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Martes, Mayo 14, 2013 - 11:00
Rolando Carvajal
En
puertas de su III Congreso internacional, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) se esmera en llegar con cifras de impacto en
exploración de nuevos campos y reservas adicionales, levemente
aumentadas hace sólo días en 1.3 TCF (trillones de metros cúbicos/día)
–pero no certificadas aún, y suficientes oficialmente sólo hasta el
2020–, pretendiendo revertir el virtual fracaso de prospección
hidrocarburífera en siete años del Estado Plurinacional.
“Del
2006 al 2010 se invirtió un promedio de 58,6 millones de dólares por
año en exploración: es irrisorio”, alertó hace sólo cinco meses el
director de Hidrocarburos.com, Bernardo Prado, mientras que el experto
Carlos Miranda, lamentó en abril el registro negativo de “ocho años sin
ninguna actividad exploratoria”.
Esta
semana, el analista de la Fundación Jubileo de la Iglesia Católica,
Raúl Velázquez, corroboró los retrasos “en el inicio de una actividad
exploratoria más agresiva”, previniendo que la perforación de sólo 14
pozos exploratorios, anunciada por YPFB para este año, parece
“insuficiente”.
No
obstante la publicitada inversión exploratoria de 2.050 millones de
dólares que YPFB prevé hasta el 2016, Velázquez advirtió que para esta
gestión del total de la inversión, unos $us2.242 millones, solamente el
13 por ciento está siendo destinado a actividades de exploración.
Datos
presentados a los movimientos sociales en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas y Perspectivas 2012, consignaron que del 2011 al
2012, la estatal de hidrocarburos redujo de 351 a 232 millones de
dólares el presupuesto asignado a exploración.
En
contraposición, desde marzo pasado, el gobierno intensificó vía
exportaciones la monetización acelerada de las reservas petroleras,
mayormente descubiertas en la denominada etapa neoliberal, según
recordaron otros expertos.
Sin
ser sustancialmente incrementados, los reservorios actualmente
sobreexplotados han sustentado la bonanza de los ingresos y el gasto
estatal de los últimos siete años en que la renta petrolera superó en el
periodo 2006-2012 los 16.770 millones de dólares, de acuerdo a cifras
del presidente Evo Morales a enero pasado ($us16.745 millones, según
Yacimientos, al 1 de mayo pasado).
Si
bien la estatal petrolera se ha constituido en la principal inversora
nacional, con casi 2.243 millones de dólares anunciados para este 2013,
es asimismo la mayor empresa no ejecutora de su programación
presupuestaria, pues el año pasado gastó únicamente 1.593 millones de
los 2.050 programados el 2012, cerrando gestión con la no desdeñable
cifra de 457 millones sin ejecutar, parte significativa de ellos en
desmedro de nuevos pozos exploratorios, y prefiriendo los de explotación
a fin de exportar más gas a Argentina y Brasil.
Entre
el 2010 y el 2012, la estatal petrolera acumuló en sus montos sin
invertir una suma superior a los 1.600 millones, resultado de los
saldos no ejecutados en ese lapso, como muestra el cuadro adjunto a este
reporte.
A
siete años de la llamada nacionalización de los hidrocarburos, que
diferentes sectores críticos califican como una simple modificación o
renegociación de contratos con las petroleras, “los logros en
descubrimientos de nuevas reservas de petróleo y gas natural son muy
aislados y de poca magnitud”, observó el especialista Álvaro Ríos.
“Pequeños
aumentos de reservas, como en Río Grande y en la zona del Chapare, no
llegan ni a medio TCF descubiertos en los últimos siete años…
Yacimientos se ha dedicado a monetizar y a utilizar reservas de petróleo
y gas que fueron descubiertas hace más de una década. La producción de
hidrocarburos de YPFB Corporación no existe. Hay producción de YPFB
Chaco y de YPFB Andina que son de reservas descubiertas mucho tiempo
atrás”, agregó Ríos.
“Estamos
viviendo de reservas de petróleo y gas políticamente prestadas. Fueron
descubiertas cuando éramos República neoliberal. Ahora somos un Estado
Plurinacional, socialista andino, que vive una bonanza gracias a los
precios del gas y las reservas descubiertas por las empresas
contratistas en YPFB hace 10 años”, confirmó también en abril Carlos
Miranda.
