domingo, 29 de julio de 2012

Compra millonaria por DS suma dos naves presidenciales





Ruy G. D’Alencar Delgado 

Expertos calculan que el TGE deberá gastar $us 18.000.000 por los dos helicópteros franceses EC145

Se calcula que la compra ronda entre los $us 18 y $us 20 millones, según estiman expertos bolivianos en equipamiento aéreo y militar. La adquisición de dos nuevos helicópteros presidenciales representa una transacción millonaria hecha por el Estado boliviano, sin que medie la aprobación del Congreso; fue autorizada por el Gobierno a través del DS 941 de 28 de julio de 2011, gestionada por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y ejecutada por los ministerios de Economía y de Defensa con plata del Tesoro General del Estado (TGE). La compra despierta críticas en el plano técnico y económico pero el Gobierno y la FAB –consultados por EL DEBER durante toda la semana– no responden los cuestionamientos.

Los dos nuevos helicópteros bimotor Eurocopter EC145, de industria francesa, con tecnología sofisticada, fueron adquiridos a un precio unitario que se estima entre $us 9 millones y $us 10 millones. La llegada al país de la primera de estas aeronaves se espera para agosto, y la segunda en octubre, para uso presidencial y apoyo en desastres y emergencias. Así se ha podido corroborar en comunicados publicados por el Ministerio de Defensa, la FAB y otros documentos oficiales.

Con esto, el grupo aéreo presidencial agrega dos aeronaves más al avión Dassault Falcon 900 adquirido en 2010 –también francés, asimismo comprado por decreto (DS 466)– por un valor de $us 38,7 millones. Sumando ambos gastos, en dos años, se puede decir que la administración del presidente Evo Morales dispuso de casi $us 50 millones para el transporte aéreo asignado al jefe de Estado boliviano.

El argumento para la adquisición de los dos nuevos helicópteros se pretende justificar con lo que establece el decreto: “...para uso en la atención de desastres y emergencias y otras actividades relativas a la gestión gubernamental”. El DS 941 firmado en 2011 por el entonces presidente en ejercicio, vicepresidente Álvaro García Linera. Coincidentemente, el vicepresidente, también en el ejercicio interino de la presidencia, en abril de 2010, firmó la compra del Falcon 900.

“No es un lujo que yo viaje en helicóptero (o) en avión, es una necesidad, ahorra tiempo”, argumentó el presidente Morales la semana pasada cuando aprovechó para anunciar la llegada del primero de los dos helicópteros bimotor. El mandatario no adelantó detalles de la compra, sin embargo, anticipó que sabía que “seguramente (por) estos días van a protestar” por la adquisición.

Para tener una explicación oficial sobre los fundamentos técnicos y económicos de la compra, se envió cuestionarios de diez preguntas a tres despachos ministeriales y a las Fuerzas Armadas.
Estas fueron las respuestas: “El tema le compete al ministro de Defensa, Rubén Saavedra”, dice la respuesta de la oficina del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. “Este tema es de competencia del Ministerio de Defensa”, respondió el despacho del ministro de Economía, Luis Arce.
Durante cinco días se intentó conseguir información detallada sobre la compra consultando al Ministerio de Defensa y al Comando General de la Fuerza Aérea. No obstante, no se obtuvo respuestas a los cuestionarios remitidos.

Para el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, esta transacción responde a una política de gasto discrecional sin planificación, puesto que ni la Asamblea Plurinacional conoce el detalle de la compra ni tampoco se ha incluido este ítem como inversión en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2012. “Ojalá que estas compras improvisadas no estén generando un tema de falta de transparencia”, sostuvo Yaksic, que ve similitud en este tipo de gastos del Gobierno con el tipo de gasto que hizo la Gobernación cruceña en 2008 para el referéndum autonómico, es decir, fuera de la planificación.
Samuel Montaño, consultor en seguridad y equipamiento militar, la compra de los helicópteros franceses no es racional, puesto que, según su experiencia, existen aeronaves parecidas al EC145, pero a menor precio. “El presidente Correa (de Ecuador) adquirió helicópteros HAL Drhuv de la India por $us 8 millones. Entonces, en Bolivia debió primar la racionalidad económica. No entiendo por qué dos aeronaves más para el presidente”.

