Jueves,
Marzo 20, 2014 - 11:27
“Te presentan como a una delincuente y luego nadie sabe lo
que pasa contigo, te deshumanizan, ya no eres un padre o una madre, ya no eres
nada”. Relató Nina M., presentada hace casi dos años ante los medios de
comunicación como la cabecilla de una organización terrorista internacional por
el ministro de Gobierno Carlos Romero y el Viceministro Jorge Pérez.
Nina M. recordó que minutos antes de entrar a la
presentación, escuchó que sobre ella pesaban 17 acusaciones sobre atentados.
“Fue ahí donde me enteré realmente de qué se me acusaba y entendí que era mi
muerte civil”, refirió.
Actualmente con detención domiciliaria y con audiencias que
se van postergando una tras otra, el Ministerio Público no ha podido establecer
su participación en los delitos que las autoridades fácilmente le arrogaron.
“Quién va a creer ahora que soy inocente con los cargos que me pusieron, dudo
que alguien quiera darme trabajo”, lamentó.
Para el exDirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, lo
ocurrido con Nina M., así como con otras personas, que fueron expuestas ante
los medios de comunicación por las autoridades, constituye una vulneración a
sus derechos y a la normativa nacional e internacional.
“Las normas dicen que no se debe exponer a las personas a
los medios de comunicación, a los detenidos preventivos, a menos que sean
sentenciados, pero qué hacemos todos los días que detenemos a alguna persona,
hay una exposición de personas ante la prensa, y lo hacen autoridades, violando
las normas internacionales y nacionales”, manifestó Llanos.
Agregó que este tipo de acciones, que se han hecho comunes
en los últimos años, “estigmatiza y hace que esas personas pierdan su trabajo,
sus amistades y hasta su familia”.
El artículo 296, numeral 4, del Código de Procedimiento
Penal, señala que “los detenidos no deben ser presentados a ningún medio de
comunicación social, sin su expreso consentimiento”, y que esto sólo sería
posible “en presencia del abogado defensor”.
Violación de la presunción de inocencia
Llanos subrayó que con la visión de justicia inquisitiva que
se aplica en el país, donde todo se pretende castigar con cárcel, uno de los
derechos más vulnerados es la presunción de inocencia.
“Violamos la presunción de inocencia como en el caso del
llamado ‘quita calzón’, que pasó dos años en la cárcel y que a estas alturas a
perdido todo prácticamente, entonces estamos violentando nuestra propia
normativa. Acaso por ese daño causado van a responder las autoridades”,
cuestionó.
Félix Yupanqui, apodado el ‘quita calzón’ por el fiscal
Santos Valencia, según la denuncia de la hermana de Yupanqui, fue presentado
ante los medios de comunicación el pasado 8 de marzo de 2012, por el ministro
de Gobierno Carlos Romero, como uno de los asesinos de los hermanos Peñasco.
Dos años después, el 30 de enero de 2014, la fiscal Eva Mujica resolvió
sobreseerlo al no encontrar indicios que lo incriminen.
Uso político
Para Llanos, la presentación que algunas autoridades hacen
de los detenidos bajo sospecha de haber cometido algún delito, responde a un
interés político de mostrar resultados en la lucha contra el crimen, sin
considerar el daño que causan a las personas y a la misma normativa.
“Es político (este tipo de actuaciones), (dicen) hay que
mostrar al ofensor, hay que decir a la sociedad ‘miren estamos trabajando, aquí
están los malos’, y después de meses o de años (las autoridades deben) meter el
rabo entre las piernas porque se han equivocado”, apuntó.
El principio de presunción de inocencia está contenido en el
artículo 116 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 6 del
Código de Procedimiento Penal que señala: “Todo imputado será considerado
inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad
en sentencia ejecutoriada”.
En el ámbito internacional la normativa sobre el tema se
encuentra en la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
lo consideran un derecho fundamental.
“La ley prevé esto, está prohibido por la ley mostrar a las
personas ante cámaras y menos si son detenidos preventivos, por más evidencias
que puedan existir, mientras el juez no haya dado su veredicto, mientras el
juez no haya dicho este señor es culpable, mientras no se dé esto, no se puede
mostrar en imágenes a las personas”, reiteró Llanos.
Para el ministro Carlos Romero la presentación de sospechosos
ante los medios constituye en una medida que brinda “sensación de seguridad a
la población”, como declaró a un medio de circulación nacional.
En anteriores declaraciones, la Ministra de Comunicación
Amanda Dávila manifestó su desacuerdo con este tipo actuaciones.
“Yo no estoy de acuerdo con esa situación cuando se muestran
a sospechosos ante la prensa cuando resultan inocentes y creo que tenemos que
reflexionar también no sólo como medios y como policías sino como sociedad en
su conjunto sobre esta vulneración a los derechos humanos y a la presunción de
inocencia, que debe ser un principio que debemos respetar todos y no lo
hacemos”, lamentó.
Agregó que en este tipo de casos, las autoridades policiales
son las llamadas, en primer lugar a cumplir, a cumplir con la normativa, así
como los periodistas. “La policía en muchos casos vulnera estas normas y están
obligando a esas personas presuntamente involucradas en hechos a que muestren
la cara, a que las cámaras los fotografíen, a que las cámaras los retraten
cuando ni siquiera han pasado por un proceso de investigación, pero felizmente
no son todos”, señaló.
Medios coadyuvan a la vulneración de la ley
Ramiro Llanos cuestionó el actuar de algunos medios de
comunicación que exponen como culpables a las personas sin considerar su
condición de inocentes. Dijo que si bien las autoridades son las que presentan
a los detenidos, “ellos deberían tomar las medidas para evitar mostrar de
manera explícita a los investigados para precautelar su identidad”.
“Los medios deberían poner un control, poner el rostro
borroso, una cinta negra para que no puedan identificarlos aunque las
autoridades quieran hacer esto, tiene que haber también un nivel de ética de
parte de los periodistas”, manifestó.
Agregó que “no porque la autoridad muestra a los presuntos
delincuentes hay que pasarlos por todos los medios de comunicación”, ya que
esta práctica “constituye una vulneración a la norma de parte de los medios y
los periodistas, seguramente será porque no conocen, aunque tienen códigos de
ética; también a ellos habrá que capacitarlos”.
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