Reelección de Evo Morales: ¿principio del fin?

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- 08/03/2013

El Gobierno ha decidido jugárselas por la reelección de Evo Morales, en la lógica de que habían llegado al Palacio no como “inquilinos”, sino para “quedarse”, como si fueran sus propietarios. Esta pretensión de poder fue incorporada en el proyecto de Constitución de 2007, y modificada por el Congreso Nacional de octubre de 2008.

Allí donde se decía que los mandatos anteriores a esta Constitución “no serán tomados en cuentan”, se puso que “serán tomados en cuenta” en el cómputo de mandatos. Esto quiere decir que el primer mandato de Evo Morales (2005-2010) debe contarse. Esta modificación fue resultado del pacto congresal, según el cual la oposición obtenía lo que más le importaba en ese momento que era impedir un tercer mandato de Evo Morales con una segunda reelección inmediata, mientras que el Gobierno podía contar con una Constitución más presentable y asegurarse de los votos imprescindibles de la oposición para su ley de convocatoria al referéndum ratificatorio.

Todo parecía estar claro, tanto que el Presidente declaró el día de la promulgación de esta ley que por la “unidad” del país había “renunciado” a una “segunda reelección”. Al día siguiente, el actual ministro de Gobierno que representaba al Ejecutivo en las negociaciones, confirmaba esa renuncia.

Esta evidencia fue ratificada por el Congreso Nacional en abril de 2009 determinando expresamente en la Ley del Régimen Electoral Transitorio, que el mandato entre 2005 y 2009 debe ser contado como el “primer período”.

En diciembre de 2009 Evo Morales fue reelegido para un segundo periodo seguido. Por tanto, una segunda reelección y un tercer mandado seguido es una violación flagrante de la Constitución vigente, que sólo admite una reelección continua.

Sin embargo, el Gobierno se ha dado a la tarea de pretender eludir esta imposibilidad constitucional con argumentos que más parecen argucias. Asegura que esa disposición no es aplicable, porque las elecciones de diciembre de 2009 se realizaron antes de que se cumplan los cinco años del mandato.

Según el Gobierno, este adelantamiento fue una maniobra “envolvente” contra la oposición, pero en realidad sólo prueba su mala fe y es un gesto de desprecio y desafío a la cooperación internacional, que estuvo de testigo entusiasta en las negociaciones. La Ley del Régimen Electoral, que fijó las elecciones para el 6 de diciembre de 2009, entendió que a pesar de ese recorte seguía siendo el “primer período”. Su derogación posterior no elimina que la interpretación congresal tenga valor jurisprudencial.

Igualmente ha negado la realidad del “pacto” cuando en los hechos todo el texto constitucional fue un acuerdo pactado entre Gobierno y oposición. De todos modos, una maniobra política nunca es un argumento jurídico.

Ya sin argumentos jurídicos válidos, el Gobierno ahora apela a un último recurso político, que es retar para que el “pueblo” sea el que con su voto decida si reelige o no a Evo Morales. Se pretende que el “soberano” absuelva con su voto violatorio, la violación gubernamental.

Si se persiste en la reelección, la única salida legal es modificar el texto constitucional, pero el Gobierno teme perder en el referéndum nacional, previsible según las encuestas, lo que le sería demoledor. Con el propósito de evadir esta alternativa el Senado, controlado por el MAS, ha decidido pedir al Tribunal Constitucional (TC), que declare, “sin interpretar”, que la disposición transitoria no es aplicable al caso de Evo Morales, dando vía libre para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley habilitante. Sorpresivamente el Presidente ha declarado que tal consulta es inútil, patentizando incordios internos.

La consulta pone al Tribunal Constitucional ante su verdadera prueba de fuego, que es demostrar que es efectivamente independiente, y que resoluciones anteriores no fueron expresamente calculadas para esta ocasión.

De todos modos, cualquiera que sea la decisión, las consecuencias políticas serán de alto calado. Si el TC declara que la disposición transitoria se aplica a Evo Morales, se salvará a sí mismo, pero hundirá al MAS en la incertidumbre, ante la dura necesidad de encontrar un candidato alternativo que no existe, capaz no sólo de ganar las elecciones sino de gobernar y preservar la cohesión interna entre fuerzas y facciones masistas centrífugas.

Pero si el TC declara que no es aplicable, no sólo se vendrá abajo, sino que puede abrirse una crisis de legalidad constitucional, reforzada por una crisis de legitimidad social, que combinada con la actual crisis de confianza, serían tres crisis políticas simultáneas. Demasiada dosis para cualquier Gobierno, peor aun en Bolivia.

No sabemos si el Gobierno mide correctamente las consecuencias probables de sus acciones. La adicción al poder más razones no siempre confesables, suelen ser la propia perdición.



Jorge Lazarte es politólogo.