El Gobierno recusó 30 veces a jueces del caso terrorismo

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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó ayer que los acusados presentaron 96 recursos incidentales que dilataron por años el juicio por este caso.

jueves, 20 de marzo de 2014

Álvaro Valero / Página Siete. Gary Prado, abogado de uno de los acusados por terrorismo

Beatriz Layme / La Paz
El Ministerio de Gobierno  –como parte acusadora del caso terrorismo I– recusó en más de 30 oportunidades a jueces de La Paz, El Alto y Oruro para que las audiencias de medidas cautelares sean dirigidas por jueces funcionales al Gobierno, afirmó ayer Gary Prado, abogado de uno de los acusados por separatismo.
"El Ministerio de Gobierno recusó a todos los jueces de La Paz, de El Alto y de Oruro para que la audiencia de medidas sustitutivas, por ejemplo  del coronel Zoilo Salces, caiga en manos de la entonces juez Betty Yañíquez, quien trabajaba con el Gobierno”, afirmó Prado.

De acuerdo al jurista Prado, el Ministerio de Gobierno –desde la época del exministro Alfredo Rada, Sacha  Llorenti y con el actual ministro Carlos Romero– ha recusado más de 30 veces a los jueces cautelares, como a los del Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz, en el que inicialmente se desarrolló el juicio del caso.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el lunes que los acusados presentaron 96 recursos incidentales que dilataron por años el juicio.

"Por años dilataron el proceso con incidentes, los que en lenguaje popular se denominan chicanas y las chicanas están dirigidas a eludir –en un proceso judicial– el debate del  fondo  de la acusación”, dijo Romero.
Ante las afirmaciones de  Prado, el Ministerio de Gobierno insistió ayer en que los acusados fueron los que dilataron el caso.

Dilación
Ante esa declaración, Prado aseveró que el Ministerio de Gobierno provocó la dilación del juicio porque permitió que el exfiscal Marcelo Soza, quien investigó el caso terrorismo, tardara 20 meses en acusar, además que desde diciembre de 2010 hasta abril de 2011 recién se instaló la primera audiencia conclusiva.
"¿Por qué no se acuerda Romero que una audiencia conclusiva se cayó por culpa de Sacha Llorenti?”, preguntó Prado.
"El Ministerio de Gobierno no llevó a los detenidos a una audiencia conclusiva porque Sacha Llorenti se estaba cayendo por reprimir en Chaparina. ¿Por qué desde noviembre de 2011 hasta septiembre de 2012 no se instaló el juicio?”, cuestionó Prado.
Asimismo, Prado admitió que plantearon 96 incidentes y que uno de ellos fue "de actividad procesal defectuosa” porque hasta la fecha los demandados no fueron notificados con la acusación del Ministerio de Gobierno.
"Hay dos acusaciones: una del fiscal y otra del Ministerio de Gobierno, y hasta ahora no nos notificaron. ¿Eso no es actuar de manera ilegal y dilatar el proceso?”, preguntó Prado, quien dijo que por acusado presentaron entre tres y cuatro incidentes.
El Cardenal pide esclarecer el caso
El cardenal Julio Terrazas pidió ayer esclarecer las denuncias del exfiscal Marcelo Soza sobre el caso terrorismo, en el que se denuncia una supuesta injerencia de autoridades del Gobierno para implicar a varias personas en las investigaciones de este caso.
El Cardenal pidió a las autoridades aclarar las supuestas denuncias "para no tener al país con temor y a merced de calificativos. Aunque no haya todavía reconocimiento oficial de esta letra, de esta carta, de la otra, yo creo que es importante clarificar, porque el país no puede seguir viviendo en la ambigüedad, en la sospecha, en una especie de temor infundado”, afirmó Terrazas.
El día que se fugó a Brasil, Soza supuestamente hizo pública una misiva en la que se refiere al caso terrorismo   y dice que fue presionado por el Gobierno para involucrar a personas.
"Estas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que colaborara para sus fines políticos, para lograr ciertos resultados, esas acciones fueron las que hicieron que se desnaturalizara la investigación que con celo profesional he llevado adelante”, señala Soza.