Derechos Humanos responsabiliza al Gobierno de hechos en Palmasola

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Para la institución, si bien se han planteado numerosas informes sobre la situación, no es suficiente cuando sólo se queda en el papel y no hay acciones concretas.

Los representantes de derechos humanos afirman que lo sucedido en Palmasola es una vulneración flagrante del derecho a la vida.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, responsabilizó a las autoridades de Gobierno de ser responsables de los hechos luctuosos de Palmasola, por la falta de políticas públicas en cuanto a la seguridad carcelaria.
“Ante este cruento hecho, hacemos llegar nuestra más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas y nos solidarizamos con los heridos”, dijo.
“A partir del análisis jurídico que se va a realizar del contexto y situación que se ha dado, son varias las autoridades que tienen que responder, principalmente el Ministerio de Gobierno, cabeza del sector y el director de Régimen Penitenciario, si bien es cierto que han ido planteando varios informes sobre la situación no es suficiente cuando solo se queda en un papel y no hay un accionar concreto”, señaló.
Manifestó que lo que sucedió en el caso de Palmasola es una vulneración flagrante del derecho a la vida, de la cual son los autores las autoridades señaladas.
“Cómo es posible que se detenga a una persona, se la lleve detenida preventivamente y que luego tenga que perder la vida en instalaciones del Estado, eso es una vulneración del derecho a la vida”, dijo Herrera.
“Denunciamos que las instancias de Gobierno son las principales responsables por la falta de políticas públicas en cuanto a seguridad carcelaria. Los funcionarios policiales y otros tienen la obligación de garantizar y proteger el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos en centros penitenciarios”, afirmó.
“Por tanto exigimos que en la vía humanitaria, el Estado provea a los fallecidos de una sepultura digna, comunicándose con todas y cada una de las familias de los privados de libertad, no escatimando en ese fin ningún recurso. Este día debe ser declarado como Día de la Responsabilidad del Estado frente al Privado de Libertad”, aseveró.
“En el marco de la ley, pedimos que todos los niveles del Estado en Santa Cruz, provean de la atención médica urgente y necesaria a todos los heridos sin excepción”, indicó.
No es humano ni es legal, dijo, mantener a ningún herido de gravedad aún dentro del penal ni una sola hora. “Esto es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, Régimen Penitenciario y la Policía, considerando que el accionar contrario es incumplimiento de funciones y omisión de auxilio”, enfatizó.
Los representantes de Derechos Humanos demandaron a las autoridades que el esclarecimiento y la investigación se den por la vía ordinaria, en el marco de la imparcialidad, objetividad y premura, para que se identifiquen las responsabilidades y probables implicaciones de los funcionarios policiales que custodian esta cárcel, “porque las armas de fuego y otros ilícitos ingresaron por la puerta del penal”.
Urgimos la pronta implementación de políticas carcelarias efectivas que eviten este tipo de hechos que enlutan al pueblo boliviano. “El deber del Estado es velar por la vida y la seguridad personal de las personas y con mayor razón de los privados de libertad”, señaló.
“Exigimos respeto y garantías para el trabajo de los defensores de los derechos humanos, quienes podemos ingresar a todo centro penitenciario, cárceles, carceletas, módulos policiales, y otros, para verificar si los derechos humanos son vulnerados y ninguna autoridad, puede interferir en nuestra labor, sin vulnerar normativa boliviana interna e internacional que garantiza el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos”, indicó.