La representante de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado para que se agilicen los procesos para dilucidar lo ocurrido.
Página Siete / La Paz - 26/09/2012
http://www.paginasiete.bo/2012-09-26/Nacional/Destacados/3600000126.aspx
Amancaya Finkel / Página Siete
“Siempre, como Naciones Unidas en general, llamamos a que se agilicen los procesos judiciales en general y sí nos parece preocupante que no se haya avanzado la investigación”, dijo ayer en Santa Cruz la coordinadora residente de la ONU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, informó la agencia ANF.
La representante pidió a las autoridades encargadas agilizar los procesos y reiteró la disposición de la Organización de las Naciones Unidas de apoyar en las investigaciones a través de expertos independientes que permitan esclarecer los hechos.
Yasukawa aclaró que, sin embargo, se sigue esperando una respuesta del Gobierno respecto al ofrecimiento.
“De parte nuestra ya el año pasado, respondiendo a la solicitud del Gobierno hemos enviado sugerencias de expertos independientes que posiblemente podrían ayudar en la investigación, pero estamos todavía a la espera de una respuesta”.
El 25 de septiembre de 2011, cerca de las 15:30, un operativo policial intervino la marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, en la localidad de Chaparina, cercana a Yucumo (Beni).
Los uniformados gasificaron y golpearon a marchistas, los amarraron y amordazaron con cintas masking. Varios indígenas huyeron al monte, pero otros fueron detenidos.
Luego de una hora, aparecieron en el lugar buses que fueron alquilados por el Gobierno, de forma anticipada, para trasladar a los detenidos a San Borja y luego a Trinidad. Sin embargo, pobladores borjeños impidieron que los vehículos con los indígenas ingresaran a la localidad, lo que obligó a los conductores a dirigirse hacia Rurrenabaque donde finalmente los indígenas quedaron libres.
Hay un solo detenido por los hechos: el comandante de Policía de ese entonces, Óscar Muñoz, quien guarda detención domiciliaria. Además, el ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, tiene imputación formal.
La comisión de fiscales que investiga el caso excluyó de las investigaciones a Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno, por la presunta ruptura en la cadena de mando.
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