Gobierno no declara desastre en Beni pero pide ayuda extranjera

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/2/19/gobierno-declara-desastre-beni-pero-pide-ayuda-extranjera-14372.html

Boletines informativos de los gobiernos de Italia y España señalan que envían cooperación para los damnificados por inundaciones en Bolivia a pedido del Ejecutivo.

miércoles, 19 de febrero de 2014

AFP. La gente recupera sus pertenencias en las afueras del anillo de protección de Trinidad.

Página Siete  / La Paz
Pese a que el Gobierno boliviano reafirma su posición de no declarar zona de desastre a  Beni, la cooperación internacional llega a al país y, según un comunicado de la Embajada de Italia, es el Ejecutivo el que pide la ayuda.
El pasado sábado la embajada italiana comunicó la donación de 100 mil dólares para atender a los damnificados por las lluvias, "en respuesta al llamado del gobierno del presidente Morales”, indica el boletín de prensa, según el cual fueron los ministerios de Planificación y Defensa Civil los que el miércoles anterior convocaron a la cooperación internacional.
El Cancillería de España informó ayer que enviará 20 toneladas de material de cobijo, higiene y otros  "en respuesta a las inundaciones que afectan a Bolivia y de acuerdo a la petición efectuada por el Gobierno boliviano”, señala el comunicado de prensa.

Hasta el momento, Argentina, Venezuela,  la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros países también envían ayuda a las regiones afectadas del país.
 El presidente Evo Morales una vez más reiteró ayer que el Gobierno tiene la capacidad de atender las emergencias registradas en el país, sobre todo en el departamento de  Beni. "Nosotros no nos sentimos incapaces, y no nos sentimos rebasados por las inundaciones o con los desastres, que se declare desastre porque ya no hay capacidad, pero dicen por cooperación y hay cooperación, nos han ofrecido, nos brindan, saludamos, agradecemos (la ayuda)”.
Desde hace varios días el gobernador de Beni, Carmelo Lens, pidió al Ejecutivo declarar a su departamento zona de desastre. El jefe del MSM, Juan Del Granado, lo hizo ayer, y pidió al presidente Morales cumplir con la Ley 2140. "Cuántos municipios deben ser afectados en   Beni, por Dios”, dijo el político.
  El   artículo 23 de la Ley 2140, de 2000, indica: "El Presidente de la República declarará mediante Decreto Supremo, previa recomendación del Conarade, la Situación de Desastre y/o Emergencia, debiendo en la misma norma clasificar el hecho según su magnitud y efectos, es decir de carácter nacional, departamental o municipal”.
 
Ante la negativa del gobierno de Morales, el presidente del Comité Cívico de Trinidad, David Coca,  anunció una marcha de protesta para el jueves.
El ministro de Economía, Luis Arce, pidió ayer a la Contraloría y   al Legislativo  fiscalizar los recursos que tienen las gobernaciones para atender a los damnificados, principalmente la de  Beni. "Vemos irregularidades en los recursos de esta Gobernación”.
 El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que   no se declarará a  Beni zona de desastre por "varias razones”. Entre ellas mencionó que "hay un mando gubernamental que dirige el conjunto de operaciones, y es el presidente Evo; solamente se declararía zona de desastre si no hubiera un mando”. La segunda razón es porque "no todo el departamento está afectado”. Contrariamente el artículo 24 de la Ley 2140 señala que se puede declarar desastre departamental "cuando el desastre o emergencia afecta a más de un municipio”.
Quintana dijo que la tercera razón para no emitir la declaratoria se debe a que "no estamos en condiciones de renunciar a nuestra autoridad soberana para que venga la cooperación internacional y haga lo que se le antoje como en años anteriores, por un acto hasta de orgullo nacional no vamos a permitir que vengan (instituciones extranjeras) a resolver el problema de los bolivianos. El problema lo resolvemos nosotros”.
Pero ya el artículo 22 de la norma  aclara que "corresponderá al Servicio Nacional de Defensa Civil, en coordinación con las autoridades competentes a nivel nacional, departamental y municipal, la planificación y control de todas las actividades técnico-operativas necesarias para dar respuesta a una situación de Desastre o Emergencia, en el marco de los lineamientos establecidos por el Conarade”.

