Por Sandra Arias - Los Tiempos - 4/08/2012
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120805/corrupcion-y-baja-ejecucion-debilitan-gestion_180970_382784.html
La planta de separación de líquidos de Río Grande,
en Santa Cruz, un proyecto de YPFB. - El Deber | Agencia
A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno por transparentar
la institucionalidad del Estado y, en esa búsqueda, también la administración
pública, no ha tenido éxito en tres aspectos básicos que son la corrupción, la
baja ejecución presupuestaria y el irrespeto a la ley por parte de las empresas
públicas, es el criterio coincidente de los economistas Osvaldo Gutiérrez,
Waldo López y Pablo Cuba.
Cuba hace notar que a pesar de que hay más de 17
empresas a cargo del Estado, hay experiencias negativas como la de la Papeles
Bolivia (Papelbol) donde se invirtieron 15 millones de dólares provenientes del
Presupuesto General del Estado (PGE) que hasta el momento no reportan
beneficios y hay una investigación por corrupción en torno a su adjudicación
que involucra a exautoridades. Algo similar ocurre con Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), donde existe una investigación por presunta
corrupción contra dos de sus exgerentes y otros funcionarios.
Gutiérrez señala que la corrupción es un fenómeno
característico de la vida política de las sociedades contemporáneas e implica
siempre la violación del interés público para favorecer el interés de uno o de
pocos. En Bolivia, dice, tiene mucha fuerza en el sector público y entorpece la
administración del Estado.
La baja ejecución presupuestaria es otra de las falencias
pues si bien el Estado elevó la inversión pública y favoreció a alcaldías y
gobernaciones con el incremento de los recursos por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH), la capacidad de gestión y ejecución de proyectos en estas
instancias es insuficiente.
La baja ejecución de presupuesto ha sido evidente
sobre todo en los municipios, aunque ha afectado incluso a algunos ministerios
pues, según datos del Ministerio de Economía, en 2011 cinco ministerios
tuvieron sólo entre 32 y 66 por ciento de ejecución.
En muchos casos, los funcionarios admitieron
desconocimiento de las leyes que norman estos procedimientos y además temor a
las sanciones por corrupción o malversación.
Esta incapacidad de gestión está estrechamente
relacionada con una excesiva rotación de personal debido a la necesidad que
tiene el Gobierno de cumplir “casi obligatoriamente” con los favores políticos
a las organizaciones sociales que lo apalancan, dice Gutiérrez. Al ser de
favor, los cargos se entregan a personas que no cuentan con la calificación y
la experiencia necesarias.
Cuba concuerda al señalar que, en casos como el
europeo, para mejorar la eficiencia se desarrolló el e-goverment, es decir la
transparentación de las actividades del Estado a través del acceso a internet
por parte de los ciudadanos y esa acción requirió capacitar a sus recursos
humanos, de lo contrario la gestión podría paralizarse.
Gutiérrez señala que ocurre lo contrario en el país
pues hay instancias como las gobernaciones donde hay cambio de personal casi
cada tres meses, “lo que significa sacar a los que no lograron aprender durante
este corto tiempo su labor e introducir a nuevos servidores que deberán
intentar aprender sus labores en tiempo récord. ¿El resultado? El círculo
vicioso de la ineficiencia. Como es de imaginar, esto perjudica a la gestión y
al cumplimiento de los objetivos previstos”, afirma.
Ligado a esa improvisada política de
contrataciones, está la baja calidad de los salarios. Mientras el personal no
calificado puede ser contratado sin respetar una escala salarial; los
profesionales suficientemente calificados no pueden ser contratados porque su
demanda salarial supera de lejos a la oferta de la administración pública
boliviana.
Así, la supervisión y desarrollo de obras públicas
está en manos de egresados, recién titulados o de profesionales con escasa
experiencia que “aprenderán echando a perder”, dice Gutiérrez.
Empresas públicas violan ley
En las nuevas empresas públicas creadas por el
Gobierno, la contratación de los obreros en calidad de funcionarios públicos en
el marco del Estatuto del Funcionario Público y no en el de la Ley General del
Trabajo, constituye una clara violación de sus derechos laborales ya que
desconoce la existencia de la relación laboral establecida entre los trabajadores
y el Estado, que es objeto de protección de la legislación laboral vigente,
señala el economista Osvaldo Gutiérrez.
Esta figura es parte de un cuadro laboral con
derechos del trabajo limitados y conculcados por ese Estatuto que resta
derechos que los funcionarios tendrían de ser considerados como trabajadores
asalariados, acota.
Así, Bolivia continúa con porcentajes muy altos en
la “Tasa de designaciones políticas” en el ámbito público, conjuntamente con
Brasil y Guatemala, que reflejan altos niveles de politización. Otro indicador
que refleja el grado de politización de los servicios civiles se percibe en la
estructura organizativa del gobierno nacional, donde es posible designar a
funcionarios políticos. En este caso, Bolivia estaría en una situación
intermedia conjuntamente Colombia, Costa Rica y El Salvador.
CORRUPCIÓN
Papelbol y
YPFB en
la mira
La empresa Papeles Bolivia (Papelbol) y Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) son actualmente las empresas cuya
gestión pone en duda la eficiencia del Gobierno para administrar empresas
estatales.
Existe una investigación en torno a Papelbol y a
exautoridades de Gobierno que supuestamente habrían beneficiado a la empresa
brasileña D'Andrea Agrimport Importacao para que resultara contratada para la
provisión de maquinaria por un valor de más de 13,5 millones de dólares. Según
fuentes judiciales, un estudio de PWC reveló que los equipos entregados por
D'Andrea tienen un valor de sólo 6,12 millones de dólares.
Los imputados por este caso son el ex gerente de
Papelbol, Antonio Camberos y el exviceministro de Mediana y Gran Empresa e
Industria, Eduardo Peinado.
En el caso de YPFB, una empresa estatal que aunque
ha generado los más altos índices de venta de gas en los últimos años, atraviesa
una mala racha por las denuncias de corrupción en contra de algunos de sus
ejecutivos que ocupaban cargos clave para la implementación de las Plantas
Separadoras de Líquidos de Gran Chaco, en Yacuiba, y Río Grande, en Santa Cruz.
Recientemente, su presidente, Carlos Villegas,
también fue citado a declarar.
Además, otro expresidente de YPFB, Santos Ramírez,
está en prisión acusado por corrupción por el contrato con la empresa Catler
Uniservice por la construcción de la planta de Río Grande.
No hay comentarios:
Publicar un comentario