“Nadie está en contra de que el Gobierno y las Fuerzas Armadas se equipen, pero ¿dónde está la racionalidad económica?, ¿estos helicópteros responden a prioridades como resolver la pobreza, o son comodidades para los mandatarios?”, cuestiona Carlos Arze, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

La FAB confirmó (boletín Actualidad Aeronáutica) que los helicópteros a incorporarse son del modelo EC145 de Eurocopter. El Gobierno informó de que la transacción fue efectuada el 4 de octubre de 2011, sin especificar cifras. EL DEBER verificó precios consultando ofertas en el mercado. El precio de un EC145 modelo 2009 con más de 500 horas de uso, puesto en EEUU, es de $us 7 millones, algo que puede incrementarse con costes de importación y Aduana.
 
Detalles de compra 

- Autorización. El 28 de julio de 2011, a la cabeza del presidente en ejercicio Álvaro García Linera, en Consejo de Ministros, se aprueba el DS 941 que instruye al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas transferir recursos del Tesoro General del Estado al Ministerio de Defensa para la compra de dos helicópteros bimotor para la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

- DS 941. I. Se autoriza al Ministerio de Defensa, realizar la compra de dos (2) helicópteros multipropósito en el marco de la normativa vigente, con destino a la Fuerza Aérea Boliviana para su uso en la atención de desastres y emergencias, y otras actividades relativas a la gestión gubernamental.

- DS 941. II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, transferir los recursos necesarios del Tesoro General de la Nación – TGN, al Ministerio de Defensa para la compra de los dos (2) helicópteros multipropósito señalados en el parágrafo precedente, así como los gastos emergentes de la modalidad de adquisición que se adopte.

- Responsables. Los señores ministros de Estado en los Despachos de Defensa, y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

- Contrato. El 4 de octubre de 2011, dos meses y seis días después, el Comando General de las FFAA de Bolivia y el fabricante francés Eurocopter firman el contrato de compra-venta por dos helicópteros multipropósito EC145.
 
¿Podrán volar sobre los Andes?
  Gustavo Crespo / Piloto

En Bolivia no se sabe mucho del helicóptero Eurocopter EC145. Lo que sé es que EEUU también hizo un pedido grande de 322 unidades de ese modelo y pagó un valor de $us 3.000 millones. Esto para el uso de las FFAA estadounidenses. La Secretaría de Defensa estadounidense los renombró como UH145. Eso da una referencia de que son equipos de buena calidad, que han sido aprobados por los estándares del Ejército más poderoso del mundo.

Sin embargo, la realidad de EEUU no es la realidad de Bolivia. Y no me refiero al volumen de compras solamente. Viendo las especificaciones técnicas de la aeronave en cuestión, mi gran pregunta es: ¿Cómo se va a cruzar la cordillera, si en sus especificaciones dice que el helicóptero no puede alzarse a más de 5.200 msnm cuando lleva carga? Eso haría suponer que no van a poder cruzar por encima de los cerros Huayna Potosí ni el Illimani. ¿Cómo van a sobrevolar los EC145 por encima de los Andes? Habría que probarlo.

El helicóptero es perfecto, se eligió con buen criterio, pero creo que será más fácil de operar en el llano de Santa Cruz y Beni o el valle cochabambino. Por otra parte, creo que con los precios de referencia que tiene el EC145, se pudo comprar tres o cuatro helicópteros de otras marcas y fábricas con características similares. El mío es un punto de vista civil que pondera costo, beneficio y mantenimiento.
 
Francia, el proveedor del Gobierno boliviano  
 
Entre 2010 y 2012, la industria aeronáutica francesa ha sido la escogida por el Gobierno de Bolivia para el abastecimiento del grupo aéreo presidencial. La adquisición del avión Dassault Falcon 900 primero y ahora los dos helicópteros Eurocopter EC 145, así lo confirman.
Para Samuel Montaño, consultor en equipamiento militar, hay una clara preferencia de la administración del presidente Morales por esta industria, a pesar de sus precios y de la realidad económica. “Se trata de aeronaves de buena calidad, pero no sé si van de acuerdo con la realidad del país”, sostiene, cree que debió acudirse a una licitación internacional, pública y abierta para analizar costos y beneficios.
 
