- 11/07/2012
Dijimos en un editorial anterior que el país debe
procurar generar un consenso entre los sectores políticos, sociales y
económicos para poner límites a las formas de protesta. La libertad de
protestar es parte indisoluble de la democracia y su defensa debe ser mantenida
siempre. Sin embargo, existen derechos que se violan cuando un grupo protesta.
De ahí la necesidad de intentar fijar unos límites a esas manifestaciones. Una
huelga de hambre, por ejemplo, es un sacrificio de una persona que desea
conmover a la sociedad y forzar a las autoridades a cambiar alguna decisión o
actitud. Lo mismo una marcha (siempre que no bloquee un camino). Como ésas hay
otras formas, algunas extremas (y a veces histriónicas) como las crucifixiones,
que realmente no implican, al ejecutarlas, una afectación a los derechos de los
otros.
Pero cierto tipo de protestas rayan en el delito y algunas simplemente lo son. Ya se mencionó el tema de los bloqueos de caminos, que tienen un efecto demoledor contra la vida económica y personal de miles de personas. Si se lograra un consenso al respecto, esta medida debería ser prohibida legalmente. La otra forma de protesta más reciente es, nada menos, la del secuestro. Es uno de los delitos más graves contra la persona, identificado como tal por las convenciones internacionales que ha suscrito Bolivia y una de las preocupaciones centrales de entidades como las NNUU. Y, como si no pasara nada, está empezando a ser usado por sectores sociales.
Pero es tan grave, y sienta un precedente terrible, como señalaron dos abogados prestigiosos a Página Siete esta semana, que los secuestros organizados por los comunarios de Mallku Khota (primero contra dos policías, que fueron torturados, y luego contra cinco funcionarios de la mina y un policía) no sean investigados por el Estado. No sólo eso. En premio, el mismo Presidente que no quiso hablar con la dirigencia de la IX marcha se reunió, muy sonriente y bromista, con los dirigentes secuestradores, aceptando sus pedidos: la nacionalización del yacimiento en cuestión y que las comunidades se hagan cargo, a través de Comibol, de su aprovechamiento. Ojalá que nos equivoquemos, pero lo que sucederá será muy distinto: no habrá ni las inversiones ni la tecnología para hacer la exploración, ni qué decir la explotación.
Lo curioso es que el mismo Gobierno que cree que el canciller David Choquehuanca fue “secuestrado” en Chaparina por mujeres indígenas (él dice, sin embargo, que sólo fue obligado a marchar), hoy piense que el hecho de que Mallku Khota haya tomado a rehenes (que fueron, además vejados física y psicológicamente) no implica un delito. Al aseverar aquello, el ministro Daniel Santalla ha cometido un gafe que podría tener consecuencias nefastas.
Pero cierto tipo de protestas rayan en el delito y algunas simplemente lo son. Ya se mencionó el tema de los bloqueos de caminos, que tienen un efecto demoledor contra la vida económica y personal de miles de personas. Si se lograra un consenso al respecto, esta medida debería ser prohibida legalmente. La otra forma de protesta más reciente es, nada menos, la del secuestro. Es uno de los delitos más graves contra la persona, identificado como tal por las convenciones internacionales que ha suscrito Bolivia y una de las preocupaciones centrales de entidades como las NNUU. Y, como si no pasara nada, está empezando a ser usado por sectores sociales.
Pero es tan grave, y sienta un precedente terrible, como señalaron dos abogados prestigiosos a Página Siete esta semana, que los secuestros organizados por los comunarios de Mallku Khota (primero contra dos policías, que fueron torturados, y luego contra cinco funcionarios de la mina y un policía) no sean investigados por el Estado. No sólo eso. En premio, el mismo Presidente que no quiso hablar con la dirigencia de la IX marcha se reunió, muy sonriente y bromista, con los dirigentes secuestradores, aceptando sus pedidos: la nacionalización del yacimiento en cuestión y que las comunidades se hagan cargo, a través de Comibol, de su aprovechamiento. Ojalá que nos equivoquemos, pero lo que sucederá será muy distinto: no habrá ni las inversiones ni la tecnología para hacer la exploración, ni qué decir la explotación.
Lo curioso es que el mismo Gobierno que cree que el canciller David Choquehuanca fue “secuestrado” en Chaparina por mujeres indígenas (él dice, sin embargo, que sólo fue obligado a marchar), hoy piense que el hecho de que Mallku Khota haya tomado a rehenes (que fueron, además vejados física y psicológicamente) no implica un delito. Al aseverar aquello, el ministro Daniel Santalla ha cometido un gafe que podría tener consecuencias nefastas.
http://www.paginasiete.bo/2012-07-12/Opinion/NoticiaPrincipal/16Opi00112-07-12-P720120712JUE.aspx
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