Las consecuencias del caso terrorismo

http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/3/16/consecuencias-caso-terrorismo-16364.html

Editorial

domingo, 16 de marzo de 2014

El denominado caso terrorismo tiene tantas irregularidades que fácilmente podría ser declarado nulo. Los acusados podrían ser liberados para iniciar una nueva investigación y proceso judicial. En este nuevo juicio, los denunciados deberían poder defenderse en libertad.
Si el fiscal principal del caso, Marcelo Soza, que realizó todos los actuados, señala en una carta (que no ha desmentido) y en un audio que fue presionado para acusar sin pruebas a algunos dirigentes opositores, que se plantaron indicios y que hubo extorsiones, entonces no puede haber otro destino para el caso que declarar su extinción.
Se puede decir que la fuga a Brasil y pedido de asilo de Soza son una admisión de las innumerables manchas que tiene el caso.
No son las únicas. Otros problemas, de igual gravedad, son por ejemplo el hecho de que el que se consideró "testigo clave” para acusar a los miembros de la presunta banda terrorista que operó en Santa Cruz, Ignacio Villa Vargas (El Viejo), apareció en un video recibiendo un soborno de parte de un funcionario del Gobierno, Carlos Núñez del Prado. ¿Cómo puede ser que un funcionario del Estado soborne a un supuesto testigo de un hecho presuntamente tan importante (terrorismo) para que fugue del país? Haber escuchado a ese "testigo clave”, entonces, no tenía sentido, y las declaraciones con las que involucró a tantas personas no deberían ser consideradas. En una presumida astuta acción del exfiscal Soza, Villa Vargas pasó de ser "testigo clave” a "acusado”. Pero no quita que alguien del Gobierno intentó sacarlo del país, sobornándolo.
También existe un video que muestra a una mujer policía, Marylin Vargas Villca, conocida como Karen, plantando pruebas después del operativo en el hotel Las Américas, en el que murieron tres personas.
Para no hablar de las enormes irregularidades formales del proceso, que imputó a 39 personas. Muchos de ellos están acusados, y algunos presos, simplemente porque sus nombres estaban en una libreta telefónica de Soza o porque existía registro de que habían conversado con él por teléfono celular. Ésas no son pruebas serias en ningún país del mundo, especialmente si se trata de un fiscal como Soza, un abogado que cometió delitos graves, según admisión de su propia carta.
Algún tipo de organización apareció en Bolivia en 2009 para realizar actividades irregulares. El propio Eduardo Rózsa, un boliviano-húngaro, filmó un video antes de trasladarse a Bolivia en el que da a conocer que se dedicaría a acciones subversivas. Luego, él, con otros extranjeros y bolivianos, asistió a entrenamientos de tipo militar y se sacaron fotografías armados. Así que existe una base de acusación sobre el tema. Pero la forma cómo murieron tres personas en el asalto al mencionado hotel (ejecutados, según las autopsias realizadas en el exterior), el hecho de que no hubiera habido marcas de disparos en las paredes, lo que confirma que no hubo enfrentamiento, y las escasas o nulas pruebas de que realmente el grupo intentaba asesinar al presidente Evo Morales, que es la principal acusación, ponen de manifiesto que son más las dudas que las certezas en este tema.
Las cosas no terminan allí. También se demostró la existencia de una red de extorsión que usó originalmente el caso terrorismo para acusar sin pruebas a varios dirigentes, casi todos cruceños, y luego exigirles pagos para quedar fuera de la investigación. Muchos pagaron, según han afirmado, y aun así fueron apresados. Otros, según parece, lograron que sus nombres fueran retirados de las listas de imputados. Pero esa red luego trascendió al caso terrorismo y empezó a realizar tareas de chantaje también en otros procesos, por ejemplo el del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de blanqueo de dineros y luego fugado de Bolivia.
En esa red de extorsión también operaba Soza.
El exfiscal Marcelo Soza, que realizó todos los actuados, señala en una carta  que fue presionado para acusar sin pruebas a algunos dirigentes opositores.
Soza tendría que ser expulsado de Brasil porque no merece  el estatus de asilado político. Y el caso debe quedar extinto por las innumerables irregularidades.