http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_04/nt130424/politica.php?n=101&-abogada-y-legislador-advierten-encubrimiento-en-chaparina
Fiscalía
asegura que “ruptura de mando” se dio a nivel policial, mientras García
responde molesto sobre el “monitoreo” a la intervención contra los
indígenas.
 Opositor considera una falta de respeto a la opinión pública la respuesta de García y recuerda que existen figuras penales por encubrimiento. |
La abogada del
Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, y el diputado de Convergencia
Nacional (CN), Tomás Monasterios, coincidieron en señalar, por separado,
que la pregunta clave en el caso de la represión de Chaparina sigue
siendo el nombre de la persona o autoridad que dio la orden para el
operativo que derivó en la violenta represión a indígenas de tierras
bajas, denotando la figura de “encubrimiento” desde el Gobierno.
Camacho dio lectura a la declaración informativa de la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, que cita una suerte de “monitoreo” a los hechos después de la intervención policial.
El vicepresidente Alvaro García contestó con tono molesto y agrediendo verbalmente a la abogada, explicando que las autoridades de Gobierno efectivamente se reunieron a las 20.00 de ese 25 de septiembre en la reunión habitual de los domingos y que él “se enteró a través de un periodista” a las 16.00 horas.
“Los domingos son días de trabajo, fue una reunión en ese sentido (…) la misma denuncia la contradice y la responde”, dijo aludiendo a un desentendido en la interpretación efectuada por Camacho.
Consultado sobre quién dio la orden y si él conocía ese detalle, el segundo mandatario reiteró sus palabras “nosotros dijimos sabemos lo que ha pasado”, y luego evadió contestar sobre el tema o referirse a la declaración de Chacón que derivó en esta nueva polémica.
El diputado Monasterios, a su turno, deploró las palabras y actitud de García, pues estaría tratando de desinformar a la población diciendo que conoció los hechos después de las 16.00 cuando la población “sabía lo que había sucedido” apenas se produjo el operativo contra hombres, mujeres y niños indígenas.
“A quién se encubre y por qué. Debemos recordar al Vicepresidente que no aportar a la investigación implica otro proceso y responsabilidades”, señaló.
La Fiscal que investiga la represión a la octava marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Patricia Santos, adelantó ayer que tras la recepción de las declaraciones informativas de la mayoría de los convocados, se puede asumir que hubo una ruptura en la cadena de mando, versión coincidente a la difundida por el Gobierno central.
Según explicó, el general Oscar Muñoz sería el principal responsable, por no haber informado al comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, de las operaciones efectuadas el 25 de septiembre de 2011 en el campamento de los marchistas del Tipnis en Chaparina, región cercana a Yucumo en el departamento de Beni.
Asimismo, Santos dijo que se podría entablar un proceso contra el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, por incumplimiento de deberes, puesto que el operativo que fue planificado la noche anterior se había abortado.
Sobre estas palabras, Monasterios explica que no es posible la ruptura de la cadena de mando, porque un subalterno no puede movilizar a oficiales ni pedir movilidades o aviones. “El marco normativo indica las responsabilidades sobre la Policía y ésta está bajo mando del Ministerio de Gobierno y del Presidente del Estado. Nos parece que el Ministerio Público asume una postura bastante funcional al Gobierno y al a línea que asume el vicepresidente, lo cual nos parece muy lamentable”.
Camacho dio lectura a la declaración informativa de la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, que cita una suerte de “monitoreo” a los hechos después de la intervención policial.
El vicepresidente Alvaro García contestó con tono molesto y agrediendo verbalmente a la abogada, explicando que las autoridades de Gobierno efectivamente se reunieron a las 20.00 de ese 25 de septiembre en la reunión habitual de los domingos y que él “se enteró a través de un periodista” a las 16.00 horas.
“Los domingos son días de trabajo, fue una reunión en ese sentido (…) la misma denuncia la contradice y la responde”, dijo aludiendo a un desentendido en la interpretación efectuada por Camacho.
Consultado sobre quién dio la orden y si él conocía ese detalle, el segundo mandatario reiteró sus palabras “nosotros dijimos sabemos lo que ha pasado”, y luego evadió contestar sobre el tema o referirse a la declaración de Chacón que derivó en esta nueva polémica.
El diputado Monasterios, a su turno, deploró las palabras y actitud de García, pues estaría tratando de desinformar a la población diciendo que conoció los hechos después de las 16.00 cuando la población “sabía lo que había sucedido” apenas se produjo el operativo contra hombres, mujeres y niños indígenas.
“A quién se encubre y por qué. Debemos recordar al Vicepresidente que no aportar a la investigación implica otro proceso y responsabilidades”, señaló.
La Fiscal que investiga la represión a la octava marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Patricia Santos, adelantó ayer que tras la recepción de las declaraciones informativas de la mayoría de los convocados, se puede asumir que hubo una ruptura en la cadena de mando, versión coincidente a la difundida por el Gobierno central.
Según explicó, el general Oscar Muñoz sería el principal responsable, por no haber informado al comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, de las operaciones efectuadas el 25 de septiembre de 2011 en el campamento de los marchistas del Tipnis en Chaparina, región cercana a Yucumo en el departamento de Beni.
Asimismo, Santos dijo que se podría entablar un proceso contra el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, por incumplimiento de deberes, puesto que el operativo que fue planificado la noche anterior se había abortado.
Sobre estas palabras, Monasterios explica que no es posible la ruptura de la cadena de mando, porque un subalterno no puede movilizar a oficiales ni pedir movilidades o aviones. “El marco normativo indica las responsabilidades sobre la Policía y ésta está bajo mando del Ministerio de Gobierno y del Presidente del Estado. Nos parece que el Ministerio Público asume una postura bastante funcional al Gobierno y al a línea que asume el vicepresidente, lo cual nos parece muy lamentable”.
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