http://www.paginasiete.bo/2013-04-08/Opinion/Destacados/12Opi00108-04-13-P720130408LUN.aspx
- 07/04/2013
La citada rendición de cuentas explica que el ahorro a las familias proviene de la diferencia de precio mayorista en 2012, que es inferior al precio mayorista de 2011 en el pollo, azúcar, arroz, pan y leche. Por ejemplo, el precio promedio mayorista del kilo de pollo en 2012 fue de 11,89 bolivianos y en 2011 fue de 14,24 bolivianos. En consecuencia, el ahorro fue de 2,35 bolivianos por kilo.
El precio promedio del quintal de azúcar mayorista en 2012 fue de 224,55 bolivianos y en 2011 fue de 323,30; en consecuencia el ahorro por quintal fue de 98,7 bolivianos; sigamos: el precio promedio mayorista del quintal de arroz el año pasado fue de 205,52 bolivianos y en 2011 fue de 222,67, con un ahorro por quintal de arroz de 17,15 bolivianos.
Sobre el sistema de precio justo y el “ahorro a la familia boliviana” permítanme cinco consideraciones:
Primera.- El ahorro de 2.802 millones en productos esenciales de la canasta familiar no es en esencia para las familias, sino para el mayorista, entiéndase comercializador o intermediario. El mayorista gana con el “precio justo” al comprar por debajo del precio de mercado y vender al detalle a las familias, pero no precisamente a “precio justo”.
Con la métrica del precio justo surge la pregunta: ¿los cerca de mil millones de dólares en subsidio a los hidrocarburos es un ahorro o un gasto para las familias? Existe claro consenso que se trata de un gasto o “desangramiento” fiscal que en el mediano plazo será pagado por las familias con sus impuestos. No existe “free lunch” en la economía.
Segunda.- El “ahorro para las familias” de 2.802 millones de bolivianos es el ingreso que dejaron de percibir las empresas productoras de los citados bienes. Resultado de los subsidios, controles de precios, precios justos, restricciones a las exportaciones y otras medidas de control de mercado, las empresas dejaron de percibir ese monto. Lo que es ahorro para los mayoristas es merma en ingresos para los productores.
Tercera.- Las políticas de precio justo, al significar para al consumidor un precio por debajo del de mercado, implican que la diferencia sea cubierta por algún agente económico. Alguien paga el subsidio o medida que fija el “precio justo”. La diferencia de precios la cubre el propio Estado a través de las recaudaciones tributarias. En última instancia quién paga son las propias familias con sus impuestos.
Cuarta.- Las políticas de precio justo distorsionan la medición del Índice de Precios al Consumidor, lo cual genera que el incremento salarial cada año sea menor y, en consecuencia, se mantenga o reduzca la capacidad adquisitiva del salario.
Quinta.- Las políticas de precio justo desincentivan o merman las inversiones de las empresas y, en consecuencia, reducen las expectativas de producción y la generación de empleo. Las ventas de productos por debajo del precio de mercado, conocidas como ventas a “precio justo”, reducen ingresos para los productores con la consiguiente reducción de utilidades y sostenibilidad empresarial. El precio no sólo refleja los costos, sino también las futuras inversiones de las empresas.
Lo eficiente para lograr beneficios a las familias no es reducir precios, sino incrementar la producción y los ingresos. La mejor medida para beneficiar a las familias es propiciar condiciones adecuadas para la inversión, la producción y la generación de empleo en las empresas. La mejor defensa al consumidor es una ofensiva de producción.
Hugo Siles Espada es economista de la Cámara Nacional de Industrias.
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