lunes, 6 de agosto de 2012

Asambleísta del MAS condenado por asesinato mantiene su curul



Por Anf - Agencia - 3/08/2012

LA PAZ |

El asambleísta Gabriel Pinto Tola por la provincia Aroma y el Movimiento Al Socialismo (MAS), condenado en agosto del año pasado a 30 años de cárcel por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, se comprobó hoy que mantiene su curul en la Asamblea Departamental de La Paz.

"Pinto pidió permiso indefinido sin goce de haberes", informó Eloy Tuco, nuevo presidente de la Asamblea La Paz. Pero el representante de la provincia Aroma no perdió su curul. Tampoco tiene un suplente.

"La gente de la provincia Aroma ya observó esta situación y pedirían la elección de otro asambleísta", apuntó Tuco.

Explicó que los familiares del alcalde Benjamín Altamirano que fue asesinado el 15 de junio de 2004 entregaron a la Asamblea Departamental fotocopias de la sentencia en contra del asambleísta Gabriel Pinto Tola.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Eloy Tuco, aseveró que nunca llegó la documentación original para dar curso al desafuero del asambleísta Pinto.

Dijo que en tres ocasiones se envió notas escritas al Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz y a la magistrada Aida Luz Maldonado para que informen sobre la situación legal de Pinto Tola. "El asambleísta Pinto Tola no asiste a reuniones y pidió permiso indefinido sin goce de haberes en septiembre del año pasado", reiteró.

Gabriel Pinto Tola, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la provincia Aroma, fue sentenciado a 30 años de cárcel por su participación en el asesinato del entonces alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, que ocurrió en 2004.

Un tribunal de La Paz emitió en agosto del año pasado una sentencia condenatoria en contra de Gabriel Pinto por 30 años de presidio por el secuestro y asesinato del alcalde del municipio paceño de Ayo Ayo. La sentencia era de conocimiento del equipo jurídico del gobernador César Cocarico pero nadie sabe porque no llegó el documento del tribunal quinto de sentencia de La Paz a poder de la Asamblea Departamental, según fuentes judiciales.

En los tribunales judiciales de La Paz se supo que existen pendientes otros procesos abiertos en contra de Gabriel Pinto Tola.

El 15 de junio de 2004, Benjamín Altamirano fue secuestrado, flagelado, torturado y su cuerpo apareció quemado en la plaza de Ayo Ayo, por presuntos hechos de corrupción. La juez Nancy Bustillos del Tribunal Quinto de Sentencia de la Corte Superior del Distrito de La Paz, sentenció hace dos años, con penas de entre dos a 30 años de cárcel a 14 de los 18 procesados en el juicio por el asesinato de Benjamín Altamirano.

En este caso están implicados el asambleísta Gabriel Pinto Tola, Cecilio Huanca Mamani, Severo Sánchez Laime, Alejandro Valerio Mamani, Casiano Pinto Valero, Dionisio Mamani Condori, Norberto Calle Flores y Eulogio Quispe Colque fueron sentenciados a 30 años por asesinato, lesiones, tortura y secuestro.

ONU: Bolivia vota en contra de condenar al régimen sirio



Por Efe - Agencia - 3/08/2012

NACIONES UNIDAS |

Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua votaron hoy contra una resolución de condena al régimen sirio en la Asamblea General de la ONU al considerar el texto "desequilibrado" y una injerencia en los asuntos internos de Siria.

La Asamblea General aprobó hoy por amplia mayoría una resolución de condena del régimen de Bachar al Asad, con apoyo de 133 países, incluidos la mayoría de naciones latinoamericanas, 12 en contra y 31 abstenciones, incluido Ecuador.

El embajador de Cuba ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera, señaló en su intervención antes de votar que la resolución es "desequilibrada" porque puede "abrir la puerta a una intervención extranjera" de la que, según dijo, "tenemos ya experiencia en el pasado reciente".

"Necesitamos el cese de todos los actos de violencia, de las masacres y también de los actos terroristas que se cobran vidas inocentes en Siria, por lo que se necesita detener la transferencia de armas y dinero a los grupos insurgentes", añadió.