Sin embargo, la FAB, a través de un comunicado justifica su elección. El Eurocopter EC145, dice el boletín, es un helicóptero utilitario bimotor, capaz de transportar hasta diez pasajeros junto a dos tripulantes, dependiendo de la configuración; puede ser usado como transporte, servicios médicos de emergencia, búsqueda y rescate, así como para uso privado y utilitario. Se pondera las cualidades del producto por encima de otros criterios. 
 
Para mantener a los EC145, la FAB dispuso que seis aviadores militares y doce aerotécnicos sean capacitados en Alemania y en Brasil.

LAS FRASES
 
«Ojalá que estas compras improvisadas no estén generando un tema de falta de transparencia en el Gobierno. Nosotros vamos a fiscalizar»
Fabián Yaksic | Diputado MSM
 
«¿Estos nuevos helicópteros responden a las prioridades nacionales, como alivio a la pobreza, o a las comodidades del presidente?»
Carlos Arze | Economista

Esposas de policías marcharán mañana


Producto de las últimas decisiones por parte del Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía Boliviana, en el cambio de destinos y procesos judiciales a algunos efectivos del orden de baja graduación, que fueron los principales cabezas del pasado motín policial, esposas de los uniformados anuncian que saldrán a marchar mañana a nivel nacional.

La dirigente nacional del sector, Guadalupe Cárdenas, anunció que la decisión de salir en una marcha de protesta responde al incumplimiento de algunos de los acuerdos que se firmaron con el Gobierno, luego del último motín policial efectuado en procura de una mejora salarial para sus esposos.

Cárdenas dijo que no se están respetando los acuerdos que fueron firmados por representantes del sector con las principales autoridades como el ministro de Gobierno, Carlos Romero; el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez y el Comandante General de la Policía, coronel Víctor Maldonado.

La dirigente denunció que en las últimas horas se ha conocido que por orden del Comando General, ya se han efectuado algunos cambios de destinos de policías de baja graduación en Beni Tarija y Potosí y como si fuera poco fueron amenazados con procesos penales por ser los supuestos instigadores del motín policial de junio.

Cárdenas recordó que en uno de los puntos del a cuerdo firmado señala que no se tomará ninguna represalia ni procesos, por lo que se ha decidido modificar la Ley 101 de Régimen Disciplinario.

Asimismo, se dio a conocer que para la marcha de este lunes se cuenta con el apoyo de oficiales de rango superior, quienes han comprometido su participación de todas las acciones que tomarán tanto las esposas de policías como los representantes de los uniformados.

Ven ineficiente gestión de YPFB a seis años de nacionalización

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120729/ven-ineficiente-gestion-de-ypfb-a-seis-anos-de_180103_380739.html

Entre 2006 y 2011, según expertos, la producción de hidrocarburos, la ejecución de un millonario presupuesto, el desarrollo de la industrialización y de otros proyectos de YPFB, no lograron resultados tangibles debido a muchos factores

A seis años del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es calificada como “pobre” e “insatisfactoria”, porque no existen resultados tangibles producto de las inversiones realizadas y los proyectos ejecutados, sólo “propaganda millonaria” en los medios de comunicación sobre planes que son percibidos únicamente como “buenas intenciones”, según los analistas y expertos en hidrocarburos Álvaro Ríos y Hugo del Granado.
Para Ríos, la gestión administrativa en YPFB, a pesar de todos los recursos y ventajas de los que dispuso en los últimos seis años, “es bastante pobre en cuanto a ejecución de presupuestos en exploración y explotación; en cuanto a ejecución de una serie de proyectos y en cuanto a mostrar resultados concretos y tangibles al país”.

Señala por ejemplo que no existen reservas descubiertas por YPFB en los últimos seis años, que las proyectadas plantas de urea y amoniaco son “elefantes blancos” que no interesan a los inversionistas y que la política de nacionalización no ha sido más que militarizar algunos campos”.