 Cantidad de ganado muerto se duplica en Beni
La cantidad de ganado perdido por las lluvias e inundaciones en  Beni se incrementó a más del doble de acuerdo con un nuevo reporte de los ganaderos de este departamento. La cifra sube de 40.000 a 84.000 reses muertas.
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, informó el lunes que había 40.000 cabezas de ganado bovino perdidas en esta región, lo cual representaba el 1,6% de la producción nacional y, por lo tanto, no generaba riesgo de desabastecimiento de carne.
Sin embargo, el presidente de la Federación de Gremiales de Beni y Pando (Fegabeni), Mario Hurtado, informó a la red ERBOL que las pérdidas subieron a más del doble. "Antes había cinco provincias afectadas, ahora ya son seis y estamos entrando en la séptima. Los datos que tenemos (indican que) las pérdidas sobrepasan las 84.000 muertes de cabezas de ganado”.
El dirigente explicó que el 50% de estos animales muertos es ganado menor de la producción de 2012 y 2013. Además, entre los decesos hay varias vacas preñadas y otras que abortaron, por lo que la producción para los próximos dos años se reducirá y puede afectar  la oferta de carne. De acuerdo con Hurtado, las pérdidas económicas llegan a 50 millones de dólares.
El director interino del Senasag de Beni, Henry Suárez, dijo que las provincias de Moxos, Marbán y Yacuma recibieron alimentos para el ganado afectado por las lluvias. Por otra parte, el Gobierno  envía follaje a las regiones afectadas.
El 80% de Cachuela Esperanza está inundado

Página Siete  / Beni
 El 80% de la población de Cachuela Esperanza, municipio de Guayaramerín (Beni), está bajo el agua por el desborde del río Beni, informó la subalcaldesa Shirley Martínez.
  Cachuela Esperanza es una población de carácter patrimonial, puesto que fue el asiento del empresario Nicolás Suárez, en la época de mayor esplendor del caucho. La autoridad edil explicó que monumentos e inmuebles patrimoniales, como el teatro y el casino de Suárez, han sido afectados.
"Hace 50 años que no llegaban inundaciones de tal magnitud a Cachuela Esperanza, ha rebasado el río Beni, tuvimos una crecida enorme, estamos rodeados de agua. Casi el 80% de la población ha sido afectado”, dijo Martínez.
Las autoridades nacionales y municipales sobrevolaron la zona para evaluar los daños, mientras que la Gobernación de Beni ha dotado de alimentos a los pobladores.
De acuerdo con la Agencia de Noticias Fides (ANF), el presidente Evo Morales manifestó que es "algo raro” lo que pasa en Cachuela Esperanza y pidió que se haga una investigación para saber si las represas que están en territorio brasileño son las causantes de esta inundación.
70.000 menores afectados
Aproximadamente 70.000 niños, niñas y adolescentes sufren las consecuencias de las lluvias y necesitan  atención adecuada, informó el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Bolivia, Marco Luigi Corsi, a ERBOL Digital.
"Si se maneja la cifra de más de 57.000 familias (damnificadas) estimamos 70.000 menores, de cero a 18 años. Estamos  pensando en hacer la evaluación de los daños específicos de este sector”, declaró Corsi.                                                           

Presidente del TCP se desdice sobre las escuchas telefónicas

MAS TEMPRANO QUE TARDE EL PRESIDENTE DEL TCP RUDDY FLORES, DESCUBRIRÁ QUE EL PODER ES LA REALIDAD MAS EFÍMERA EN BOLIVIA, Y QUE EL VENDER SU ALMA AL DIABLO TIENE CONSECUENCIAS.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/2/19/presidente-desdice-sobre-escuchas-telefonicas-14368.html

Flores dijo que sus declaraciones fueron descontextualizadas. Oposición anuncia que pedirá un informe oral al ministro de Gobierno.

miércoles, 19 de febrero de 2014

APG. Ruddy Flores, presidente del Tribunal Constitucional.

