Las mujeres gobernantes

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- 29/01/2013

No parto de la hipótesis de que el Gobierno de Evo Morales actúe consecuentemente con el cambio prometido a la sociedad, ni siquiera que lo haga en cumplimiento de la nueva CPE. A estas alturas de la historia, y a la luz abrumadora de los hechos, ésas serían suposiciones demasiado irreales y pretenciosas.

Planteo lo que el Gobierno y particularmente las mujeres gobernantes tendrían que hacer, mínimamente, si sólo y modestamente respetaran los derechos humanos fundamentales y asumieran la efectiva defensa de la mujer boliviana, ante la interminable cadena de espantosos crímenes contra mujeres que vienen cometiendo autoridades públicas del partido de Gobierno.

Cecilia Ayllón, como mujer, abogada y nada menos que ministra de Justicia, lo menos que habría tenido que hacer, ni bien enterada del caso de la violación en la Asamblea Departamental de Chuquisaca, era encontrar a la trabajadora violada, brindarle todo el importante apoyo que está en las posibilidades y obligaciones del Estado boliviano, y darle las más amplias, sólidas y convincentes garantías para que denuncie a su agresor. Al mismo tiempo, con igual prontitud, habría tenido que hacer todas las gestiones y representaciones que corresponden a sus altas atribuciones, para que los asambleístas agresores sean detenidos preventivamente.

Pero en lugar de eso, la ministra Ayllón se limitó a declarar que si no había denuncia de la víctima, el Ministerio Público no podría procesar a los asambleístas, y pareció no importarle que, antes que los asambleístas agresores, entre a la cárcel el ex funcionario acusado de divulgar el video incriminatorio, gracias a cuyo escandalizante conocimiento público se han tomado algunas acciones contra aquéllos.

Marianela Paco, como mujer, asambleísta plurinacional y presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, lo menos que habría tenido que hacer, cuando conoció la denuncia que señalaba al asambleísta masista Justino Leaño como violador de una niña, con la que además tiene estrecho parentesco, era tramitar inmediatamente el procesamiento penal del denunciado, incluyendo su licenciamiento y detención preventiva. En lugar de eso, retuvo durante ocho meses la denuncia sin darle trámite alguno, dando lugar a que su propio correligionario y colega Javier Zavaleta anuncie enjuiciarla si el denunciado, gracias a la larga y protectora oportunidad ya brindada por Paco, evadía la justicia.

Las dos mencionadas mujeres gobernantes, y todas las demás ministras y legisladoras del oficialismo, cuando se conoció la brutal represión desatada contra las mujeres indígenas de la VIII Marcha y sus pequeños hijos, lo menos que habrían tenido que hacer, si no renunciar con la ejemplar dignidad con la que lo hizo Cecilia Chacón, era exigir, efectiva y sostenidamente, el juzgamiento de los responsables.

En lugar de eso, algunas de ellas, las que más hicieron, se limitaron a expresar su “indignación”, y luego todas brindaron su tácita pero notable complacencia con el desenlace de impunidad que culpó sólo a los chivos expiatorios y premió con ascensos y nombramientos, uno a uno, a los verdaderos responsables. Ninguna de ellas dijo nada, salvo quizá alguna salutación, cuando los bolivianos fuimos humillados e insultados con el nombramiento de Sacha Llorenti, mariscal de Chaparina, como representante del país ante las NNUU.

Lo menos que tendrían que hacer las mujeres gobernantes, aunque no se asuman como conductoras de revolución alguna, sino sólo como mujeres comunes y corrientes que cumplen sus obligaciones con algo de integridad y sensibilidad hacia otras mujeres, es defender a las mujeres que sufren agresiones de los hombres gobernantes, por lo menos si esas agresiones son repugnantes y brutales crímenes como violaciones, además cometidas contra niñas o mujeres humildes e indefensas, o golpizas que desfiguran el rostro de la víctima.

En lugar de eso, las mujeres gobernantes se limitan a reiterar la defensa coral de su propia imagen y declamar su apasionado compromiso con los derechos de las mujeres en profusos spots televisivos, mientras sus correligionarios criminales disfrutan la impunidad franqueada por sus cómplices omisiones. En su descargo, habrá que reconocer que, como es casi obvio, están ética e ideológicamente a tono con su Presidente y su Gobierno.



Alejandro Almaraz es abogado. Fue ministro de Tierras.