En su criterio, “lo único que se puede elogiar de YPFB es haber firmado el contrato de compra y venta de gas con la Argentina, que no es un proyecto, sino un contrato; porque no le conozco otro proyecto que haya realizado con inversión significativa para el país”, dice y añade que las grandes inversiones las están realizando Repsol (de España), Petrobras (de Brasil) o Total (de Francia), no así YPFB.

Para Del Granado, las metas corporativas orientadas en términos de producción están muy alejadas de las fijadas en el Plan Operativo 2007-2015.  Así, la producción de crudo, gasolina natural y condensado al primer trimestre de 2012 fue de 45.190 barriles de petróleo día (BPD), muy distante de la meta corporativa de 100.000 BPD fijada para 2015.

Lo mismo ocurre con la carga de crudo a las refinerías de Cochabamba y La Paz que totalizaron 44,421 BPD, lejos de la meta de 96 BPD y con la producción de gas natural que alcanzó 44,38 millones de metros cúbicos día (MCD) al primer trimestre de este año, frente a la meta de 100 millones de MCD para 2015, según el boletín estadístico de YPFB enero-marzo de 2012.
Del Granado refiere que, de forma similar, las inversiones programadas para el período 2007-2015, en exploración y producción, a pesar de ser mínimas (8.379 millones de dólares) en el contexto petrolero, no han sido ejecutadas ni en 20 por ciento a la fecha.

Respecto al programa de industrialización, que tiene un presupuesto de 4.090 millones de dólares para implementar las plantas de licuables, en Río Grande y Gran Chaco, y de urea y amoniaco, en el trópico de Cochabamba, en el periodo 2010-2012, Del Granado dice que están muy retrasadas y desfasadas del cronograma, debido a que ninguno de los potenciales socios (las extranjeras Enarsa, Brastem, NPCI y Pequiven) demostraron el menor interés en invertir en esos proyectos de industrialización.

“Si bien las plantas de separación no son reconocidas como proyectos de industrialización, este sería el único rubro en el que se ha efectuado inversiones”, sostuvo, para agregar que entre los proyectos de industrialización abandonados se encuentran el proyecto de GTL (gas a líquidos), tan publicitado, y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos.

Campo Palmar del Oratorio

En septiembre de 2008,  la firma Gas To Liquid (GTL) International S.A.entregó a YPFB los estudios en  cuatro bloques: Río Beni (La Paz, Pando y  Beni), Almendro (El Palmar del Oratorio, Cotoca y Pailas en Santa Cruz), Cupecito (cerca de Charagua, en Santa Cruz) e Itacaray (al sur de Chuquisaca, en el límite con los megacampos gasíferos San Alberto, San Antonio y Margarita).

El directorio de YPFB aprobó el 2 de julio de 2009 los cuatro informes finales de resultados de los convenios de estudio. La Ley 0278/2012-2013, que aprueba el contrato de servicios petroleros del área Almendros con GTLI, fue aprobada en mayo de 2012.

GTL International operaba en el Campo Palmar con contrato de servicio para la petrolera Dong Won. A fines de 2008, debía iniciar la perforación de dos pozos en dicho campo, esperándose una producción de 12 millones de pies cúbicos de gas por día; pero “en las estadísticas de YPFB el campo Palmar no figura como campo productor importante”, sostiene el experto Hugo del Granado.
El sitio hidrocarburosbol.blogspot.com, en fecha 12 de mayo de 2009, señala que “a finales de marzo, Jindal (de la cual es subsidiaria la GTL) y sus socios bolivianos iniciaron la perforación del pozo de El Palmar.

Taladros chinos y pozo Camiri

El pozo profundo que se perfora con un taladro chino en la localidad de Camiri, en Santa Cruz, ha llegado a la profundidad programada de 6.100 metros sin resultados positivos hasta la fecha. Sin embargo, los técnicos de YPFB han sostenido que las labores se encuentran paralizadas debido a que los equipos que disponen son diseñados para trabajar a 10 mil libras por pulgada cuadrada (psi) y  que la presión de la profundidad a la que han llegado es de 15.000 psi.

