http://www.paginasiete.bo/2012-07-18/Economia/Destacados/09eco-001-0718.aspx
La revelación fue hecha por el ex
presidente de YPFB Santos Ramírez. La obra es ejecutada por AESA
Página Siete / La Paz - 17/07/2012
Una auditoría técnica presentada por
Gerson Rojas y Agustín Ugarte, los implicados en el caso AESA, cuando aún eran
funcionarios de YPFB, recomendó que se continúen las obras de la planta
separadora de Río Grande con la empresa Gulsby, reveló el lunes el ex
presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez.
Gulsby Process System era la socia del consorcio Catler-Uniservice, que había sido contratada para diseñar y construir partes de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Otros dos informes, uno del directorio de YPFB y otro encomendado por el Gobierno en 2009, sugerían lo propio, pero la construcción ahora es realizada por la firma argentina AESA, a la que se le adjudicaron las obras en la actual administración de la estatal petrolera.
Ramírez, recluido en el penal de San Pedro por el caso Catler-Uniservice, hizo la revelación en una entrevista con el programa No Mentirás, en PAT.
“Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Éstos indican que el pago de 13 millones de dólares que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto”, precisó.
Además mencionó que “hay otro informe (TRGD007) entregado a (Carlos) Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medio ambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía”.
También reveló que “el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby”, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso.
Para pagar a Gulsby, YPFB abrió una carta de crédito en el banco Commerzbank de Estados Unidos, por 35 millones de dólares, de donde en 2009 la compañía extranjera retiró 13,2 millones de dólares.
Villegas, en enero de 2010 informó que Gulsby no tenía patrimonio, activos, recursos, tampoco estados financieros. Por lo tanto era difícil recuperar los recursos que cobró.
La auditoría de la que habló Ramírez el lunes además cobra sentido si se toma en cuenta que el 18 de marzo de 2009 se informó que el Gobierno negociaba con Gulsby para finalizar la planta al margen de Catler.
El dato difundido por La Prensa ese año se sustentaba en el informe MDLE/DGDJA-I 004/09 del 18 de febrero de 2009, entregado al Ministerio de Defensa de las Empresas Estatales y realizado por el entonces consultor Pablo Menacho Diederich, quien posteriormente ocupó la titularidad de la entidad señalada.
El documento hacía referencia a un encuentro del 16 de febrero de 2009, donde una delegación boliviana en EEUU propuso a la empresa en cuestión “conocer si Gulsby estaría dispuesto a terminar el trabajo de la planta de forma directa con YPFB”.
El presidente de la firma, James G. Gulsby, respondió que “de ser ésa la disposición del Gobierno boliviano, no tendrían ningún inconveniente en ello”, pero recordó su contrato con Catler-Uniservice.
La reunión concluyó, según el reporte, con un acuerdo por el que el Estado se comprometía a defender legalmente a la compañía ante cualquier acción de Catler-Uniservice, si la estatal petrolera confirma el avance de obras informado por Gulsby, luego de que se conozcan los resultados de una auditoría.
Gulsby Process System era la socia del consorcio Catler-Uniservice, que había sido contratada para diseñar y construir partes de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
Otros dos informes, uno del directorio de YPFB y otro encomendado por el Gobierno en 2009, sugerían lo propio, pero la construcción ahora es realizada por la firma argentina AESA, a la que se le adjudicaron las obras en la actual administración de la estatal petrolera.
Ramírez, recluido en el penal de San Pedro por el caso Catler-Uniservice, hizo la revelación en una entrevista con el programa No Mentirás, en PAT.
“Tengo la auditoría firmada por ellos, Rojas ocupaba el cargo de jefe de ingeniería y Ugarte trabajaba como jefe de operaciones. Éstos indican que el pago de 13 millones de dólares que se había realizado a la empresa Gulsby era correcto”, precisó.
Además mencionó que “hay otro informe (TRGD007) entregado a (Carlos) Villegas el 29 de agosto de 2009, el mismo tiene que ver con la valoración económica, social y de medio ambiente de la construcción de la planta en Río Grande, en el que se indica que la mejor opción para realizar este trabajo constituye la empresa Gulsby, ya que se perdería 21 meses si se optaba por una nueva compañía”.
También reveló que “el directorio de YPFB en su informe 21/2009 determina continuar con la construcción de esta planta con la Gulsby”, una decisión que no causaba daño económico. Eso es muy curioso.
Para pagar a Gulsby, YPFB abrió una carta de crédito en el banco Commerzbank de Estados Unidos, por 35 millones de dólares, de donde en 2009 la compañía extranjera retiró 13,2 millones de dólares.
Villegas, en enero de 2010 informó que Gulsby no tenía patrimonio, activos, recursos, tampoco estados financieros. Por lo tanto era difícil recuperar los recursos que cobró.
La auditoría de la que habló Ramírez el lunes además cobra sentido si se toma en cuenta que el 18 de marzo de 2009 se informó que el Gobierno negociaba con Gulsby para finalizar la planta al margen de Catler.
El dato difundido por La Prensa ese año se sustentaba en el informe MDLE/DGDJA-I 004/09 del 18 de febrero de 2009, entregado al Ministerio de Defensa de las Empresas Estatales y realizado por el entonces consultor Pablo Menacho Diederich, quien posteriormente ocupó la titularidad de la entidad señalada.
El documento hacía referencia a un encuentro del 16 de febrero de 2009, donde una delegación boliviana en EEUU propuso a la empresa en cuestión “conocer si Gulsby estaría dispuesto a terminar el trabajo de la planta de forma directa con YPFB”.
El presidente de la firma, James G. Gulsby, respondió que “de ser ésa la disposición del Gobierno boliviano, no tendrían ningún inconveniente en ello”, pero recordó su contrato con Catler-Uniservice.
La reunión concluyó, según el reporte, con un acuerdo por el que el Estado se comprometía a defender legalmente a la compañía ante cualquier acción de Catler-Uniservice, si la estatal petrolera confirma el avance de obras informado por Gulsby, luego de que se conozcan los resultados de una auditoría.
Más datos
o Nota Para elaborar esta nota no se
contó con la versión de YPFB debido a que la empresa convocó a una conferencia
a las 17:00 y la edición de este medio se cerró a esa hora.
o Corrupción La planta separadora de
líquidos de Río Grande en principio había sido adjudicada a Catler-Uniservice,
que encomendó la construcción de las partes a Gulsby.
o Adjudicación Luego de las denuncias
de corrupción en contra del ex presidente de YPFB Santos Ramírez se dejó sin
efecto los contratos con Catler-Uniservice y las obras de adjudicaron a AESA,
pero ahora hay dudas sobre el proceso.
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