Recordó
que la estatal petrolera trató el último año, sin éxito, de atraer
inversiones nuevas para exploración, porque la ley no es la apropiada,
las áreas ofrecidas son territorios nuevos no tradicionales y porque las
formas y medios que se utilizaron “no eran los correctos”.
“Parece
que se dieron cuenta de la falta de reservas y han resuelto incrementar
los fondos exploratorios con dineros del estado. Uso riesgoso. Para ese
fin se consigue socios”, reconvino Miranda en referencia al triángulo
capital-tecnología-gerencia.
“Como
se explicó, dinero no es todo. Debe ir acompañado de buen
gerenciamiento y conocimientos tecnológicos. Esto último es lo más
importante. Los 8 años pasados han sido perdidos”, dijo.
Jubileo: así estamos
¿Cómo
se explica la intensificada sobre explotación de los campos frente a la
reducción de las reservas, y la política estatal que ha optado por la
monetización acelerada de las mismas?, preguntó este reportero al
analista Raúl Velázquez, de la Fundación Jubileo
“Una
primera explicación es que el contrato con Brasil permite a ese país
demandar hasta 31 MMmcd (millones de pies cúbicos/día) y el contrato con
Argentina establece para el 2013 una demanda de hasta 15,9 MMmcd; como
se ha visto en los últimos años la demanda del mercado interno bordea
los 10 MMmcd. Adicionalmente en agosto de 2012 Bolivia y Argentina
suscriben un nuevo contrato bajo la modalidad interrumpible para la
provisión de gas natural”, respondió.
Estos
aspectos, agregó, permiten concluir que se trata de compromisos
contractuales de comercialización que deben ser cumplidos por lo que era
necesario contar con mayor producción. Este incremento puede ser
alcanzado ya sea por:
a) descubrimiento de nuevas reservas producto de actividad exploratoria o,
b) resultado de una recuperación más acelerada de las reservas ya existentes.
En
el caso boliviano al parecer se ha optado por la segunda opción dado el
retraso en el inicio de una actividad exploratoria más agresiva: sin
duda de por medio están problemas serios como la falta de una nueva ley
de hidrocarburos que de seguridad jurídica a posibles inversionistas.
¿Cuál
es el cuadro de situación de las reservas y de las actividades de
exploración (pozos exploratorios de gas y crudo, campos explorados y
convenios suscritos, etc.) en los últimos años hasta el 2012 o el primer
trimestre del 2013?, se insistió:
Una
primera necesidad es la urgente certificación de reservas –añadió
Velázquez–, actividad que debería haberse hecho anualmente en
cumplimiento a lo establecido en la Ley 3740, pero que lamentablemente
no se ha cumplido; la última certificación de reservas corresponde al 1º
de enero de 2010”.
“Un
segundo aspecto es que la perforación de solo 14 pozos exploratorios
parece insuficiente ante el gran desafío que tiene Bolivia como centro
energético regional; y finalmente en el presupuesto de inversiones
recientemente presentado por YPFB se muestra que si bien la misma llega a
un nivel histórico de 2.242 Millones de USD, solamente el 13 por ciento
está siendo destinado a actividades de exploración”, explicó.
Lo que hay al 2020
A
días del tercer Congreso Gas & Petróleo “Exploración y
petroquímica, promoviendo inversión y agregando valor”, el presidente de
Yacimientos, Carlos Villegas, reiteró que este año se perforarán 14
nuevos pozos exploratorios, a madurar en al menos cinco años.
Desde
el año pasado Yacimientos procura la puesta en marcha los convenios de
estudio suscritos con YPF Argentina, GTLI, Petrobras, Pluspetrol,
Petrovietnam y NIOC (Irán) esperándose que la inversión con las
petroleras privadas permitirá incrementar la producción en los campos de
Incahuasi, Margarita-Huacaya, San Alberto, Itaú y Sábalo, además de
otros operados por YPFB Andina y YPFB Chaco, sus subsidiarias.
“Estamos
armando el nuevo escenario nacional de la exploración”, dijo Villegas
en referencia a la negociación de 14 contratos de prospección con las
empresas del sector y la próxima sanción parlamentaria de cuatro nuevos
contratos de exploración.