Beatriz Layme / La Paz
 El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, se desdijo ayer al negar que sus llamadas "son grabadas, supervisadas y fiscalizadas” por Inteligencia del Gobierno, mientras el defensor del Pueblo sugirió a la Fiscalía que investigue el tema.
Flores dijo que sus declaraciones emitidas a un canal televisivo fueron descontextualizadas.
La autoridad, en una conferencia de prensa   en Sucre, afirmó que sus declaraciones tenían como único propósito demostrar la transparencia con la que trabaja en la conducción del TCP, ante las acusaciones que realizó el magistrado Gualberto Cusi, quien denunció el fin de semana que existen presiones políticas internas y externas en las decisiones del TCP.
"En ningún momento el presidente del TCP ha hecho acusación y mucho menos denuncias respecto de procesos de Inteligencia del Gobierno u otra naturaleza (en sentido de) que estuvieran interviniendo sus llamadas. Han hecho una descontextualización de la información dada (...) y utilizada bajo intereses políticos”, aseveró.
En su visita a La Paz, Flores declaró: "Estamos abiertos absolutamente a cualquier proceso de investigación. Es más, toda la labor que hemos realizado es transparente. Puedo afirmar con toda certeza que tengo la seguridad de que ninguna de mis llamadas son seguras, que todas están siendo grabadas, fiscalizadas y supervisadas, de alguna forma, por sistemas de inteligencia (...) es evidente”.
Esa afirmación de Flores generó polémica entre el oficialismo y la oposición.
El jefe de bancada de Convergencia Nacional en Diputados, Álex Orozco, está convencido de que el gobierno de Evo Morales practica el espionaje a los funcionarios y opositores, y anunció que enviará una petición de informe oral al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para esclarecer esta situación.

Dijo que trabajará en un proyecto de ley para eliminar las supuestas escuchas telefónicas.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), es necesario aprobar una ley que prohíba la grabación de llamadas telefónicas, pese a que existe una disposición  contra  ello en la Constitución.

La diputada disidente del MAS Rebeca Delgado dijo que más allá de las denuncias de "pinchazos” y pedidos de renuncia de los magistrados, las autoridades judiciales deben asumir el "valor civil” de denunciar las presiones del Ejecutivo.
El artículo 25 de la CPE establece que toda persona tiene derecho al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.

Defensor: Fiscalía debe investigar de oficio
 
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo la mañana de ayer que las grabaciones de llamadas telefónicas "representan una vulneración al derecho de la privacidad”, por lo que sugirió al Ministerio Público que investigue de oficio las revelaciones del presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores.
"Esto es gravísimo. Ojalá que se esclarezca este tema, porque cuando un magistrado es vulnerado en su derecho a la privacidad y a manejar información secreta, que evidentemente iría en desmedro de otros, tiene que ser investigado”, sostuvo el defensor a los periodistas.
 Asimismo, indicó que la Fiscalía "debe actuar de oficio, pero también si hubiera denuncias se debe tomar en cuenta y toda denuncia tiene que tener pruebas (...) Esto constituye, desde luego, una profunda preocupación para la Defensoría” del Pueblo, agregó  Villena.                                                           

El defensor pide investigar a la fiscal que excluyó a Llorenti

EL FISCAL VENEGAS SERA PROCESADO EN SU MOMENTO, PORQUE....¡¡¡EL FUTURO LLEGA!!!!

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/2/19/defensor-pide-investigar-fiscal-excluyo-llorenti-14369.html

También lamentó que la fiscal Venegas no haya tomado en cuenta el informe defensorial de 2011, sobre la violación de los derechos humanos en la marcha de ese año.

miércoles, 19 de febrero de 2014

APG. Rolando Villena, defensor del Pueblo, en rueda de prensa, ayer

Beatriz Layme / La Paz
El defensor del pueblo, Rolando Villena, solicitó ayer al fiscal general  Ramiro Guerrero  activar una investigación contra la fiscal Aly Rosario Venegas, que excluyó definitivamente del caso Chaparina al exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
Venegas –fiscal de distrito en suplencia legal de La Paz– emitió la pasada semana la resolución 143/2014 por la que excluyó en forma definitiva a Llorenti de la investigación sobre la violenta represión policial a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011.
"He dispuesto remitir una comunicación formal al señor fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, solicitándole que se abra una investigación inmediata contra la señalada fiscal (Venegas) y se tipifique los delitos que corresponda”, informó Villena en conferencia de prensa.
También dijo que pedirá a Guerrero que "indague sobre la responsabilidad, conocimiento y aquiescencia al contenido de la resolución” que pudiera tener el fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce Rivas, quien investigó la violenta represión policial, cuando aún era fiscal de materia.

