Vuelve el irresuelto caso Chaparina

Editorial

 http://www.paginasiete.bo/2013-02-03/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00103-02-13-P720130203DOM.aspx

- 02/02/2013

La estrategia de apelar a la dilación y consecuente olvido de los hechos puede funcionar en el corto plazo, pero no siempre resulta, sobre todo con un hecho como la brutal represión a los indígenas del oriente, que se dio el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Yucumo, cuando la Policía intentó desactivar violentamente la pacífica VIII marcha de los indígenas de tierras bajas en defensa del TIPNIS.

El caso, a pesar del año y cuatro meses de transcurrido el hecho, sigue sin resolverse y todos en el Gobierno evitan referirse al autor de la orden final de la intervención policial.

En los últimos días, sin embargo, con la inspección del fiscal en el lugar donde ocurrieron los sucesos, el general Óscar Muñoz dijo que la cadena de mando nunca se rompió y que el ex ministro Sacha Llorenti estuvo enterado de los acontecimientos y en contacto con los jefes policiales de la intervención mientras ésta se desarrollaba y no emitió ninguna contraorden para suspenderla.

El único en el Gobierno que admitió conocer a quien dio la orden a la Policía para que reprimiera a los marchistas fue el vicepresidente Álvaro García Linera, según declaró días después de los sucesos, comprometiéndose a revelar su nombre jornadas después. Han transcurrido 16 meses desde entonces y García Linera se guardó la información y privó así a los fiscales de un dato crucial para determinar lo que sucedió aquella jornada.

Es notoria la lentitud con la que los fiscales manejaron el caso Chaparina y no es para menos, porque el Gobierno estuvo representado ante el Ministerio Público por los cabecillas de la recientemente desbaratada red de extorsión a jueces y fiscales, organizada en el mismo Ministerio de Gobierno.

La última revelación, en la inspección ocular, del general Óscar Muñoz Colodro, quien estuvo al mando del operativo en Chaparina, en realidad no es tan novedosa. El ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, en sus declaraciones a la Fiscalía, ya dijo que la orden de intervenir a los marchistas del TIPNIS fue impartida por el entonces titular de Gobierno, Sacha Llorenti. En su comparecencia ante la Fiscalía, contó detalles de la intervención y su declaración de hace más de un año coincide con la de Muñoz Colodro del miércoles 30.

La actuación del ex ministro de Gobierno fue tan cuestionada que lo expulsaron de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la que fue su presidente; sin embargo, nada pudo detener la designación del polémico ex funcionario como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, cargo que hoy ocupa y del que el Gobierno aparenta no tener ninguna intención de removerlo, así se lo señale una y mil veces como autor de preparar y dar la orden del operativo de Chaparina.

Al respecto, Página Siete publicó los recibos de la compra previa del masking, con el que se maniató y amordazó a los indígenas, según la difusión de imágenes estremecedoras, para una sociedad democrática, de aquel día. El plan no sólo consistía en dispersarlos, sino en obligarlos a abordar buses y aviones militares para enviarlos a sus lugares de origen, como solían hacer regímenes anteriores durante los estados de sitio. Todo eso estaba planificado, no surgió de pronto aquel aciago domingo de septiembre por iniciativa de los jefes policiales, siempre respetuosos del mando vertical de su institución.

Una de las autoridades que mostró indignación ante los sucesos de Chaparina fue la entonces ministra de Defensa, Cecilia Chacón; al día siguiente de los acontecimientos presentó renuncia irrevocable a su cargo y, más adelante, calificó la designación de Sacha Llorenti en el cargo de embajador de Bolivia ante NNUU como “impunidad”.

Claramente, Chacón tiene muchas más cosas que decir, pero se las guardó, cuando menos hasta ahora, que ha reaparecido para voluntariamente ponerse a disposición de los fiscales que investigan el caso. Será esclarecedor que la Fiscalía convoque a la ex ministra, si realmente se quiere establecer la verdad histórica de los hechos.