El diplomático cubano responsabilizó de esas prácticas a "Estados Unidos y sus aliados europeos", que cuentan con "políticas dedicadas a cambiar regímenes" que se traducen su objetivo de "derrotar por la fuerza a gobiernos soberanos".

Cuba también acusó de "manipulación" al "emporio mediático occidental", que cubre el conflicto en Siria, según dijo el embajador, "con propósitos políticos que incitan un brutal baño de sangre".

Por su parte, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, dijo que la resolución no es objetiva y constituye una intervención en los asuntos internos de un estado "soberano e independiente".

Asimismo, lamentó que el texto describa una "larga lista" de violaciones de derechos humanos "atribuidos al Gobierno de Siria", pero "minimice u oculte los crímenes cometidos por los grupos terroristas y por la oposición armada".

Para Caracas, la única "opción viable" es un diálogo político "sincero e inclusivo" en el que, según indicó, se niega a participar la oposición, a la que acusó de "practicar o apoyar" el terrorismo y que sobrevive "gracias al apoyo foráneo".

Así, tras respaldar "todas las iniciativas orientadas a la búsqueda de la paz", lamentó la renuncia del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annna, cuyo plan de seis puntos, dijo, "conserva toda su vigencia".

"Los guerreristas y los que apuestan por la intervención militar sabotearon sus gestiones de paz", añadió el embajador venezolano, quien reiteró que su gobierno comparte las posiciones asumidas por Rusia y China.
Por su parte, el embajador boliviano, Rafael Archondo, reconoció que la ONU debe actuar para frenar la crisis, pero alertó de que "hay claros límites" a esa acción dentro de la Carta de Naciones Unidas, a la que la resolución de hoy es "contraria".

"Esta resolución simplemente empeora el problema", añadió el diplomático boliviano, quien señaló que "abre un camino equivocado" ya que su propósito "no es cesar la violencia sino derrocar al Gobierno de Damasco".

Ecuador, que votó en contra de la anterior resolución en febrero, se abstuvo en esta ocasión, una opción que su embajador ante la ONU, Diego Morejón, sustentó en que "la resolución no contempla de manera equitativa la responsabilidad de todas las partes".

Morejón condenó "las graves violaciones de los derechos humanos" en Siria "independientemente de donde vengan", y pidió consecuencias para sus autores y para quien provee "armas a todos los sectores (del conflicto), incluidos los grupos terroristas".

La resolución recibió el voto afirmativo, además de España, de un amplio número de naciones latinoamericanas, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

"Apoyamos la resolución porque pide con urgencia un alto el fuego y el fin de la violencia y porque creemos que la Asamblea General no puede permanecer en silencio ante la escalada de violencia en Siria", dijo la embajadora adjunta de Brasil, Regina María Cordeiro.

Por su parte, el embajador chileno, Octavio Errázuriz, se unió a las muestras de pesar por la renuncia de Annan, sumó su apoyo a la resolución e instó al Consejo de Seguridad a "cumplir un rol determinante y urgente" en la resolución del conflicto.

Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero no pueden ser vetadas por ningún país, contrariamente a lo que ocurre en el seno del Consejo de Seguridad, donde sus cinco miembros permanentes tienen derecho a veto.

Gobierno compra dos helicópteros para disposición del Presidente


LA PAZ |
El presidente Evo Morales celebró hoy la llegada del primer helicóptero bi-motor de fabricación francesa que estará a su disposición para los viajes que realiza al interior del país, anunció la llegada de una segunda aeronave para el mes de diciembre.

El Jefe de Estado, quien participó en el 28 aniversario de creación del Grupo Aéreo 51 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), recordó que cuando viaja en el helicóptero uni-motor pone en riesgo su vida, sin embargo continúa utilizando la aeronave para sus viajes "hierba mala nunca muere", dijo el mandatario, que recordó que en varias ocasiones cuando invitaba a otros presidentes a subirse a su helicóptero estos lo rechazaban por una cuestión de seguridad.

