Estado plurinacional y nación boliviana

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05/08/2010 publicado por eju.tv 0 Archivado en:Opinión

 

Daniel A. Pasquier Rivero
La efeméride del 6 de agosto este año 2010, nos mueve algunas reflexiones. Se debate intensamente hasta el porqué ha elegido el gobierno a Santa Cruz como sede para el evento, dejando a un lado a Sucre, reconocida como la “Capital de Bolivia” (Art. 6, CPE), desde donde el Presidente tradicionalmente emitía su Mensaje a la Nación. Los sentimientos de los chuquisaqueños y, en especial, de los sucrenses, nuevamente heridos. Más allá de la legalidad e intención alegadas por el gobierno de promover la integración de los bolivianos a un concepto de Patria más incluyente, más participativa, está la realidad social y política expuesta desde la Asamblea Constituyente: Sucre pelea por una efectiva “capitalidad”, tener título y patrimonio; es decir, recuperar el poder político y administrativo trasladando la estructura del poder público a la Capital constitucional. Posición rechazada en rotundo tanto por el gobierno como por la institucionalidad paceña, quienes promovieron un Cabildo con más de un millón de personas bajo el lema “la capital no se mueve”: La Paz contra todos; se sumó otro motivo de desunión nacional.
¿Se reafirma la unidad de la Patria trasladando el festejo de la Declaración de Independencia a tierra grigotana? Para empezar, no vendrán autoridades ni representantes chuquisaqueños, que en un pasado reciente conformaron alianzas con Santa Cruz en defensa de la autonomía, el Estado de Derecho y la inclusión en el debate asambleísta del tema capitalidad. La decisión gubernamental genera susceptibilidades entre ambas comunidades. O bien, la decisión sólo responde a que en La Paz no era posible, a pesar de estar necesitando recuperar cierto liderazgo, y qué mejor que estos eventos de gran impacto mediático y emocional. Pero tuvieron enormes dificultades para acordar un sólo acto oficial en las fiestas julianas; el motivo de discordia, un programa del Gobernador oficialista contra otro preparado por el Alcalde, opositor o disidente, que hizo valer el ser primera autoridad de la ciudad capital del departamento La Paz. El embrollo se resolvió pero no faltaron actos displicentes por ambas partes aún en plena ceremonia. Para algunos (R. Carvalho), el motivo principal de trasladarse a Santa Cruz es que en realidad el Presidente y su gobierno no tienen buena acogida todavía en parte del territorio nacional, lo cual se reflejó en la derrota del 4 de abril, 2010: perdió en 6 de las 9 capitales de departamento.
Potosí está en pie de guerra; paro total de una semana y decisión de aguantar “hasta las últimas consecuencias”. Hay reivindicaciones añejas, pero demuestran sobre todo el desencanto con la propuesta política de “cambio”, en la que los pueblos indígena originario campesino tenían la oferta del oro y el moro con su derecho reconocido en la CPE a la libre autodeterminación y el autogobierno. En la protesta no están sólo las élites urbanas, están los ayllus, obreros y trabajadores mineros, con fuerte tradición de lucha por reivindicaciones sociales. Y lo hacen con mucha razón. No es aceptable que Potosí, que lo ha dado casi todo durante la Colonia y la República, esté ahora con el Estado Plurinacional viendo cómo se derrumba el Cerro Rico, que cubre sus espaldas, sin recibir la atención que merece; por siglos sus entrañas engordaron fantásticas fortunas mientras el pueblo emigraba huyendo de la miseria. Para colmo, la cuestión de límites con Oruro envenena la relación próxima entre quechuas y otros pueblos originarios. Allí, hoy se vive “el tinku” mientras el gobierno se afana en la búsqueda de piloto para el nuevo avión del presidente.
El Oriente, sin embargo, se mantiene bajo “la tutela” del centralismo. Se le dio la autonomía que el gobierno quiso. El mismo que justifica su política repitiendo hasta el aburrimiento que tiene el aval de la mayoría, borró de un plumazo la voluntad de mayorías expresadas por más del 80% en los distintos Referendos Autonómicos. En consecuencia, Tarija queda convocando de nuevo a Cabildo, Pando está “intervenido” con bota militar, en el Beni se ensayan jueguitos coloniales como “el gata parida” o, “el que se va a Sevilla, pierde su silla”; por último, todos los gobernadores autonomistas están procesados, y uno preso sin juicio ni sentencia. Con Santa Cruz bastó “el complot separatista terrorista” para tirarlo a la lona.
La Nación se la partió en plurinacionalidades con la CPE (Art. 2), lo que en corto tiempo pasó de éxito teórico político a la agonía de su aplicación. Se ha truncado el proceso lento, difícil, penoso y sangriento tantas veces, de construir “una identidad nacional” que diera cobijo a los habitantes de la antigua Audiencia de Charcas y la Gobernación de Mojos y Chiquitos, y donde todos, indígenas campesinos e indígenas urbanos, del altiplano valles y llanos, junto a los mestizos campesinos y los mestizos urbanos, se reconocieran un día como ciudadanos iguales y hasta hermanos. Se ha hecho tabula rasa con esa Nación boliviana, desconociendo que los ayllus fueron en parte rescatados de la esclavitud incaica, y que los indígenas del oriente encontraron protección en la gente que con sentido cristiano veló por ellos y promulgó leyes en su favor. Acentuando las diferencias se recorre el camino inverso al procurado por las mentes y espíritus más preclaros de los 185 años de República.
Al debilitar y cuestionar la existencia de “los lazos comunes” se ha desconocido la unidad de la Nación boliviana y, de paso, se ha hecho trizas al Estado subyacente (la “desagregación”, de C. Llovet), con todas sus expresiones de conflicto a lo largo y ancho del territorio patrio. Frente a esto, a Santa Cruz le corresponde este 6 de agosto levantar la resistencia republicana, ideal de Nación y de Estado, porque bien podemos repetir “Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria”, pero que no nos endilguen que “hemos guardado un silencio parecido a la estupidez” (Proclama de la Junta Tuitiva el 27 de julio, 1809).