El
Ministerio de la Presidencia remitió a la Fiscalía documentos de Inteligencia
para que indague la presunta actividad de cárteles colombianos y mexicanos que
tendrían vínculos directos con personas particulares y policías de Santa Cruz.
De inicio, la investigación implica a seis personas.
Fiscalía. El
fiscal Marco Rodríguez en una oficina del Ministerio Público de La Paz.
Investiga el caso cárteles.
La Razón /
Ernesto Calizaya / La Paz
02:04 / 14
de agosto de 2012
La
documentación fue puesta a conocimiento de la Fiscalía el 30 de mayo, para que
determine la apertura del caso. Evaluados los datos, se informó a la Fiscalía
de Distrito que hay antecedentes de que los hechos que se denuncian están
relacionados con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN),
Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE),
Interpol, Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de particulares. El ministro
de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que dará mayores detalles en
las próximas horas.
El caso pasó
a manos del fiscal Marco Rodríguez, quien informó a La Razón que
inicialmente los denunciados son Hugo Suárez, Victor Jorge Pacheco Franco,
Rubén Suárez, Carlos Tapia, Julio Navia y otros funcionarios que pertenecen a
la Policía Boliviana y a otras instituciones que tendrían vínculos con los
cárteles internacionales dedicados al tráfico ilícito de sustancias
controladas.
Investigación.
La Fiscalía abrió de oficio el caso 120/7397 el 3 de agosto del año en curso.
Las citadas personas serán investigadas por los delitos de cohecho pasivo
propio, uso indebido de influencias y otros.
“El caso se
abrió en razón a que el Ministerio de la Presidencia ha puesto en conocimiento
una serie de documentación que hace referencia a la presunta actividad ilícita
que se desarrolla por parte de los cárteles colombianos e internacionales que
tienen vinculación directa con funcionarios del Estado Plurinacional,
concretamente con funcionarios policiales del departamento de Santa Cruz”,
señaló el fiscal Rodríguez.
En ese
marco, dijo que ya se dio inicio a las investigaciones y se prevé convocar a
todas las personas que se hallan involucradas y, de acuerdo con la depuración
de su participación, se emitirán las resoluciones jurisdiccionales que
correspondan para la aplicación de medidas cautelares.
El fiscal
precisó que se tiene conocimiento de que a partir de septiembre de 2011 y mayo
de 2012 se ha obtenido información por parte del Ministerio de la Presidencia
respecto a estas actividades irregularidades y la vinculación de algunos
funcionarios del Estado con los citados cárteles.
Los primeros
días de septiembre de 2011, un reportaje de Univisión informó que días antes de
ser detenido el general (r) René Sanabria en Panamá, por tráfico de drogas, el
Ministerio de Gobierno recibió datos sobre presuntos vínculos del narcotráfico
con el excomandante de la Policía, general Óscar Nina, que negó el caso.
Univisión
citó supuestos informes de Inteligencia que indicarían que el excomandante tuvo
nexos con el crimen mientras fue director de la FELCN y hablaba incluso de la
presencia del narco Chapo Guzmán (de México) y su hijo en territorio boliviano.
El 20 de
octubre de 2011, La Razón publicó la versión de la DEA sobre la presencia de
cárteles mexicanos y colombianos en el país, dato que el viceministro de
Defensa Social, Felipe Cáceres, descartó con base en informes de Inteligencia.
La presencia
de cárteles del narcotráfico se viene investigando por parte de la FELCN y en
reiteradas oportunidades funcionarios de Gobierno negaron la posibilidad de que
éstos estén operando en nuestro país.
Lo que hará la Fiscalía será indagar cuál
es la vinculación de funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones
probablemente hayan cooperado, ayudado o tenido vínculos directos con estos
cárteles, de acuerdo con el fiscal asignado.
Detalles
sobre los acusados
Clanes
Según la
denuncia, habría nexos entre cárteles internacionales y el “clan Navia”,
liderado por el exoficial de la FELCN René Navia y su padre, Julio Navia. Ambos
se encuentran con detención preventiva junto a otras 13 personas de su
organización.
Oficiales
Sobre el
coronel Félix Molina, que también se halla en la lista de investigados, se sabe
que fue comandante de la FELCN antes del actual, del Cnel. Gonzalo Quezada.
Empresario
El
propietario del hotel Radisson, Víctor Jorge Pacheco, también aparece como
investigado en el presente caso.
Implican a
empresarios y efectivos
El Informe
remitido a la Fiscalía de Distrito de La Paz por la fiscal de materia Esther
Cuéllar Muller señala que se tiene antecedentes que relacionan a cinco unidades
de la Policía de Santa Cruz con cárteles colombianos y de otras nacionalidades
que operarían en esa capital.
El documento
que fue recepcionado por la fiscal de Distrito Betty Yañíquez también señala,
por ejemplo, que “el Cnel. Hugo Suárez, que es retirado de la Fuerza Aérea
(Boliviana) habría conseguido financiamiento para Cata y Helitel, y tiene un
restaurante (...) ‘fachada’ para generar reuniones y recibir informaciones para
Mossad, hombre de confianza del general (Edwin) Marañón, el cual fue
viceministro de Transporte y también se dice que tiene control de AASANA”.
También se
hace referencia a que se acercaron a un anterior fiscal de Distrito de La Paz y
le ofrecieron hacerle Fiscal General. Los documentos proporcionados por el
Ministerio de la Presidencia, además, sostienen que el equipo de Mossad
recibiría “cobertura” del empresario hotelero Víctor Jorge Pacheco Franco, y
que “Helitel, que es una empresa de repuestos para aviones y helicópteros, está
ubicada también en un hotel (...) desde donde operan estas personas”.
Entre otros
aspectos, el informe señala que la actividad de estos grupos se desarrolla en
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde, según la fiscal Cuéllar, el 10 de junio
de 2010 una persona identificada como Robin Justiniano habría sido detenida por
narcotráfico y salió libre luego de una llamada al jefe departamental
antinarcóticos de ese entonces, quien a su vez habría llamado al director
nacional de la FELCN para que disponga su libertad.
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