La explicación no tiene coherencia, según el experto Hugo Del Granado, porque es más caro tener un equipo parado de esas dimensiones que el costo de equipos para operar a presiones altas.

Por otra parte, en noviembre 2011, mediante Ley 187, se aprobó el Convenio de Préstamo Concesional suscrito entre el Estado boliviano y The Export Import Bank Of China (Eximbank), por un monto de 411 millones yuanes, equivalentes a 60 millones de dólares destinados a financiar el “Proyecto de Adquisiciones de Perforadoras”; pero “a julio de 2012 no se tiene información del uso de este crédito”, agrega Del Granado.

ANÁLISIS

“Producción de gas estuvo estancada entre 2006 y 2011”
Bernardo Prado, Analista y Director de HidrocarburosBolivia.com

Entre 2006 y 2011, la producción de gas natural en Bolivia estuvo prácticamente estancada, debido principalmente a la falta de inversiones en actividades de exploración y explotación y a la constante caída en la demanda brasileña.

Analizando estadísticas oficiales de YPFB, podemos notar que entre 2006 y 2011 la producción promedio de gas natural en Bolivia se incrementó solamente en 0,8 millones de metros cúbicos por año, ese incremento que bien podría tacharse de simbólico refleja claramente la falta de inversiones en actividades exploratorias que permitan descubrir, reponer e incrementar las reservas probadas de gas natural en Bolivia.

La producción promedio del año 2006 alcanzó 40,20 millones de metros cúbicos por día (MCD) y en 2011 llegó a 45,07 millones de MCD, según HidrocarburosBolivia.com, con datos de YPFB Corporación.

Cabe recordar que la Ley de Hidrocarburos vigente fue promulgada en 2005, en el marco de una Constitución Política del Estado (CPE) que ya no está vigente. Así, la falta de una “nueva” Ley de Hidrocarburos compatible con la “nueva” CPE y un marco regulatorio  coherente y atractivo son los principales factores que frenan  la llegada de inversiones para el sector hidrocarburífero boliviano.

Recién a partir de 2012 se puede percibir un incremento en la producción de gas gracias a las inversiones en Margarita que, dicho sea de paso, se dieron en función a las garantías establecidas en la Adenda que firmaron YPFB y Enarsa, en 2010.

Hasta ahora, Bolivia no tenía la capacidad de satisfacer a sus dos únicos mercados de exportación de manera permanente y simultánea. Con una capacidad de producción actual que alcanza los 54 millones de MCD, ese problema estaría solucionado; sin embargo, quedan pendientes los proyectos de industrialización, el cambio de matriz energética para masificar el uso del gas natural y el abastecimiento de gas para la siderurgia en El Mutún.

Para cumplir con esos objetivos se necesitará incrementar aún más la producción de gas y eso no será posible sin mayores inversiones y, como es bien sabido, estas inversiones están sujetas a que el Gobierno ofrezca reglas claras y transparentes, algo que suena fácil; pero por los hechos no lo es.

Incentivo a petroleras bajará subsidio en $us 16 millones

- 28/07/2012

¿Loteadores al acecho?


Vamos a andar Rafael Puente
http://www.paginasiete.bo/2012-07-27/Opinion/Destacados/18Opi00127-07-12-P720120727VIE.aspx
- 26/07/2012

El pasado 4 de julio el viceministro de Vivienda y Urbanismo hizo llegar a la Federación de Asociaciones de Municipios un borrador de Reglamento de la Ley de Regulación de Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, texto que la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) difundió -a través de sus asociadas- al país entero. Dicha ley había sido promulgada (con el número 247) el día 5 del mes anterior, por lo que de entrada resulta sorprendente la rapidez con que se elabora un reglamento del que otras leyes más antiguas e importantes todavía carecen.

Pero ciertamente el problema no está en la celeridad, sino en la tendencia inaceptable con que se ha elaborado dicho reglamento, dado que en lugar de recoger el espíritu y la letra de la ley de Regulación -que apunta directa y exclusivamente a regularizar urbanizaciones ilegales que puedan demostrar por lo menos cinco años de antigüedad-, y curiosamente después de recoger el objeto de la ley que no deja lugar a ninguna duda -exclusivamente ese tipo de urbanizaciones- se dedica a tergiversar conceptos y a ampliar la posibilidad de futuras urbanizaciones prácticamente sin límite alguno.