"Gracias a la comprensión del Gabinete aceleramos la compra y ahora llega este primer helicóptero para una cuestión de seguridad y un trabajo permanente como Gobierno nacional, el próximo en llegar será en diciembre, tendremos dos helicópteros", dijo Morales.

Aprovechó la oportunidad para pedir que los oficiales de la FAB planteen propuestas para la construcción de una escuela de mantenimiento y vuelo en la localidad de Chimore el cual serviría para el mantenimiento de helicópteros que vienen de Norteamérica Europa y China.

Asimismo, recordó la necesidad de construir aeropuertos internacionales y locales, resaltó la construcción de la primera fase de la pista en Uyuni, anunció la entregará del aeropuerto en Oruro y también se tiene previsto que los aeropuertos de Chimoré y Copacabana arranquen el próximo mes.

El Eurocopter EC145 es un helicóptero utilitario medio bimotor fabricado por la compañía europea Eurocopter.

Originalmente nombrado BK 117 C2, el EC 145 está basado en el MBB/Kawasaki BK 117 C1, modelo que pasó al Grupo Eurocopter en 1992 cuando la compañía se formó con la fusión de la división de helicópteros Messerschmitt-Bölkow-Blohm de Daimler-Benz y la división de helicópteros de Aérospatiale-Matra.

El EC 145 puede transportar hasta 9 pasajeros junto a 2 tripulantes, dependiendo de la configuración del cliente, y es comercializado para transporte de pasajeros, transporte corporativo, servicios médicos de emergencia, búsqueda y rescate, y para uso privado y utilitario.
Según algunos portales el costo unitario de la aeronave es de 5.5 millones de dólares.

Depósito de cadáveres funcionará 120 días más



Cuerpos que no sean reclamados en 25 días pasarán a la universidad
La Razón / M.V.
01:30 / 03 de agosto de 2012
http://www.la-razon.com/ciudades/Deposito-cadaveres-funcionara-dias_0_1662433759.html

La morgue judicial, que funciona en instalaciones del Hospital de Clínicas, recibirá cadáveres de personas fallecidas en hechos policiales y de tránsito por 120 días más. Ésta es la principal conclusión a la que arribaron autoridades municipales, departamentales y del Hospital de Clínicas en una reunión de emergencia ayer.  

Hace siete días, el Hospital de Clínicas anunció que desde el 1 de agosto no permitiría el ingreso de más cadáveres porque este depósito se había convertido en un foco infeccioso, debido a los cadáveres en estado de putrefacción, la presencia de larvas y la proliferación de aves que buscaban alimentarse en ese lugar.

“Tienen 120 días, es el tiempo que se le da a la Fiscalía, (sabemos) que no tienen dónde irse, por eso vamos a ser tolerantes”, dijo el director del hospital, Félix Loza. 

En la reunión de ayer —a la que asistieron el director del Servicio Departamental de Salud, Gustavo Marconi, y el director de Salud de la Alcaldía de La Paz, Marco Caviedes—  no participó la Fiscalía de 
 Distrito, aunque el problema es de su competencia.

Caviedes mencionó que los cuerpos que no sean reclamados en 25 días serán transferidos a las universidades. “En segunda instancia, vamos a hacer una carta a la Fiscalía informando que vamos a formolizar estos cadáveres y los que lleguen en los 120 días”, apuntó.

Surge conflicto entre Gobernación y Alcaldía por líneas de transporte



http://www.la-razon.com/ciudades/Surge-conflicto-Gobernacion-Alcaldia-transporte_0_1662433781.html

El reordenamiento de líneas de transporte abrió un conflicto de competencias entre la Gobernación y el Gobierno edil de La Paz. El primero alega potestad sobre el servicio intermunicipal y el segundo, su competencia exclusiva en este rubro.
Congestionamiento. Vehículos del transporte público y privado circulan por la plaza del estadio Siles.
La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz
02:16 / 03 de agosto de 2012

“Hemos conocido que la Gobernación entregará desde el 10 de agosto tarjetas de operación para  los vehículos de transporte intermunicipal, fijando rutas y recorridos. Esto nos preocupa no sólo porque es una injerencia en una competencia municipal, sino porque Gobernación y choferes estarían definiendo un tema que atañe a toda la ciudadanía”, denunció ayer el director de Gobernabilidad de la Alcaldía, Pedro Susz. 
En ese contexto, la Alcaldía convocó a la III Cumbre del Transporte, el 16 de agosto, para que los vecinos, organizaciones representantivas del municipio y choferes analicen este problema, ocasionado por la misma normativa (Ver recuadro). En este encuentro se prevé la presentación de los reglamentos municipales de Rutas y Recorridos, de Tarifas, y de Sanciones, elaboradas en el marco de la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano. 

