TIPNIS Las presidentas de Diputados y Senadores
señalan que el recurso legal presentado por los indígenas no frenará el inicio
del proceso previsto para el domingo.
Página Siete / La Paz - 26/07/2012
http://www.paginasiete.bo/2012-07-27/Nacional/NoticiaPrincipal/2Nac00127-07-12-P720120727VIE.aspx
Archivo digital
El gobernador Costas en el cabildo
del viernes pasado
El Tribunal Departamental de
Justicia de Chuquisaca dijo ayer que no tiene competencia para conocer el
amparo constitucional que presentaron los dirigentes de la IX marcha para
frenar la realización de la consulta en el TIPNIS. El Gobierno, mientras tanto,
ratificó que nada frenará el inicio del proceso.
La instancia judicial remitió la demanda a la jurisdicción de La Paz para que ésta atienda la demanda de los originarios.
El miércoles, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, y el ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, presentaron en Sucre ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca una acción de amparo constitucional para pedir medidas cautelares ante el inicio de la consulta “previa” prevista para el domingo.
Ese tribunal declinó su “competencia” porque los denunciados viven en La Paz; en este caso se trata de ministros del Órgano Ejecutivo, las presidentas de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vocales del Tribunal Supremo Electoral.
César Suárez y Antonio Revilla fueron los vocales que determinaron que no tienen competencia territorial. “No corresponde su tramitación en el Tribunal Departamental de Chuquisaca por efectos de regla territorial”, sostuvo el juez Revilla. Hasta las 18:00 de ayer, el caso no había llegado al Tribunal Departamental de La Paz, según confirmó ayer el presidente de esa instancia, Iván Campero.
Sobre el recurso, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, declaró en la red Unitel que los indígenas pueden recurrir directamente al TCP por incumplimiento del fallo constitucional.
Las presidentas de las cámaras de Diputados, Rebeca Delgado, y de Senadores, Gabriela Montaño, salieron al frente para reafirmar que el próximo domingo 29 de julio se iniciará la consulta a los pueblos indígenas para la construcción de la carretera por el medio del Isiboro Sécure.
Montaño aseguró que el recurso presentado por Vargas no paralizará la consulta. “La sola presentación de un amparo constitucional no implica la paralización del proceso de consulta”, sentenció la autoridad.
La presidenta de Diputados, por su parte, dijo que “no se puede plantear un amparo constitucional contra acciones que como Estado realizamos para el cumplimiento de un derecho colectivo; está totalmente fuera de lugar y no tiene fundamento jurídico ni legal. Todo amparo se puede presentar cuando hay actos que estén vulnerando, restringiendo o suprimiendo un derecho o una garantía”, expresó.
La asambleísta, según la agencia digital Oxígeno, agregó que este amparo está mal elaborado.
La instancia judicial remitió la demanda a la jurisdicción de La Paz para que ésta atienda la demanda de los originarios.
El miércoles, el presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, y el ex mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, presentaron en Sucre ante el Tribunal de Justicia de Chuquisaca una acción de amparo constitucional para pedir medidas cautelares ante el inicio de la consulta “previa” prevista para el domingo.
Ese tribunal declinó su “competencia” porque los denunciados viven en La Paz; en este caso se trata de ministros del Órgano Ejecutivo, las presidentas de las cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vocales del Tribunal Supremo Electoral.
César Suárez y Antonio Revilla fueron los vocales que determinaron que no tienen competencia territorial. “No corresponde su tramitación en el Tribunal Departamental de Chuquisaca por efectos de regla territorial”, sostuvo el juez Revilla. Hasta las 18:00 de ayer, el caso no había llegado al Tribunal Departamental de La Paz, según confirmó ayer el presidente de esa instancia, Iván Campero.
Sobre el recurso, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, declaró en la red Unitel que los indígenas pueden recurrir directamente al TCP por incumplimiento del fallo constitucional.
Las presidentas de las cámaras de Diputados, Rebeca Delgado, y de Senadores, Gabriela Montaño, salieron al frente para reafirmar que el próximo domingo 29 de julio se iniciará la consulta a los pueblos indígenas para la construcción de la carretera por el medio del Isiboro Sécure.
Montaño aseguró que el recurso presentado por Vargas no paralizará la consulta. “La sola presentación de un amparo constitucional no implica la paralización del proceso de consulta”, sentenció la autoridad.
La presidenta de Diputados, por su parte, dijo que “no se puede plantear un amparo constitucional contra acciones que como Estado realizamos para el cumplimiento de un derecho colectivo; está totalmente fuera de lugar y no tiene fundamento jurídico ni legal. Todo amparo se puede presentar cuando hay actos que estén vulnerando, restringiendo o suprimiendo un derecho o una garantía”, expresó.
La asambleísta, según la agencia digital Oxígeno, agregó que este amparo está mal elaborado.
El 18 de junio, el TCP emitió un fallo sobre la Ley 222 que condiciona la
constitucionalidad de la ley a que antes se realice un proceso de concertación
entre los indígenas y el Gobierno.
Juan Del Granado amenaza con juicio
El jefe nacional del MSM, Juan Del
Granado, afirmó ayer que en caso de que el Gobierno inicie la consulta en el
TIPNIS este domingo, empezará un proceso penal por el delito de “atentado a las
garantíasconstitucionales” en contra de las autoridades de Estado, por no
cumplir el fallo del Tribunal Constitucional, que establece una concertación de
todas las comunidades para llevar a cabo el proceso consultivo.
“El Gobierno puede ser demandado y lo vamos a hacer si
fuera el caso por atentado a las garantías constitucionales, esto señala
nuestra norma constitucional (...). el Gobierno ha incumplido de manera
flagrante y autoritaria todos y cada uno de los términos de la sentencia
dictada por el Tribunal Constitucional el pasada 18 de junio, y a partir de ese
incumplimiento, la Ley 222 de ‘falsa consulta’ ha dejado de tener vigencia con
el incumplimiento gubernamental”, manifestó Del Granado en conferencia de
prensa. El MAS rechazó esta amenaza.
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