domingo, 23 de septiembre de 2012

El rentismo y la muerte

http://www.paginasiete.bo/2012-09-23/Opinion/Destacados/17Opi00123-09-12-P720120923DOM.aspx

- 22/09/2012

Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, decía, de manera equivocada en mi humilde opinión, que la muerte era una traición de Dios; en realidad, en algunos casos, como la muerte del trabajador minero en La Paz, su triste deceso es el resultado de la intransigencia, la ambición desmedida, la incompetencia gubernamental para resolver conflictos, todos ingredientes mortales de la trampa de rentismo.

En concreto, en Bolivia, la muerte es una traición del rentismo cuyo sistema de sobrevivencia comienza a complicarse. Veamos qué se entiende por rentismo; pues bien, es una conducta económica de ciertos grupos de la sociedad centrada en la búsqueda de rentas provenientes de los ingresos que generan los recursos naturales administrados por el Estado. Diversos grupos organizados de la sociedad buscan transferencias financieras, favores político-legales y/o concesiones directas o indirectas; para ello, usan diversos tipos de medios como la presión social.

Este tipo de comportamientos, en los hechos, anula las iniciativas emprendedoras, creativas y competitivas de la sociedad. Incluso el rentismo muchas veces se origina en el populismo, definido de manera telegráfica en cómo ganar el apoyo político de la población mediante prebendas con recursos del Estado. Entonces, el rentismo es una forma, no la única, en la que se produce la mediación entre la sociedad y el Estado. El rentismo económico puede darse en diferentes moldes políticos. Veamos el caso de Bolivia.

Desde mediados de la década de los años 80, con la recuperación de la democracia, los partidos políticos eran los instrumentos de mediación entre los intereses de la sociedad y el Estado. Éstos, durante más de 20 años, a través de diferentes pactos políticos, consiguieron ciertos grados de gobernabilidad que permitieron equilibrios políticos y la implementación de un modelo de desarrollo económico fuertemente concentrado en la acción del mercado y el sector privado. Eran los tiempos de la democracia pactada. En ese periodo, si bien el rentismo económico no desapareció, estuvo atenuado por la falta recursos o, en algunos casos, se circunscribió a un tipo de rentismo de camarilla.

El desmoronamiento de este sistema comenzó cuando los partidos políticos tradicionales se alejaron de la sociedad y convirtieron al Estado en un espacio de arreglos espurios y clientelares que sólo reflejaban intereses de ciertas élites políticas y económicas. Ésta era la esencia del rentismo de camarilla. Se produjo la ruptura entre la sociedad y los partidos políticos; ésta llevó a una crisis grave de gobernabilidad que posteriormente se convirtió en una crisis estatal. Las luchas intestinas entre caudillos, un modelo económico que no atendía las necesidades de la gente, la rapiña privatizada por las rentas del Estado y el descrédito profundo de la clase política produjeron la desaparición de este sistema.

A partir del 2006, la sociedad boliviana votó masivamente por una alternativa política que prometía un nuevo sistema de gobernabilidad. Los intereses de la sociedad se reaglutinaron en grupos corporativos, los famosos movimientos sociales. La voz política se legitimaba a través de sindicatos, comités regionales, agremiaciones, juntas vecinales, cooperativas, entre otros. La mediación entre sociedad y Estado pasaba por estos grupos, se abría el peligroso camino para que circule masivamente el rentismo.

El nuevo poder político se sustentaba en un pacto entre diferentes corporaciones, conocido como el Pacto de Unidad, que en un principio tenía su referencia aglutinadora en los grandes temas nacionales como la nacionalización del sector de hidrocarburos o la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado. Entendida esta última como un gran pacto social entre estos movimientos sociales. Era la oportunidad para la construcción de un nuevo bloque histórico que desmontaría el neocolonialismo y neoliberalismo. La Constitución era el plano arquitectónico que debería ser la guía para la construcción del nuevo Estado.

Elaborada la nueva Constitución y atendidas varias de las reivindicaciones en la letra muerta de la Carta Magna. Poco a poco los movimientos sociales colocaron en un segundo plano el horizonte de los intereses nacionales y comenzaron a buscar la materialización del pedacito del paraíso ofrecido por el proceso de cambio. Pasó el momento de la retórica y la poesía jurídica, comenzó el juego bilateral entre corporaciones y Estado. La lucha por las rentas se puso más dura en un contexto de hiperinflación de expectativas. Rentismo y populismo se dieron la mano. Se inicia la disputa a muerte por los pedazos de la felicidad económica instantánea, que el Gobierno había prometido, ayudado por la inédita bonanza internacional. Obviamente no se puede atender a todos y el oficialismo está frente a la difícil tarea de priorizar las demandas de los movimientos sociales y tomar decisiones concretas y no actuar como juez de mínima cuantía que ruega que los ciudadanos se pongan de acuerdo y sean los únicos que resuelvan los problemas. ¿Quiénes serán los elegidos? ¿Qué criterios utilizar para escogerlos? ¿Lealtad, capacidad de cuestionamiento al poder, capacidad de presión? O más concretamente: ¿Indígenas de las tierras bajas o cocaleros? ¿Cooperativistas o trabajadores asalariados? El populismo y rentismo irresponsables no pueden alterar las leyes de la naturaleza; sólo hay una tierra para trabajar, explotar, sólo hay una veta rica para explotar y cuando existe un déficit de ideas creativas desde el poder político, las corporaciones deben resolver sus problemas a base de la violencia. La muerte es una traición del rentismo.

Gonzalo Chávez A. es economista.

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