El director de Transporte de la Gobernación, Javier Cornejo, respondió que sólo cumple con las competencias que le otorga la Ley Marco de Autonomías (artículo 96) y la Ley General de Transporte (artículo 21).

“Estamos iniciando el proceso de autorización porque queremos dar una solución de fondo que  evite la saturación de rutas, y buscar la complementariedad con el Sistema del Teleférico. Respetamos lo que intenta hacer el municipio de la Paz y, en ese contexto, queremos buscar espacios de coordinación”, dijo.
Sin embargo, el director jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, explicó que el artículo 300 de la Constitución Política del Estado da a los gobiernos departamentales atribuciones sólo sobre el transporte interprovincial.

“La Ley General de Transporte, artículo 254, y la Ley Marco de Autonomías, artículo 96, establecen que la competencia del transporte intermunicipal es del Gobierno Departamental, pero se debe considerar que el municipio tiene competencias privativas, exclusivas en materia de transporte urbano”, expresó Velásquez, quien además considera que la Gobernación busca sobrepasar la autoridad municipal.
Según datos de la Gobernación, de las 540 rutas de transporte público que atraviesan la ciudad de La Paz, 405 (75%) son de carácter intermunicipal. Sin embargo, datos de Alcaldía señalan que 331 líneas realizan recorridos sólo al área urbana de La Paz, 195 cubren la ruta La Paz-El Alto, cuatro el tramo La Paz-El Alto-Viacha, seis La Paz-Mecapaca y cuatro a La Paz-Palca.

“No vamos a participar de la cumbre porque no nos toman en cuenta”, anticipó el  ejecutivo de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (CUTUP), Gonzalo Millares. Suzs advirtió que si la Gobernación continúa su accionar, la comuna asumirá medidas legales por la violación de las competencias ediles .

Competencias sobre transporte

Gobierno Departamental - Gobierno Municipal

Constitución Política del Estado
Artículo 300. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: Parágrafo 9. Transporte interprovincial terrestre, fluvial, ferrocarriles y otros medios de transporte en el departamento.
Artículo 302. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: Parágrafo 18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano.

Ley Marco de Autonomías
Artículo 96. (TRANSPORTES)
III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Artículo 300, de la CPE, los gobiernos departamentales tienen las siguientes competencias exclusivas:
1. Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura vial interprovincial e intermunicipal.
3. Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal.
4. Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.
Nota. En esta ley aparece por primera vez la figura de transporte intermunicipal.
VII. De acuerdo al Artículo 302, de la CPE, los gobiernos municipales tienen las competencias exclusivas:
1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano.
4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado.
5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del transito urbano se la ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana.

Ley General de Transporte
Artículo 21. Atribución de los Gobiernos Autónomos Departamentales:
a. Aprobar políticas departamentales de transporte e infraestructura interprovincial e intermunicipal. c. Ejercer competencias de control y fiscalización para los servicios de transportes de alcance interprovincial e intermunicipal. d. Regular el servicio y las tarifas de transporte interprovincial e intermunicipal.
Artículo 22. Atribución de Gobiernos Autónomos Municipales:
a. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal. d. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros  fijados por el nivel central del Estado. e. El transporte urbano, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano, se lo ejercerá en lo que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana.

En el caso Espadines juez libra de culpa al Gral Rojas


El general Félix Rojas, jefe de Estado Mayor del Ejército, salió libre de la investigación por la presunta adquisición irregular de espadines para cadetes del Colegio Militar. El juez 6º de Instrucción en lo Penal, Fernando Rivadeneira, ordenó la extinción del proceso y archivo de obrados del caso.

