De viáticos y gastos reservados

Editorial

http://www.paginasiete.bo/2013-04-12/Opinion/NoticiaPrincipal/14Opi00112-04-13-P720130412VIE.aspx

- 11/04/2013

Después del zafarrancho provocado, el presidente Evo Morales abrogó el decreto supremo que daba derecho a sus hijos y a la esposa del Vicepresidente a tener viáticos y pasajes de avión para casos de visitas oficiales al exterior. El decreto les permitía además contar con un pasaporte oficial.

La aprobación del decreto era una medida injustificada. Los familiares de los primeros mandatarios no representan al país y, por lo tanto, el Estado no puede correr con sus gastos, aun si son invitados oficialmente por otros países. Si ellos aceptan viajar deberían costear sus propias expensas.

Algunos críticos del Presidente señalaron también que esta decisión demuestra que cada vez está más alejado de las sensibilidades de la opinión pública y que el discurso de austeridad y de diferenciación con sus antecesores pierde validez paulatinamente. Ante este panorama, la decisión presidencial de eliminar ese decreto es positiva y debe ser aplaudida.

Otro asunto tiene que ver con este tema, sin embargo: el de los salarios de los altos funcionarios públicos. La idea del Gobierno de reducir grandemente esos honorarios (y de prohibir que alguien en el sector público gane más que el Presidente) tuvo un efecto simbólico importante, pero su aplicación inflexible y drástica ha generado muchas dificultades. La más importante, la caída en la calidad de gestión del Estado debido a que la competencia del sector privado desalienta a muchos buenos profesionales a trabajar en el sector público. No son salarios bajos para una mayoría de la población, pero lo son entre los puestos importantes del sector privado.

En el caso del sector petrolero (y después, en telecomunicaciones) ello fue tan evidente que el Gobierno terminó flexibilizando su posición inicial para permitir que gerentes y otros cargos jerárquicos puedan tener un sueldo mayor al del Presidente, que es de 14.000 bolivianos, muy inferior a lo que paga el mercado.

Ante tantas evidencias, el Presidente ha ampliado esas decisiones y ha señalado que los rectores de las casas de estudios estatales también deben tener un salario superior, que él estima debe ser de 20.000 bolivianos (pero que seguramente sigue siendo inferior a lo que reciben los equivalentes de universidades privadas). El mismo Presidente, para permitir al resto de los funcionarios públicos ganar más, ha aceptado analizar que su sueldo suba a 18.000 bolivianos. Son buenas noticias.

Todo esto no quiere decir que se deba volver a una práctica criticable del pasado, el pago de los denominados sobresueldos. Antes de 2006, cuando llegó al poder el MAS, los funcionarios estatales tenían un honorario “oficial” y otro que se pagaba con la partida de “gastos reservados” (que debía usarse para casos de defensa de la “seguridad nacional”). Esa práctica fue una de las que más irritaron a la ciudadanía y la puso en contra de la denominada “clase política” que estaba en el poder entonces. Pero no volver a esa práctica no quiere decir tener una escala salarial irracional.

Finalmente, sobre los denominados “gastos reservados”, el Gobierno insiste en que han sido eliminados por completo. Es efectivo, además, que en el Presupuesto General del Estado ya no existe la mencionada partida.

Pero es claro que el Gobierno cuenta con dinero que está fuera del Presupuesto. Hace dos años se divulgó un video en el que se ve cómo un funcionario del Gobierno, Carlos Núñez del Prado, entrega 30.000 dólares a un testigo del caso terrorismo para que se fugue del país. ¿De dónde salieron esos recursos? Más aún, el mismo Núñez del Prado fue hasta Argentina, según se ve en otro video, a traer a un acusado del mismo caso. Finalmente, en una reciente entrevista con la cadena Al Jazeera, admitió que el supuesto grupo terrorista que encabezaba Eduardo Rózsa fue “infiltrado”. El Gobierno nunca aclara de dónde salen esos recursos, entre muchos otros, como pagar por el alimento de policías y militares que son desplegados a áreas rurales para hacer frente a problemas sociales. En el Presupuesto de estas dos entidades, esos pagos no figuran.