Opinan que juicios por desacato se deben extinguir

- 25/10/2012

http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Nacional/Destacados/3Nac00325-06.aspx

 Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional anuló el delito de desacato de la legislación boliviana por inconstitucional, tres abogados constitucionalistas opinan que los procesos abiertos por esta figura penal deben extinguirse.

El abogado Arturo Yáñez, uno de los que patrocinó la demanda constitucional contra el desacato, explicó ayer que “los jueces que tienen a su cargo los procesos deben aplicar la sentencia y extinguir las denuncias que están en curso. El cumplimiento de este fallo es obligatorio; por tanto, no depende del criterio del juez si lo aplica o no”.

Líderes políticos como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas; la senadora Carmen Eva González; el alcalde de La Paz, Luis Revilla; el jefe de la opositora UN, Samuel Doria Medina; el senador opositor refugiado en la Embajada de Brasil, Roger Pinto; la diputada opositora Norma Piérola y su colega Adrián Oliva afrontan juicios abiertos por esta causa que se incorporó durante los gobiernos dictatoriales.

En criterio de Yáñez, si ya hubo sentencias, “éstas tendrán que ser revisadas”.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón opinó que después de que se dictó el fallo, no tendría sentido que continúen los juicios por desacato.

“Los procesos tienen que extinguirse” opinó el jurista y en los casos donde hubo sentencia “puede haber un recurso extraordinario de revisión”.

Para el abogado Moisés Ponce de León, quien patrocina al menos tres procesos por desacato contra autoridades como el gobernador de Santa Cruz, el alcalde Revilla y el senador opositor Roger Pinto, la eliminación del desacato favorece a sus patrocinados porque facilita el juzgamiento ya que se pedirá directamente el enjuiciamiento por el delito de calumnia.

“Vamos a pedir que los antecedentes se remitan ante el juez de Sentencia, a la Corte (Superior) Departamental de La Paz, para que se sortee Juzgado de Sentencia, vamos a presentar en forma directa la acusación”, explicó el jurista en una entrevista con radio Fides.

Diputados del MAS piden la renuncia de Gualberto Cusi

 MAXIMA PREMISA DEL MAS: ¡LOS QUE NO ESTEN CON NOSTROS, ESTAN EN CONTRA NUESTRA!

http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Nacional/Destacados/4nac251012-03.aspx

Página Siete / La Paz - 25/10/2012

Asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizú y Juan Carlos Cejas, pidieron la renuncia del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi por haber sugerido a los indígenas del TIPNIS acudir a la justicia internacional para resolver la controversia de la consulta, ya que “en el país se vulneran estos derechos”.

“Cuando el ciudadano le ha dado el voto, no le ha dado un papel en blanco para que él desprestigie una institución que emana de la democracia, llama la atención que de pronto trate de recomendar a activistas del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) que acudan a la justicia internacional, esto ya raya en un extremo, que renuncie”, dijo Garvizú.

Lo acusó de aprovechar el espacio que tiene como magistrado para que “peor que un opositor desprestigie al Gobierno”.

Juan Carlos Cejas se sumó al pedido de su colega. Dijo que el pueblo lo ha elegido para que administre justicia y no para que haga política. “No tiene seguridad en lo que dice”, señaló.

“Ojalá que ahora no se arrepienta porque después pide disculpas, pide perdón y todo lo demás, no nos olvidemos que hace poco dio aseveraciones alejadas de la verdad diciendo que hubo intromisión del Órgano Ejecutivo, a los tres días pide disculpas”, manifestó el legislador.

Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco criticó a los diputados oficialistas y les dijo que en lugar de defender los interés del Gobierno, con el pedido de renuncia de Cusi, deberían preocuparse en cuidar que la justicia se aplique de forma imparcial.

“¿Qué van a hacer con Cusi por esa declaración? Cómodamente desde el Parlamento están pidiendo algunos diputados su renuncia. ¿Corresponde a estos diputados defender los intereses políticos del Gobierno o más bien precautelar porque la justicia esté de manera imparcialmente administrada?”, preguntó.

El MAS busca restituir delito de desacato pese a fallo del tribunal

El oficialismo realiza un análisis jurídico de la sentencia

El ministro de Trabajo expresó su preocupación por el fallo emitido por el Tribunal Constitucional y dijo que el tema será analizado por abogados del Gobierno.

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-25/Nacional/Destacados/3Nac00125-02.aspx

Nancy Vacaflor / La Paz - 25/10/2012

Archivo digital

El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene sede en Sucre.