“El
2009, en términos de reservas certificadas estábamos en 9,9 TCF, pero
al 31 de diciembre de 2012, no hemos certificado sino hemos cuantificado
estas reservas y hemos descubierto en YPFB que ahora tenemos 11,2 TCF”,
reveló Villegas a los medios estatales el último domingo sin referirse
al los casi 2 TCF ya consumidos desde el 2009 al 2012 en la exportación
de hidrocarburos a Brasil y Argentina, por lo que quedaría al cierre de
la última certificación (2009) un saldo de 8.2 y no 9.9 TCF, lo que
afectaría la reciente estimación al 2012.
Hace
tres días, el viceministro de Exploración, Eduardo Alarcón, señaló a El
País de Tarija que se cuenta con reservas suficientes de gas hasta el
2020, pero alertó que después Yacimientos tendrá que realizar un trabajo
esforzado de exploración para cumplir con los compromisos internos y
externos.
Según
Alarcón, son 19 los contratos de exploración y explotación que se
espera firmar el 2013, y aunque la exploración podría tardar entre cinco
y 10 años remarcó que poco a poco se están reponiendo las reservas.
“Eso no quiere decir de que esté bien reponer: hay que descubrir más
reservas y debemos encontrarlas”.
La
porción que reciben las petroleras privadas una vez pagado el
“government take” no está en la agenda del Congreso. Estimaciones
independientes aseguran que la remuneración de las operadoras
transnacionales habría alcanzado a 1.341 millones de dólares el 2012,
entre utilidades y costos recuperables, habiéndose alejado hace años del
18 por ciento (82 % estatal) que rigió en la primera fase de la
nacionalización, y acercado al 33 y 28 por ciento señalado por el
analista Mauricio Medinaceli, que refiere para el Estado Plurinacional
un promedio que se ha reducido al 70 por ciento o poco más.
Paralelamente,
el gobierno ha anunciado hace un mes, entre otros incentivos de
exploración vigentes para las petroleras (como el precio adicional de 30
dólares por barril desde el año pasado) que reducirá el plazo de 20 a
diez o cinco años para que las empresas recuperen su inversión de
riesgo.
Exploración vs. Industrialización
Al
anunciar la presencia del presidente Evo Morales en el tercer Congreso,
Villegas dijo en abril pasado que YPFB asumió el reto de encarar un
nuevo ciclo exploratorio con el objetivo estratégico de incrementar
descubrimientos de hidrocarburos en áreas exploratorias sujetas a
contratos en vigencia, contratos a ser suscritos y en áreas operadas por
YPFB Corporación.
De
acuerdo a las proyecciones oficiales, año 2030 las reservas se
situarían en hasta 30 TCF, si se concretan los contratos de servicios en
marcha y los que se logren a futuro. El potencial de gas está estimado
en 60 TCF.
El
evento de YPFB tendrá lugar del 23 al 24 de mayo en Santa Cruz, donde
se observarán los resultados de la nacionalización, y su retos
inmediatos, los proyectos de exploración y petroquímica.
El
programa incluye temas como la petroquímica del gas natural a nivel
mundial, Latinoamérica en el descubrimiento de nuevas reservas, la
experiencia de Argentina, Brasil y China en el desarrollo y gestión de
la exploración de hidrocarburos.
A
YPFB le interesa especialmente exponer proyectos que agregarán valor a
la producción hidrocarburífera como las dos plantas de separación de
líquidos de Río Grande y Gran Chaco, la planta de procesamiento de gas
de Itaú, el complejo petroquímico de etileno y polietileno, la planta de
GNL y la planta amoniaco-úrea del Chapare.
Corrupción y eficiencia
La
inauguración de la planta separadora de licuables de Río Grande,
ensombrecida por la corrupción el 2009 y el año pasado, fue en parte la
antesala de los resultados de industrialización a mostrar en el evento
internacional, aunque el complejo tardará todavía dos meses en echar a
andar, según admitió Villegas este lunes 13, procesando el energético.
El
presidente Morales “fue parte de un show organizado para la
inauguración de la Planta, que nace con una sospecha de sobreprecio de
más de 50 millones de dólares”, dijo por su parte el analista político
Carlos Valverde.
