La nueva ley de inversiones debe incluir esta figura sólo en caso de utilidad pública y generar incentivos tributarios y laborales.
Página Siete /La Paz - 13/09/2012
http://www.paginasiete.bo/2012-09-14/Economia/Destacados/8Eco00114-09-12-P720120914VIE.aspx
Cánara de Comercio
Los presidentes de las cámaras de comercio del país.
Esta figura sólo debe imponerse por causa de necesidad o utilidad pública, señala la declaración de los presidentes y gerentes de las cámaras de comercio, servicios y turismo del país, tras la reunión realizada en Cochabamba el 12 de septiembre.
Los empresarios creen que entre esas garantías también debe establecerse la posibilidad de acudir a medios alternativos de solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje, entre otros.
El ministro de Economía, Luis Arce, el 10 de septiembre en Madrid, España, envió un mensaje “tranquilizador” a las empresas extranjeras que operan en Bolivia porque “la agenda de nacionalización se circunscribe a lo que fue de los bolivianos”, por lo que “no va a haber ningún ataque a inversiones genuinas privadas”, remarcó, según EFE.
El 23 de agosto, el presidente Evo Morales y los empresarios privados acordaron impulsar de manera conjunta las leyes de bancos y de inversiones.
Según la declaración de los representantes de las cámaras de comercio del país, la norma de inversiones debe constituirse en un paraguas para todos los emprendimientos empresariales y lograr, además, la atracción y protección de los capitales nacionales y extranjeros.
“Debemos lograr que la ley de inversiones estimule el crecimiento y desarrollo productivo, y establezca las bases para la creación y mejora de calidad de los empleos”, señaló uno de ellos.
También debe otorgar incentivos tributarios, laborales, medioambientales, financieros y de comercio internacional a los inversionistas, además de establecer garantías a la inversión realizada en un contexto de estabilidad jurídica y respeto a los tratados bilaterales y multilaterales.
Los empresarios del comercio exigieron el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que garantiza la libertad de empresa, la propiedad privada y el pleno ejercicio de las actividades empresariales.
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