Modelo de Gobierno alternativo al del MAS

http://www.paginasiete.bo/2013-04-18/Opinion/Destacados/17Opi00218-04-13-P720130418JUE.aspx

- 17/04/2013

Populismo caudillista o constitucionalismo democrático integral son los dos modelos alternativos de gobierno que se enfrentarán en las próximas elecciones de 2014 y en el futuro político del país.

Esto sucederá a pesar de los denodados esfuerzos de los defensores del primer modelo para encubrir esta compleja realidad bajo el velo de una aparente confrontación y contradicción entre derechas e izquierdas.

La segunda reelección -prohibida constitucionalmente-, el cambio fallido de nombre del aeropuerto de Oruro, el conflicto irresuelto del TIPNIS, la criminalización de la política, el incumplimiento del fallo del TCP sobre la inconstitucionalidad de la suspensión de las autoridades políticas elegidas por el voto popular y el vaciamiento de las autonomías subnacionales, entre otros, no tienen nada que ver con ideologías de derecha o de izquierda, sino con una forma de organizar y ejercer el poder político hegemónico, basado en la voluntad omnímoda de los gobernantes, que aniquila todo límite normativo, ético, institucional e ideológico.

En la cosmovisión actual y universal de los derechos humanos, liberalismo y socialismo y libertad e igualdad -bien entendidos- son valores que no se contraponen, sino más bien se complementan y retroalimentan, salvo para aquellos modelos políticos radicales que pretenden la realización de uno de ellos a costa del otro, como son el liberalismo y capitalismo salvajes y el socialismo autoritario/totalitario y opresor que cuando llegan al poder terminan sacrificando y anulando ambos valores, coincidiendo en este punto con el modelo opuesto (los extremos se juntan).

Por ello, el mejor sistema de Gobierno, entendida la lógica del poder político desde la perspectiva del bienestar de las personas y los ciudadanos y no del interés o beneficio de los gobernantes, es el del liberalismo social o socialismo liberal, el de la democracia constitucional integral (liberal y social), que busca la máxima realización y satisfacción de los derechos civiles y políticos, de libertad y sociales a través de expresas y efectivas prohibiciones y obligaciones, constitucionales, legales y judiciales, negativas y positivas, impuestas especialmente a los poderes políticos y económicos. El Estado de derecho como límite infranqueable del poder, del Gobierno y del mercado, incluido el de las mayorías políticas coyunturales.

El modelo de la democracia constitucional integral organiza al Estado y la sociedad desde la lógica de la igualdad universal de los derechos civiles y políticos, de libertad y sociales, y de sus instituciones de garantía que se consagran en la Constitución y se desarrollan mediante leyes, instituciones y funciones públicas al servicio de todas las personas y ciudadanos, sin exclusiones ni discriminaciones.

En este modelo, el poder político y sus detentadores supremos pasan a un segundo plano, ya no son el eje central del Estado ni los benefactores providenciales que reparten discrecional y dadivosamente los beneficios y perjuicios, premios y castigos dentro de la sociedad. Son más bien los instrumentos y medios ocasionales de realización y optimización de estos derechos, cuya efectividad en sus mínimos vitales está garantizada más allá de la política, por instituciones públicas de garantía que actúan en beneficio de todos, de manera independiente e imparcial.

A diferencia de este modelo institucionalista, el populismo caudillista, altamente personalizado, se basa y gira alrededor de la suprema y omnipotente voluntad de un jefe o caudillo, que detenta, más allá de las formas y apariencias, todo el poder del Estado, y que pretende ser la encarnación y espíritu del pueblo asumido como una unidad y totalidad orgánica colectiva, cuyo mayor objetivo es el crecimiento y duración ilimitados de su poder, sobre la base de una artificial imposición de uniformidad social, impuesta vertical y jerárquicamente desde arriba, por la fuerza de la represión y de la propaganda comunicacional, aprovechando mayorías electorales coyunturales, que fácilmente se reeditan por la aniquilación de las condiciones institucionales y económicas que no permiten a la oposición un juego electoral equitativo.

En este modelo hegemónico de poder político, la Constitución y las leyes, los derechos fundamentales, las instituciones y funciones públicas de garantía de los derechos, así como las ideologías que los justifican no tienen una importancia y valor por sí mismas, valen y son respetadas en cuanto son funcionales a los objetivos de concentración y perpetuación del poder. Lo que realmente importa y está por encima de todo es la voluntad omnipotente del caudillo de turno.