El debate sobre el programa Evo Cumple

http://www.paginasiete.bo/2013-06-02/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00102-06-13-P720130602DOM.aspx

- 01/06/2013

Se ha iniciado un nuevo debate en relación con la gestión gubernamental. Pero es muy probable que esta nueva discusión pública termine, lamentablemente, como las anteriores, sin avances hacia una mayor rendición de cuentas de las autoridades.

El jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, entregó esta semana un informe sobre cómo han sido utilizados los recursos del programa Evo Cumple, que entrega fondos a municipios, en calidad de donación. Según el reporte de UN, esos montos (438 millones de dólares distribuidos entre 2006 y 2011) se entregan con fines electorales, las obras no cumplen requisitos de viabilidad o justificación y nadie controla si se ejecutan o no.

Doria dijo también que el dinero proviene de un préstamo venezolano, que todos los bolivianos terminan pagando.

La respuesta gubernamental fue brutal. El Vicepresidente sacó nuevamente su libro de insultos y dijo que Doria es “mentiroso, ignorante, incapaz y discriminador”. Además señaló que “el programa no tiene ni un solo centavo de crédito, no lo tuvo, no lo tiene y no lo tendrá”.

Aparte de lo destemplada que fue esa argumentación, siguen las dudas sobre el origen de los recursos. A diferencia de lo que dijo García Linera (que se tratan de donaciones venezolanas, no de un préstamo), el ministro Carlos Romero, en una entrevista anterior, dijo que sí era un crédito, que ya había sido pagado. Pero más curioso aun, el propio Presidente añadió que las donaciones habían provenido también de China, algo que la opinión pública no sabía.

El hecho objetivo es que el dinero del programa Evo Cumple se distribuye sin ningún tipo de supervisión. Esos fondos se entregan libremente, a mera discreción presidencial, y luego no son susceptibles de controles ni de la ley SAFCO ni de la Marcelo Quiroga Santa Cruz. No sólo eso. Para dar esos recursos no se exige del municipio más que un plan muy rudimentario para realizar la obra deseada. El alcalde que requiere los fondos no debe justificar la necesidad de un determinado proyecto. ¿Conclusión? Muchas de las obras financiadas son canchas de fútbol y sedes sociales. ¿Escuelas? ¿hospitales? ¿caminos? ¿compra de semillas? Muy poco. Casi exclusivamente canchas y sedes sociales, porque son fáciles de construir y fáciles de mostrar y eso es lo que se necesita, obras que ayuden a los alcaldes, y al Presidente, a aumentar su popularidad. ¿Intentos de realizar una gestión pública de largo plazo? Casi nada.

Además, cerca de un centenar de esas obras, según reportes de prensa, están inconclusas y abandonadas. No se sabe qué sucedió con el dinero. Y como no se puede investigar a los culpables porque los fondos se entregan sin vigilancia posterior, no hay sanciones de ningún tipo.

En el trasfondo de este asunto está la falta de transparencia del Gobierno. Un partido no debería tener que realizar una investigación para saber cómo se entregan estos recursos, y qué sucede después; debería hacerlo el Gobierno, a través de alguno de sus ministerios. No lo hace. Por lo tanto, se tiene que encontrar esa información buscando en periódicos, entrevistando a los propios alcaldes o concejales, consultando a diputados.

Esa falta de transparencia del Gobierno se repite en muchos planos; por ejemplo, en el uso de viáticos de las autoridades de Gobierno, gasto de los frecuentes viajes presidenciales, etcétera. Y eso sucede porque la actual gestión no sólo controla el Ejecutivo, sino las dos cámaras del Legislativo, la Contraloría General del Estado, todas las antiguas superintendencias, 80% de las gobernaciones y alcaldías y una buena parte de fiscales y jueces. Eso, más un ministerio anticorrupción totalmente sujetado a los intereses del Ejecutivo (algo lógico, a la ministra la nombra el Presidente y no tiene autonomía de acción) generan un escenario en el que es muy fácil para las autoridades esconder la información, impedir las investigaciones, eludir las sanciones. ¿Y cuando sale el tema cómo reacciona el Gobierno? ¿Informando con transparencia? No, gritando “incapaces” a los que señalan las faltas.