La
crítica especializada sin embargo, incide, además de la corrupción en
las expectativas frustradas de la nacionalización de los hidrocarburos,
sobre todo en prospección de nuevas reservas.
Mauricio
Medinaceli ya previno que hay mucha concentración en los campos del sur
y descubiertos antes del 2006, por lo que es necesario promover la
exploración y explotación en otras regiones con mayor precisión y
detalle en su diseño.
Para Gabriel Gaite, entrevistado por El Deber de Santa Cruz, sólo se trabaja en campos maduros sin buscar su reposición.
Álvaro
Ríos sostiene que la gran producción de gas natural y líquidos
asociados “está en manos de Petrobras, Repsol, Total, British Gas, PAE,
Pluspetrol y otras petroleras privadas… hasta un 80 por ciento”.
Para
el colmo, el gobierno casi duplicará su capacidad de explotación (43
MMmcd hace un año, 55 MMmcd en diciembre pasado), en busca de monetizar
aún más las pocas reservas que quedan, elevando la potencialidad del
procesamiento y producción a 83 MMmcd según declaró en diciembre el
vicepresidente de Administración, Luis Alberto Sánchez, con base en un
mayor desarrollo de Sábalo, el megacampo que produce 22,1 MMmcd, además
de Margarita, Itaú, San Alberto, Incahuasi y Aquio.
Renta petrolera, gasto estatal y bonos
La
sobreexplotación de las reservas no es al parecer un error del
gobierno, pues la exploración es el quinto pilar de la estrategia,
mencionado por el vicepresidente Álvaro García.
El
primero, dijo el segundo mandatario en diciembre pasado, es la
recuperación de la propiedad de los recursos y del excedente; segundo la
reconstrucción de la institucionalidad de YPFB; tercero los contratos
de operación de las empresas extranjeras para que se subordinen a las
necesidades del Estado; cuarto la industrialización de los
hidrocarburos, “y quinto el pilar referente al desarrollo y expansión de
procesos exploratorios de gas y de petróleo que garanticen la
sostenibilidad de este plan estratégico las siguientes décadas”.
Con
cerca de 22.000 millones de dólares de renta petrolera acumulada desde
el 2006 al 2013 (el Presidente prevé 5.000 MM esta gestión), el Estado
Plurinacional ha visto pasar por sus manos y maneja la inédita cifra de
más de 120.000 millones de dólares, según las tablas 2001-2013, de
presupuesto consolidado que consignó la revista IN en su edición N° 29,
de diciembre pasado.
Cercana
a esos datos, la gobernación cruceña refirió hace una semana que el
régimen de Evo Morales ha manejado en siete años de gobierno 95.000
millones de dólares, hasta cinco veces más que en 25 años de gobiernos
anteriores.
¿Se
benefició la población boliviana con cuatro veces más Salud, cuatro
veces más Educación, cuatro veces más Seguridad Ciudadana, cuatro veces
más producción de Energía e Hidrocarburos?, cuestionó el secretario de
Hacienda de esa Gobernación, José Luis Parada.
Parte
de esos enormes recursos fue destinada a los bonos que el gobierno
entrega a grupos de escolares, madres y población de la tercera edad:
284 millones de dólares el 2012, según el informe presidencial de enero
pasado (310 millones para el bono Juancito Pinto desde el 2006 y 43
millones para el bono Juana Azurduy desde el 2009).
“Cuando
se creó el Bono Juancito Pinto, criticaron al Gobierno tanto analistas
de derecha como de izquierda; unos porque no era sostenible en el tiempo
y otros por ser un paliativo y no enfrenta la pobreza de manera
estructural”, recordó el ex presidente del Banco Central. Gabriel Loza,
comparando las cifras con los bonos que da, por ejemplo, el Estado
chileno a su población pobre.
Para
el 2012, según datos del Ministerio de Economía expuestos por Loza, se
destinaba en los tres bonos (incluidos el Juana Azurduy y la Renta
Dignidad), un gasto fiscal de 2.554 millones de bolivianos ($us367
millones) equivalentes a un 1,4 por ciento del PIB boliviano. Una enorme
distancia respecto de lo que gasta el Estado Plurinacional y lo que
percibe anualmente por la renta petrolera.
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