De esta manera se tergiversa el carácter transitorio y de emergencia que caracteriza a la Ley 247, que apunta a un objetivo indiscutiblemente social (el de “curar” las acciones ilegales cometidas por diversos tipos de loteadores a costa de la ingenuidad y la necesidad de miles y miles de familias humildes que tienen derecho a una vivienda legal), pretendiendo convertirla en una norma que regularía procesos de urbanización en general, sin límites de tiempo ni de espacio.

En ese afán cae en la aberración de incluir una caprichosa definición de área protegida (ignorando el artículo 385 de la Constitución y los artículos 60 y 61 de la Ley de Medio Ambiente) con el único afán de abrir las puertas a eventuales urbanizaciones en áreas protegidas.

De manera igualmente inconstitucional y caprichosa se atreve a establecer que toda área agrícola puede considerarse “área de expansión urbana”, lo que además de una arbitrariedad viene a ser un atentado contra la política de Seguridad y Soberanía Alimentaria proclamada por nuestro Gobierno en la última Cumbre de la OEA, y objeto central de la Ley de la Revolución Productiva.

Se trata por tanto de un reglamento que, en lugar de precisar el contenido de la Ley 247, lo que hace es tergiversarla y al final convertirla en lo contrario de lo que pretende, que es solucionar los graves problemas causados por el fatídico gremio de los loteadores, y en ningún caso abrirles las puertas para que sigan delinquiendo.

Son numerosas las instituciones que se han mostrado extrañadas por este engendro con pretensiones de reglamento y se han preguntado cómo se explica. Y la única explicación que parece verosímil es la de la participación en su elaboración de personeros de Conaljuve, muy concretamente la de algún conocido agente de la NFR que lo único que hace es buscar la perennización de un antiguo negocio. Pero precisamente la defensa de las familias más pobres, junto a la defensa de los derechos de la Madre Tierra, debería llevarnos a todo lo contrario, a poner fin al negocio de los loteadores, y si pudiera ser a procesar a esta interminable maraña de delincuentes que se enriquecen a costa de los más pobres y de la Madre Tierra. Por eso nos sumamos a través de esta columna a una serie de voces que están expresando su indignación y su petición de que se descarte este borrador y se elabore un auténtico reglamento de la ley en cuestión.

No se puede negar que los loteadores han sido rápidos y atrevidos -aunque también muy burdos- y que han logrado nada menos que infiltrar el trabajo de un viceministerio. Pero podemos confiar en que jamás lograrán imponerse al ministro de Obras Públicas -última autoridad en la materia-, un compañero de probada profesionalidad y honestidad al que en este momento se dirigen las muchas voces a que hacíamos referencia. Amén.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

Corte rehúsa conocer amparo y la consulta previa prosigue


TIPNIS Las presidentas de Diputados y Senadores señalan que el recurso legal presentado por los indígenas no frenará el inicio del proceso previsto para el domingo.

Página Siete / La Paz - 26/07/2012

http://www.paginasiete.bo/2012-07-27/Nacional/NoticiaPrincipal/2Nac00127-07-12-P720120727VIE.aspx

Archivo digital

El gobernador Costas en el cabildo del viernes pasado
El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca dijo ayer que no tiene competencia para conocer el amparo constitucional que presentaron los dirigentes de la IX marcha para frenar la realización de la consulta en el TIPNIS. El Gobierno, mientras tanto, ratificó que nada frenará el inicio del proceso.

La instancia judicial remitió la demanda a la jurisdicción de La Paz para que ésta atienda la demanda de los originarios.

El miércoles, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, y el ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, presentaron en Sucre ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca una acción de amparo constitucional para pedir medidas cautelares ante el inicio de la consulta “previa” prevista para el domingo.

