los aviones militares tenía un terrible paralelo -guardando las distancias- con la forma como los europeos desorganizaban la vida de los americanos (del Norte y del Sur) durante los años de la Colonia. Dispersarlos, separar a madres de sus hijos, dividir a esposos de esposas, maniatarlos, amordazar a los dirigentes fueron imágenes estremecedoras para una sociedad democrática y, peor aun, que vive bajo un régimen que dice ser de cambio. No sólo se quebró allí la credibilidad de ser un Gobierno que representa a los indígenas, sino que también perdió sentido la manida idea de que defiende a la Madre Tierra.

Nada de eso fue peor, sin embargo, a los sucesos posteriores, en los que nadie admitió responsabilidad y, menos aun, culpa. El ex ministro Llorenti renunció pero dijo que no era responsable y que la “cadena de mando” había sido rota (es decir que jefes policiales actuaron sin consentimiento de autoridad civil, cometiendo delito de sedición); el Vicepresidente informó que sabía quién había dado la orden (contraria, supuestamente a la que el Gobierno quería dar) pero se ha negado a revelarlo. Y el fiscal a cargo ha conducido una investigación lenta e ineficiente, destinada justamente a liberar de culpa a todos los involucrados.

Pero se contrataron buses con antelación para forzar a los indígenas a abordarlos. ¿Quién los contrató? ¿También allí se había roto “la cadena de mando”? Se previó también con antelación que aviones militares transporten a indígenas. ¿De quién fue esa idea? ¿De la “interrumpida línea de mando”? Todo esto, y tiene razón Chacón, a este paso nunca será aclarado.