El gobernante MAS analiza la posibilidad de sustituir el desacato, anulado por el Tribunal Constitucional, con otra figura penal para evitar las injurias y difamaciones en contra de los servidores públicos. El Gobierno expresó su preocupación por esta resolución.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca (MAS), afirmó que “hay que encontrar otra figura penal que pueda dar garantía, que pueda dar seguridad a las autoridades. Habrá que trabajar en los elementos específicos, si no es en este periodo legislativo puede ser en el próximo periodo legislativo, cuando estemos reformando el Código Penal vamos a tener que trabajar en lugar del desacato cuál será adecuado”.

El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Roberto Rojas, informó en una entrevista con la red Uno que en su partido se está realizando un “análisis jurídico” para que las autoridades que están en función pública no sean ofendidas.

El diputado Galo Bonifaz (MAS) opinó también que este tema será analizado en la Asamblea Legislativa una vez que se conozca oficialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 1250/2012. “Es un fallo, tenemos que respetar y seremos respetuosos”, dijo a la red Uno.

El Gobierno, mediante el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, expresó su preocupación por este fallo y otro relacionado con la retroactividad de la ley anticorrupción Marcelo Quiroga. “Nos preocupa ciertamente”, pero será el equipo jurídico del gabinete que analice los efectos, declaró escuetamente ayer la autoridad.

El Tribunal Constitucional eliminó el delito de desacato con el argumento que se vulnera el principio de igualdad, establecido en la Constitución y afecta al derecho a la libertad de expresión porque las autoridades gubernamentales cuando se consideran ofendidas podían recurrir a esta figura penal y abrir un proceso contra el ciudadano, pero éste, cuando era ofendido, no tenía el mismo derecho para procesar a una autoridad.

El diputado Lucio Marca insistió ayer en que las autoridades no pueden quedar expuestas a las acusaciones falsas; no obstante, el deseo oficialista de reemplazar la figura legal del desacato fue resistida por el diputado opositor Willman Cardozo, quien consideró que es un “exceso” porque se pretende vulnerar derechos consagrados en la Constitución Política.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Dennis Racicot, recomendó no “caer en la tentación” de utilizar las tipificaciones de injuria o difamación para limitar “otra vez” la libertad de expresión.

Esta instancia fue la que pidió que se elimine el desacato, en concordancia con la normativa internacional, pues esta figura data desde el Gobierno dictatorial de Hugo Banzer Suárez.

Hay más de 1,7 millones de usuarios de Facebook en el país

Los ciberactivistas dicen que es difícil establecer un control

PROPUESTA El Gobierno busca regular las redes sociales con el afán de evitar insultos contra el Presidente.

http://www.paginasiete.bo/2012-10-24/Nacional/NoticiaPrincipal/02Nal01241012.aspx

Wara Vargas / Página Siete

Un usuario de Facebook revisa la página de esa red social.

En el país hay más de 1,7 millones de usuarios de Facebook, según datos obtenidos de esta red social, y está en constante crecimiento, por lo que los ciberactivistas consideran que es imposible regular la difusión de mensajes como pretende el Gobierno del presidente Evo Morales.

En julio, según la página web www.educatic.org.bo, había 1.641.060 usuarios registrados en Facebook. La Fundación REDES, sobre la base de www.checkfacebook.com, reportó ayer que hay 1.778.580 personas que usan este medio en Bolivia.

Bajo el criterio de que Facebook y otras redes sociales son canales para insultar al presidente Evo Morales o para publicar mensajes racistas y discriminadores, el Gobierno pretende regular la publicación de mensajes a través de estos medios.

El presidente de la Fundación REDES, Eduardo Rojas, aseveró que “no hay ni hubo regulación de internet en otros países. Lo que hubo son muestras de autorregulación. Cuentas bloqueadas en Facebook o Twitter por motivos de racismo o xenofobia tienen su explicación en denuncias de actores multisectoriales sobre contenido ‘no apropiado’. Cuando se suman estas denuncias o mensajes de desaprobación social se promueve la sanción o baja de esas cuentas. En el proceso pueden intervenir gobiernos, actores privados, organizaciones sociales, académicos, ciudadanos de a pie (¡corrección, ‘e-ciudadanos’!)”.

Para el ciberactivista Julio Aliaga, en Bolivia no existen mecanismos tecnológicos como para controlar lo que se dice en las redes sociales. “Existe la posibilidad, en términos tecnológicos muy altos, de comprobar que realmente esto ha sido hecho en una computadora, pero es muy difícil comprobar que la cuenta de una red sea efectivamente de la persona. No creo que acá se tenga esa sofisticación”.