Ese tribunal declinó su “competencia” porque los denunciados viven en La Paz; en este caso se trata de ministros del Órgano Ejecutivo, las presidentas de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vocales del Tribunal Supremo Electoral.

César Suárez y Antonio Revilla fueron los vocales que determinaron que no tienen competencia territorial. “No corresponde su tramitación en el Tribunal Departamental de Chuquisaca por efectos de regla territorial”, sostuvo el juez Revilla. Hasta las 18:00 de ayer, el caso no había llegado al Tribunal Departamental de La Paz, según confirmó ayer el presidente de esa instancia, Iván Campero.

Sobre el recurso, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, declaró en la red Unitel que los indígenas pueden recurrir directamente al TCP por incumplimiento del fallo constitucional.

Las presidentas de las cámaras de Diputados, Rebeca Delgado, y de Senadores, Gabriela Montaño, salieron al frente para reafirmar que el próximo domingo 29 de julio se iniciará la consulta a los pueblos indígenas para la construcción de la carretera por el medio del Isiboro Sécure.

Montaño aseguró que el recurso presentado por Vargas no paralizará la consulta. “La sola presentación de un amparo constitucional no implica la paralización del proceso de consulta”, sentenció la autoridad.

La presidenta de Diputados, por su parte, dijo que “no se puede plantear un amparo constitucional contra acciones que como Estado realizamos para el cumplimiento de un derecho colectivo; está totalmente fuera de lugar y no tiene fundamento jurídico ni legal. Todo amparo se puede presentar cuando hay actos que estén vulnerando, restringiendo o suprimiendo un derecho o una garantía”, expresó.

La asambleísta, según la agencia digital Oxígeno, agregó que este amparo está mal elaborado.
El 18 de junio, el TCP emitió un fallo sobre la Ley 222 que condiciona la constitucionalidad de la ley a que antes se realice un proceso de concertación entre los indígenas y el Gobierno.
Juan Del Granado amenaza con juicio
El jefe nacional del MSM, Juan Del Granado, afirmó ayer que en caso de que el Gobierno inicie la consulta en el TIPNIS este domingo, empezará un proceso penal por el delito de “atentado a las garantíasconstitucionales” en contra de las autoridades de Estado, por no cumplir el fallo del Tribunal Constitucional, que establece una concertación de todas las comunidades para llevar a cabo el proceso consultivo.
 “El Gobierno puede ser demandado y lo vamos a hacer si fuera el caso por atentado a las garantías constitucionales, esto señala nuestra norma constitucional (...). el Gobierno ha incumplido de manera flagrante y autoritaria todos y cada uno de los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasada 18 de junio, y a partir de ese incumplimiento, la Ley 222 de ‘falsa consulta’ ha dejado de tener vigencia con el incumplimiento gubernamental”, manifestó Del Granado en conferencia de prensa. El MAS rechazó esta amenaza.

BoA dice que controla 60 por ciento del mercado regulado



LA estatal Boliviana de Aviación (BoA) ya transporta a cerca del 60% de pasajeros del mercado regulado por la ATT tras la salida de AeroSur . El otro 40% es controlado por Amaszonas y Aerocon.
- 26/07/2012
http://www.paginasiete.bo/2012-07-27/Economia/Destacados/7Eco00227-07.aspx

La estatal Boliviana de Aviación (BoA) ya transporta a cerca del 60% de pasajeros del mercado regulado por la ATT tras la salida de AeroSur . El otro 40% es controlado por Amaszonas y Aerocon.

El gerente de la empresa estatal, Ronald Casso, explicó que el retiro gradual de su competidor le permitió a la empresa aumentar la cantidad de operaciones, por lo que terminó por absorber gran parte del mercado.

Por mes, BoA transporta, según Casso, entre 145 mil a 150 mil pasajeros, que representan ese 60%. Actualmente la empresa opera con seis aeronaves y prevé incorporar pronto a su flota una séptima nave, que ya se encuentra en Brasil.

Durante 2011, según el representante de BoA, la empresa trasladó al 49% de los pasajeros regulados. Aclaró que hay otra cantidad de personas que viaja a través del transporte militar, que no está regulado.

