Rusia se opone mediante ley a despenalización del ‘acullicu’

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Vladimir Putin se opone al libre masticado de coca.

(Agencias).- El gobierno de Vladimir Putin presentó en la Cámara Baja de Rusia un proyecto de ley oponiéndose al cultivo de la coca en Bolivia, con el fin de evitar la inclusión de la cláusula, en la Convención, del reconocimiento legal del cultivo y masticado de la hoja de coca.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó en la Duma de Estado (Cámara Baja del parlamento ruso) un proyecto de ley mediante el cual el gobierno ruso se opone a la inclusión de la cláusula boliviana en la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU que permitirá a la nación andina cultivar la hoja de coca, informa Ria Novosti.
El gobierno ruso señaló que a la par con el nuevo acto de reincorporación en correspondencia con el punto 3 del artículo 50 de la Convención en esta se incluirá una cláusula que permitirá el reconocimiento legal del cultivo y masticado de la hoja de coca.
Según el proyecto de ley, la cláusula que Bolivia propone no corresponde al fin y espíritu de la Convención, “puesto que puede acarrear consecuencias negativas tales como el aumento del comercio ilícito de cocaína”.
Además, el documento especifica que la aprobación de dicha cláusula creará un precedente peligroso que podría ser aprovechado por otros Estados para crear en sus países condiciones más liberales en lo que respecta al control de narcóticos, condiciones no estipuladas en la Convención.
En junio del año pasado el gobierno boliviano decidió retirarse del convenio internacional porque éste considera la hoja de coca en estado natural como un estupefaciente y daba un plazo de 25 años para erradicar su cultivo por completo.
No obstante, seis meses después Bolivia solicitó su reincorporación, con la condición de que se respete el masticado de las hojas de coca. Para ello propuso un nuevo acto de incorporación a la Convención de 1961, enmendada en correspondencia con el protocolo de 1972.
Tras su solicitud, se estableció un periodo de 18 meses para que Bolivia explique sus argumentos a la comunidad internacional y para que los países miembros de la Convención analicen el pedido.