El planteamiento de controlar el contenido de Facebook desde las instancias gubernamentales generó repercusiones en esa red social, desde quienes rechazan esta posibilidad, que son una mayoría, y entre quienes están de acuerdo con que se debe establecer un control para evitar los insultos.

La Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en su capítulo 6, también establece que los medios de comunicación, entre ellos internet, “eliminen de sus programaciones lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio”.

Para los partidos de oposición, con el anuncio de regular las redes sociales, el Gobierno está buscando amedrentar a quienes critican o denuncian irregularidades en el Órgano Ejecutivo.

Según encuesta, la pobreza se reducirá sólo con empleos

Un 57% de la gente cree que el Gobierno debe generar más fuentes de trabajo si desea bajar los niveles de pobreza, antes de priorizar la entrega de bonos.

 

Página Siete / La Paz - 23/10/2012

Archivo Página Siete

Mujeres realizan el empedrado de una calle en La Paz.

Seis de cada diez personas (57%) cree que para reducir la pobreza el Gobierno debe generar más fuentes de trabajo, según una encuesta de la Fundación Jubileo realizada en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

La consulta también se realizó en El Alto, Ayo Ayo, Punata y Cuatro Cañadas. La muestra abarcó a mil personas (hombres y mujeres mayores de 18 años) y tuvo lugar entre el 28 y 29 de julio de 2012.

Muy por debajo sólo una de cada diez personas (11%) afirma que la lucha contra la pobreza implica apoyar más la producción; y apenas el 6% señala que la asistencia directa, a través de los bonos, es una efectiva ayuda para erradicar este mal en la sociedad.

Según la plataforma de empleo digno que cuenta con el apoyo de la fundación Inaset, la encuesta de Jubileo ratifica que para efectivizar la lucha contra la pobreza en lo primero que deben pensar las autoridades es en la generación de empleo.

Esto es más prioritario que la entrega de subsidios a través de bonos sociales.

Según la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape), la pobreza extrema se redujo en 13 puntos entre el 2007 y el 2011.

Hace cinco años este mal afectaba al 63,9% de la población en el área rural, pero en la gestión pasada sólo al 43%.

En el área urbana este indicador se redujo de 23,7% a 14,5% en el período de análisis.

La extrema pobreza significa que una persona no tiene ingresos suficientes al día para adquirir alimento.

Para la gente ser pobre significa no tener ingresos monetarios, carecer de trabajo, no contar con vivienda y que hace falta el alimento.

Los encuestados en su mayoría, un 53%, también consideran que las políticas estatales impulsadas en la actualidad no contribuyen a una efectiva lucha contra la pobreza. Una cuarta parte (25%) afirma que hubo algún resultado y sólo el 17% señala que las políticas han sido efectivas.

El Gobierno para mejorar este indicador en los últimos años ha impulsado transferencia directas como la renta Dignidad, el bono Juancito Pinto, Juana Azurduy y ha mejorado los salarios. Con la agenda del Bicentenario busca erradicar la extrema pobreza, impulsar la industrialización, la seguridad alimentaria y universalizar los servicios básicos.

Declaran inconstitucional delito de desacato y lo despenalizan

El Tribunal Constitucional “ha expulsado del ordenamiento penal el desacato” y resolvió que la norma anticorrupción no puede ser aplicada de forma retroactiva.

Página Siete / La Paz - 24/10/2012

 http://www.paginasiete.bo/2012-10-24/Sociedad/Destacados/33Al-00124-10-12-P720121024MIE.aspx

APG

Ruddy Flores, presidente del TCP, en la conferencia de ayer.

El Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional el delito de desacato y resolvió que la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz no puede ser aplicada de manera retroactiva.

El órgano “ha expulsado del ordenamiento penal boliviano el delito de desacato”, dijo ayer el presidente del Tribunal, Ruddy Flores, quien informó que la decisión fue asumida el mes pasado, a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1250/2012, del 20 de septiembre de 2012, en referencia a la acción de inconstitucionalidad presentada por la abogada Verónica Laura Guiteras Aramayo.

En conferencia de prensa, explicó que a partir de la fecha ya no existe ese delito y consecuentemente no se podrán iniciar nuevas investigaciones al respecto.

La expulsión de este delito del Código Penal se debe a que éste ha generado una “desproporción” entre el servidor público y la sociedad, la cual ha generado desigualdades respecto al honor de un servidor público y el honor de un ciudadano.

“El Tribunal Constitucional considera que esas desproporciones no pueden ser sancionadas o tipificadas como delito en el marco de los tratados internacionales que rige la libertad de expresión”.