Según Casso, debido a que el sector aeronáutico se expande en consonancia con la economía del país, en los próximos años será necesario que los operadores aéreos incrementen su capacidad de transporte, pero también que se mejore la infraestructura aeroportuaria.

“Si hoy una aerolínea como BoA lleva 5.000 pasajeros por día y enfrenta problemas de infraestructura, de saturación en horarios y si sólo crecemos al 10%, significa que en diez años habremos duplicado esa cantidad de pasajeros. Entonces, viene la preocupación sistémica de que ante ese crecimiento todos debemos trabajar, para que se avance en la infraestructura, en equipamiento, aviones y todo se vaya modernizando para que soportemos ese crecimiento”, aseguró el gerente de la compañía estatal de aviación.

Los censos en la región no incluyen la opción “mestizo”


Hay sectores que demandan incluir la alternativa “mestizo” en el censo que se realizará en noviembre.

Página Siete / La Paz - 26/07/2012


 Un estudio da cuenta de que los censos de población que se realizaron en varios países de América Latina, entre ellos Bolivia, no incluyeron la variante mestizo en la pregunta sobre autoidentificación étnica.

 Susana Schkolnik y Fabiana Del Popolo, investigadoras de la CEPAL, en el estudio “Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: una metodología regional”, dan cuenta de que las boletas censales solamente establecieron alternativas para que las personas se autoidentifiquen o se declaren parte de algún pueblo indígena originario.

Entre algunas de las alternativas, como la de Brasil, se mencionan autoidentificaciones como “blanco”, “negro”, “pardo”, “amarillo”, “indígena” y “afrodescendiente”.

La pregunta sobre autoidentificación étnica, sin la opción mestizo, estuvo en los censos de Argentina, Costa Rica, Chile, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.

En el censo de 2001, en Bolivia tampoco se incluyó la opción mestizo en la boleta censal y tampoco está presente para el censo de este año.

Hay sectores de la sociedad civil boliviana que demandan que el termino “mestizo” se incorpore como alternativa para quienes no se autoidentifican como parte de algunos de los pueblos indígenas del país.

Recientemente, la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, anunció que este tema será definido por el Comité Impulsor del Censo, conformado por 18 organizaciones sociales, y el presidente Evo Morales.

Según la agencia ANF, cerca de 230 mil empadronadores se movilizarán el día del Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizará en noviembre en todo el territorio nacional.

Este proceso contará con un financiamiento de 55 millones de dólares, de los cuales 50 millones vienen del Banco Mundial y cinco de las arcas del Tesoro.

La ministra Caro también informó que el censo se realizará en un día de semana, el cual será declarado feriado nacional debido a que no se quiere perjudicar las ferias productivas que se realizan en el área rural.

En Bolivia el último censo se realizó en 2001 y a la fecha la población ha crecido considerablemente, sobre todo en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se estima que la población actual en el país es de diez millones.
Sugieren mejoras para el registro
El grupo de trabajo La Ruta del Censo 2012 sugirió al Instituto Nacional de Estadística (INE) que la boleta censal incorpore preguntas dirigidas a precisar la medición de la residencia habitual y la doble residencia de todas las personas, con el propósito de evitar distorsiones al cuantificar a la población por áreas geográficas y así evitar la subestimación de los flujos migratorios.
 “Bolivia se caracteriza por ser un país con altos flujos migratorios internos”, señala un boletín de prensa del grupo de trabajo conformado por la UMSA, el Observatorio Político Nacional (OPN) de la UAGRM, la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica (DICyT) de la UMSS, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el CEDLA, Instituto PRISMA, Fundación Jubileo, Fundación Tierra, Bolivia Transparente, Fundación Construir, PIEB, Fundación ARU, entre otros.
 Las estrategias de vida de gran parte de los pobladores de las áreas rurales y centros urbanos intermedios han llevado a la intensificación de estos procesos, lo que hace que un creciente número de personas no resida de manera permanente en su lugar de origen, dice el documento.
 El denominativo de “residentes” se suele emplear para aquellos miembros que ya no viven en sus lugares de nacimiento, pero que “ocasionalmente” vuelven y mantienen vínculos culturales y económicos.