Suxo pide juicio para víctimas de extorsionadores

¿ESTA MUJER ENTIENDE LA DIFERENCIA ENTRE DENUNCIA Y CONFESIÓN?. LO QUE ESTAN HACIENDO LAS VICTIMAS DE LOS EXTORSIONADORES ES DENUNCIAR VALIENTEMENTE PARA QUE SE HAGA JUSTICIA. SOLO POR ESTA DECLARACIÓN LE ESPERAN LARGOS DE DE PRISION A ESTA MINISTRA. PORQUE ... ¡EL FUTURO LLEGA!

                                                                    

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Investigación. Surgen contradicciones entre la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, y el de Gobierno, Carlos Romero, por la red extorsiva. Prevén hacer una investigación congresal

04 de Diciembre de 2012

MINISTRA. Nardi Suxo, titular anticorrupción, se pronunció sobre los funcionarios extorsionadores mediante un comunicado

Mery Vaca / Marcelo Tedesqui 
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, solicitó al Ministerio Público que, de oficio, inicie procesos contra las personas que han sido víctimas de extorsión de agentes del Gobierno porque cree que han cometido un delito al entregar dinero a funcionarios públicos a cambio de favores judiciales.
Suxo también pidió iniciar juicios contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado que hubieran sido denunciadas por supuestos casos de extorsión.
“Solicitamos al fiscal general del Estado iniciar de oficio, los procesos contra las autoridades de los cuatro órganos del Estado así como a todas las personas que aseguran haber sido víctimas de extorsión y que hubieran entregado dádivas de algún tipo a servidores públicos, para obtener beneficios personales, pues esas acciones también son consideradas como un hecho de corrupción, de acuerdo con el artículo 158 del Código Penal”, señala un comunicado emitido anoche por el Ministerio de Transparencia.
El artículo citado tipifica el “cohecho activo”, que se da cuando una persona da dinero a un funcionario a cambio de algún favor. El mismo se sanciona con penas de hasta cuatro años de cárcel.
La demanda de Suxo va en contracorriente de la posición asumida por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien por la mañana, manifestó: “Saludamos que otra gente que ha podido ser víctima de esta red de corruptos y de extorsionadores salga a luz, presente sus denuncias en el ámbito judicial y a través de los medios”. Por ejemplo, en Santa Cruz, los ediles Óscar Vargas, Enrique Landívar, Leonardo Roca y Manuel Saavedra presentaron ayer una denuncia contra el exfiscal Isabelino Gómez, a quien identifican con la red de extorsión que favoreció al ejecutivo municipal cruceño en los juicios planteados en su contra.
Suxo señaló que “causa extrañeza y rechazo total el hecho de que procesados por hechos de corrupción, que habiendo sido denunciados con pruebas fehacientes, pretendan victimizarse y deslegitimar el trabajo desarrollado por el Ministerio de Transparencia”.
La autoridad aludió al exjuez Luis Tapia Pachi, asilado en Brasil, quien declaró que recibió presiones de parte de la ministra para no insistir con el cambio de jurisdicción del caso terrorismo. En respuesta, Suxo dijo que no tiene tuición sobre los casos terrorismo y de narcotráfico.
El ministro Romero también cree que es probable que “algunos querrán aprovecharse y presentarse como víctimas de esta red, para tratar de deslegitimar los procesos judiciales que hay contra ellos, pero seguramente todo eso se irá decantando y se irá esclareciendo”.
Por otra parte, si bien el ministro de Gobierno negó que la Oficina Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés) hubiese sido partícipe de la investigación que destapó la red que extorsionó a Jacob Ostreicher, en una entrevista concedida a la red Erbol, Jerjes Justiniano, abogado de Ostreicher, aseguró que él y su colega Yimmy Montaño fueron convocados en julio por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de EEUU para informar sobre la detención de su cliente en Bolivia, acompañados del entonces agente del FBI, Steve Moore.
Justiniano ratificó que el FBI investigó el caso y que es evidente la influencia de EEUU para el desenlance que tomó la historia.
En ese contexto, el diputado del MAS, Franklin Garvizu, manifestó que “han fallado los niveles de control interno”.  Por ello Garvizu confía que el 22 de enero, fecha en la que se mueve el gabinete ministerial, el presidente Evo Morales sabrá sopesar la continuidad de los ministros que han “manchado” al Gobierno.

 

Comisión investigadora toma cuerpo

En la Asamblea Plurinacional, las diferentes bancadas construyen un consenso en torno a la creación de una comisión parlamentaria, plural e independiente que acompañe y fiscalice la investigación de la red de extorsionadores que, según el Ministerio de Gobierno, se había incrustado en el Poder  Ejecutivo, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.

Así lo han corroborado Edwin Tupa y Franklin Garvizu, parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS); por otro lado, Fabián Yaksic, diputado del MSM, y Germán Antelo, senador por CN, sostienen que esa es la forma más sensata de garantizar una pesquisa imparcial, que no excluya a ningún implicado por alto que sea su cargo.

“Ojalá la bancada del MAS no rehúya a esta responsabilidad que tiene el Congreso”, sostuvo Yaksic, que recordó que su partido presentó una solicitud de creación de una comisión investigadora el jueves de la semana pasada. “Si el Ejecutivo se investiga a sí mismo no se va a llegar a fondo”, argumentó Antelo, que como opositor apoya la medida.

Tupa no ha descartado la medida y dice que es una posibilidad a tomar este sábado, cuando el Congreso reinicie sus sesiones. Garvizu fue más contundente y sostuvo que la bancada cruceña apoya la idea de formar una comisión legislativa que siga las pesquisas del Ministerio Público. De este tipo de comisiones se tiene por antecedente la que se formó en la pasada legislatura, cuando se investigó el caso Rósza. / Ruy D’Alencar.