Flores aclaró que los casos en proceso seguirán su curso y que los jueces determinarán cómo proceder ante todas las denuncias que existen, según la agencia ABI.

El fallo es “vinculante” y “obligatorio”, por lo que los tribunales deberán “observar” la sentencia y las partes del proceso, “verificar el alcance” de ésta para “presentar las acciones que correspondan respecto a la sustantación de cada uno de sus procesos”.

Al ser consultado sobre los procesos por desacato que enfrentan varios políticos opositores al Gobierno de Evo Morales, Flores dijo que “el Tribunal no se pronuncia sobre casos concretos”.

Aclaró que la decisión “no implica dejar en indefensión a los servidores públicos, ya que están vigentes otros tipos penales como el de la calumnia, difamación o injurias”, dijo a la ANF.

Ley Marcelo Quiroga

Sobre la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ayer se conoció también que el tribunal emitió el 13 de agosto de 2012 la sentencia 0770/2012, que falla que esa norma es constitucional, pero no debe ser aplicada de forma retroactiva en ninguno de los delitos cometidos antes de su promulgación.

“La Ley 004 o cualquier otra norma que establezca tipos penales no puede ser aplicada de forma retroactiva cuando el hecho que se está juzgando no hubiera sido delito en su momento, cuando la pena fuera más gravosa que la que se pueda aplicar”, aseguró Flores.

Las únicas excepciones se dan en los casos que esa característica jurídica sea beneficiosa a la persona que es investigada o cuando los hechos sean de acción permanente. Sólo cuando un hecho no haya terminado de surtir sus efectos al momento de haberse iniciado las investigaciones, según los tratados internacionales a los que se adhirió Bolivia, podrá aplicarse la retroactividad.

Ministerio de Gobierno anuncia juicio a jueza que liberó a Vedia

Para el Ministerio de Gobierno, la Jueza Justiniano violentó el Código de Procedimiento Penal al no haber hecho llegar una notificación al domicilio legal de esta Cartera de Estado para la audiencia realizada hoy martes en horas de la mañana.

La Razón Digital / ANF
22:24 / 23 de octubre de 2012

El Ministerio de Gobierno anunció este martes que iniciará una proceso penal contra la juez Segunda de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Iris Justiniano por el delito de prevaricato, presuntamente por haber dejado en libertad irregularmente al asambleísta del MAS, Lucio Vedia.

Según el informe de esta cartera de Estado la denuncia sería por una acción procesal defectuosa de la jueza Justiniano y anuncia un juicio por prevaricato en contra de esa autoridad judicial por haber determinado la libertad de Lucio Vedia, sin cumplir con las normas del debido proceso penal.

La Jueza Justiniano otorgó la libertad a Vedia y alegó que se descartaba el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia en el proceso por los delitos de uso indebido de bienes públicos, actitud antieconómica y uso indebido de influencias, del cual el Ministerio de Gobierno es parte querellante.

Para el Ministerio de Gobierno, "la Jueza Justiniano violentó el Código de Procedimiento Penal al no haber hecho llegar una notificación al domicilio legal de esta Cartera de Estado (Avenida Arce, esquina Belisario Salinas No 2409) para la audiencia realizada este martes en horas de la mañana.

Esa actividad procesal defectuosa impidió que el Ministerio de Gobierno se haga presente en la audiencia mencionada para sustentar los argumentos en contra de la decisión que otorgó libertad al ex funcionario público acusado del uso indebido de una camioneta incautada al narcotráfico.

La juez cruceña Iris Justiniano determinó dar procedente la solicitud de cesación a la detención para el ex asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia porque, según la autoridad judicial, ya no existirían riesgos procesales de fuga y de obstaculización a la investigación, mismos que no fueron presentados por las partes acusadoras en la audiencia convocada para la mañana de este martes siendo que fueron notificados.

A la audiencia convocada por el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, no se hizo presente la parte denunciante, vale decir la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia, además de los representantes de la Fiscalía pese a ser notificados.

"De acuerdo a lo ordenado por la sala y por el Tribunal Constitucional mi autoridad no puede otra cosa que determinar la cesación a la detención preventiva del imputado, se determina la libertad del imputado bajo medidas señaladas en el artículo 240 a presentación una vez cada 15 días ante el representante del Ministerio Público.

A inasistencia de las partes para observar uno de los elementos, por tanto a mi autoridad no le queda de otra que valorar que dice la defensa dando por cien por ciento aceptado y cierto porque los hechos de observación por parte de quienes deben hacer las observaciones", explicó la autoridad judicial.