EXPANSIÓN Cooperativistas siempre lograron áreas con presión, impulsados por la falta de empleo.
Natalí Vargas / La Paz - 22/09/2012
http://www.paginasiete.bo/2012-09-22/Nacional/Destacados/04Nal01220912.aspx
Wara Vargas / Página Siete
“El Gobierno nunca tuvo la capacidad de crear empleo en el sector minero”, justifica el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García. Afirmó que “siempre, incluso cuando Goni entregó a bandeja abierta todo el yacimiento, las ampliaciones de áreas que se consiguieron no fueron de forma amigable, siempre por presión, no contra los trabajadores asalariados, sino con la empresa”.
En días recientes, el ex presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, recapituló ante este diario que en enero, durante una visita que se realizó a ese yacimiento, los mineros asalariados mostraron cómo los cooperativistas habían reventado explosivos en cercos que había puesto Sinchi Wayra (que operaba el depósito en contrato de riesgo compartido con el Estado) para evitar intromisión.
Y también bajo presión, el 10 de junio, tras tomar las oficinas de Sinchi Wayra (subsidiaria de la suiza Glencore), que operaba el reservorio, los socios de la 26 de Febrero lograron que se les ceda la veta Rosario, un área ya lista para su explotación. Este grupo conminó a la firma privada a darles ese tipo de espacios si quería seguir operando en la mina, de lo contrario amenazaban con exigir la reversión hacia el Estado.
García recuerda que hace varios años que los comunarios estaban molestos por la falta de generación de empleo (en Sinchi Wayra trabajaban 400 mineros), pese a los réditos que conseguía la empresa. “Decían: cómo es posible que estemos en los lugares marginales si el yacimiento es de nosotros”, afirma el dirigente.
El 20 de junio, con una previa oposición, pero posterior aceptación de los mineros asalariados, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 1264, que estatizó el yacimiento y respetó el acuerdo por la veta Rosario firmado entre Sinchi Wayra y la 26 de Febrero.
Así, la cooperativa que fue fundada por ex mineros locatarios de Colquiri tras la relocalización de 1985, consiguió por primera vez un área sólida de la mina que, en 1999, fue dejada por un precio de dos millones de dólares en manos de la Compañía Minera del Sur SA (COMSUR), controlada por Gonzalo Sánchez de Lozada.
El dirigente de Fencomin añade que “siempre existió entre los cooperativistas gente transitoria que esperaba ser contratada por la empresa”. Cuando se aprobó el Decreto Supremo 1264 la mitad de los 940 socios que tenía la 26 de Febrero optó por enlistarse en la Empresa Minera Colquiri.
Pero el decreto de reversión dejó cabos sueltos. No se había previsto que para llegar a la veta, cuya reserva probada está valorada en más de 5.000 millones de dólares, los cooperativistas necesitaban pasar por áreas de trabajo de los asalariados.
La tensión se agudizó el 29 de agosto, cuando el Gobierno, presionado por las complicaciones que padecían los socios, dictaminó el DS 1337, con el que la 26 de Febrero ampliaba su dominio sobre el 65% de la veta.
Desde entonces, la mina está paralizada y la pelea entre asalariados y cooperativistas provocó ya un primer deceso, el del asalariado Héctor Choque, el martes en el enfrentamiento en La Paz.
Afirman que pagan impuestos
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García, afirmó que aunque su sector esté exento de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), “el 60% de los bienes y servicios que son nuestros costos de operación nos los cobran con facturas”.Los impuestos vigentes para el sector minero son la regalía minera, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y la alícuota adicional al IUE. Las cooperativas están obligadas por ley a pagar sólo regalías.
La Cooperativa 26 de Febrero, de Colquiri, aporta con 240.400 dólares en regalías e impuestos, el 5% de la contribución de la minería asalariada, según la Central Obrera Boliviana. En 2008 había 447 cooperativas y 1.308 en 2011.
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