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La oposición exige la aprehensión de Soza y los que son citados en la grabación sean investigados, como el entorno del vicepresidente Álvaro García Linera.
Nancy Vacaflor / La Paz - 01/04/2013
ABI
“Esa voz es un montaje para destruir el caso terrorismo”, afirmó Soza a los medios de comunicación después de cerca de cuatro horas de prestar su declaración ante el fiscal Genaro Quenta, que investiga el caso.
Soza renunció al cargo de fiscal de materia el 19 de marzo, después desapareció. El Ministerio Público tuvo que notificarle mediante cedulón para que se presente este lunes 1 de abril, de no hacerlo se advirtió con emitir un mandamiento de aprehensión.
Es investigado por la Fiscalía por un audio -en el que aparecería la voz de Soza- y fotografías, presentadas por la senadora Carmen Eva Gonzales, que lo vincularían con la red de extorsión, asimismo de confirmarse que es su voz, hace revelaciones que vinculan a algunas autoridades gubernamentales con el presunto grupo terrorista de Eduardo Rózsa. El ex fiscal respondió entre 20 a 30 preguntas referidas a la relación de sus viajes, el tipo de investigación que realizó y sobre la acusación a 39 personas en el caso terrorismo I.
Soza apareció luego de varios emplazamientos que hiciera el fiscal general Ramiro Guerrero y diferentes autoridades del Órgano Ejecutivo para que explique el audio y las fotos.
Un peritaje encomendado por la senadora Gonzales a un experto brasileño certifica la autenticidad de la grabación y que la voz es efectivamente de Marcelo Soza. Un segundo estudio fue encomendado por el comentarista de televisión Carlos Valverde al especialista español Miguel Ángel de la Torre Guijarro y los resultados son coincidentes.
Sin embargo, en Bolivia los peritos de la Universidad Policial (Unipol), que hacen el estudio, aún no entregaron los resultados a la Fiscalía. Quenta mostró su extrañeza por la excesiva demora.
Precisó que todo peritaje debe realizarse con autorización del Ministerio Público para que el audio tenga un valor legal.
“El perito debe cumplir ciertas formalidades, como ser designado, prestar juramentos, establecer puntos de pericia”, entre otros, citó Quenta.
Soza dirigió la investigación del caso terrorismo I, referido a la desarticulación de un presunto grupo terrorista que tenía planes separatistas junto a líderes autonomistas. Para alejarse de sus funciones alegó amenazas, las que ratificó en la víspera.
“He recibido amenazas, difamaciones y presiones de los grupos de poder”, sostuvo Soza.
Tres procesos se abrieron contra Soza, dos de tipo penal, por incumplimiento de deberes y otro de carácter disciplinario.
Su abogado, Moisés Ponce de León, anunció que asumirá defensa de su cliente, aunque dijo que no se puede investigar a base de una “prueba ilegalmente” obtenida, al reiterar que fue montada y que carece de veracidad.
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