La Paz. El Gral. Félix Rojas (izq.) en la audiencia en el Juzgado 6º de Instrucción en lo Penal, ayer.
La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/Espadines-libra-culpa-Gral-Rojas_0_1662433745.html
00:41 / 03 de agosto de 2012

El juez valoró el hecho de que el Colegio Militar del Ejército (Colmil) remitió un memorial en el que hizo notar que no se considera víctima directa del denunciado. También evaluó lo manifestado por el Ministerio de Defensa, que certificó los descargos del jefe militar.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el general Rojas, en el marco de una contratación por excepción, cuando era comandante del Colmil, en 2010, tomó los servicios de la empresa Import-Export Rojas, dedicada al rubro del transporte y la ferretería, para la adquisición de espadines para los cadetes del Colmil.
Retraso. En los antecedentes se tiene que se debía adquirir 400 espadines, lote que la empresa se comprometió a entregar en 90 días, hasta noviembre de 2010, pero no cumplió. La Fiscalía observó que Import-Export Rojas además “subcontrató” a una segunda empresa, Acarapi Asociados, a la que sólo le habría pagado Bs 330 mil por 300 espadines, los mismos que fueron entregados recién entre diciembre de 2011 y marzo de este año.
Ante la evidencia de irregularidades, el Ministerio Público presentó una imputación inicial en junio, por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Empero, habiendo logrado la adquisición sólo de 300 espadines, Rojas procedió a realizar el depósito de la suma de Bs 100 mil a las cuentas del Ministerio de Defensa para la adquisición de los restantes 100 espadines y librarse de este proceso. Tras conocer la certificación de ese trámite, el fiscal Marco Rodríguez modificó la imputación y redujo los delitos de cuatro a sólo uno: incumplimiento de deberes.
“El artículo 27 numeral 6 del Código de Procedimiento Penal determina que la acción penal se extingue por la reparación integral del daño particular o social causado (…) siempre que lo admita la víctima o el fiscal, según el caso”, explicó el juez Rivadeneira antes de emitir el fallo en la audiencia.

MSM denuncia a fiscales del caso Chaparina



Santos y Ponce son acusados de dos delitos por el partido opositor
http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/MSM-denuncia-fiscales-caso-Chaparina_0_1662433743.html
La Razón / E.C.
00:39 / 03 de agosto de 2012

El Ministerio Público informó que los fiscales que tienen a su cargo las pesquisas del caso Chaparina, referida a la intervención policial a la VIII marcha indígena en septiembre de 2011, son sujetos de investigación. Se les acusa de los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia.
La investigación contra los fiscales Patricia Santos y José Ponce emergió tras la denuncia presentada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) el 26 de marzo. El memorial hace mención a las actuaciones desarrolladas desde el 27 de septiembre de 2011, dos días después de la intervención policial a la marcha que se oponía a la apertura de una vía por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Esta denuncia hace referencia a que hubiera habido un incumplimiento respecto a los plazos procesales y a las labores de investigación inherentes al delito que ha sido motivo de investigación en el caso TIPNIS”, señaló el fiscal Marco Rodríguez, quien tiene a su cargo el proceso contra sus colegas
Según la queja, la comisión de fiscales “hace caso omiso a toda solicitud e iniciativa investigativa que provenga de parte del MSM, además de paralizar sin justificativo alguno la investigación”, relacionadas a las dos denuncias presentadas por esa tienda política.
El lunes, la comisión rechazó la acusación en contra del exministro de Gobierno Sacha Llorenti en este caso y, a la vez, libró de responsabilidad a indígenas acusados de haber tomado de rehén al canciller David Choquehuanca.
Respecto a la denuncia contra los fiscales, Aida Camacho, abogada del MSM, dijo que espera que Rodríguez no se deje influenciar por terceros. “Hemos visto que la manipulación que se está haciendo del Ministerio Público como del Órgano Judicial es inaudito”. Rodríguez anunció que convocará a los fiscales denunciados. Santos dijo que no fue notificada.