Los argumentos que utilizó la fiscal Venegas en dicha resolución -según Villena- "únicamente tratan de justificar el rechazo de una grave denuncia en base a argumentos falsos  denotando con ello la existencia de intereses y motivaciones desconocidas que no tienen que ver con la aplicación correcta e imparcial de la justicia”.
Por otro lado, Villena lamentó que no se haya tomado en cuenta el informe defensorial sobre la violación de los derechos humanos en la marcha indígena, enviada el 23 de noviembre de 2011 al entonces fiscal general, Mario Uribe, quien instruyó a los fiscales distritales de Beni y La Paz considerar el contenido de dicho informe.

Contrariamente –dijo el defensor–, la resolución que excluye a Llorenti señala que los informes del defensor del Pueblo no tienen carácter vinculante y, por lo tanto, "sus conclusiones están sujetas a investigación por parte de las autoridades correspondientes. Es decir, en caso de hallar posibles indicios de responsabilidad penal, se debe remitir antecedentes al Ministerio Público”.

En noviembre de 2011, la Defensoría emitió un informe en el que apunta a 18 personas -entre autoridades, jefes policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno- como los responsables del hecho. Según el informe, el exministro Llorenti planificó la intervención junto a jefes policiales el 24 de septiembre de 2011.

"La exclusión de Llorenti es un tema que tiene que ver con la presunta responsabilidad del Órgano Ejecutivo. Este informe tiene un valor jurídico y ético porque responde al clamor de las víctimas y esto tiene que ser tomado en cuenta. Como Defensoría vamos a seguir con nuestra lucha hasta conseguir avances y que hechos como Chaparina no queden en la impunidad”, afirmó.
 Antecedentes de exclusión de Sacha
El 30 de julio de 2012, los fiscales José Ponce y Patricia Santos liberaron del caso a Sacha Llorenti con el argumento de que no había "indicios directos” de responsabilidad debido a que la "cadena de mando se rompió”. En agosto de 2012, la resolución fue impugnada por las víctimas de Chaparina.
Después de un año y siete meses, la fiscal de distrito en suplencia legal, Rosario  Venegas, emitió una resolución que excluye definitivamente a Sacha  Llorenti del caso Chaparina.
Aida Camacho, abogada de los indígenas, afirmó que la determinación de Venegas "era previsible”, porque el Gobierno tomó la decisión "inquebrantable” de proteger a  Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas.
Otro de los abogados de los indígenas, Eduardo León, aseguró que la exautoridad  no quedará impune, ya que él habría dado la orden para intervenir la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011.
Diputado del MAS apoya investigación a fiscal
    "El defensor del Pueblo está en todo su derecho de pedir que se investigue (el caso). Si hay que investigar, se lo tiene que hacer, y de esa manera se transparentarán los argumentos de la resolución que excluye a Sacha Lorenti del caso Chaparina”, sostuvo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Rodolfo Calle (MAS). Dijo que por esa vía se sabrá "si la fiscal Rosario Venegas favoreció o no a Sacha”.
 Calle no descartó que en el proceso de investigación el Ministerio Público también pueda identificar responsabilidades en la fiscal Venegas.
    El legislador afirmó que la  exclusión de Llorenti se dio porque la Fiscalía no encontró suficientes elementos de convicción, porque "hubo ruptura de la cadena de mando. Otros policías fueron los que actuaron de manera unilateral; entonces, ellos son los responsables de la intervención a la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011”, dijo.
  Calle afirmó también que la exclusión de Llorenti no es definitiva debido a que la defensa de las víctimas de la represión anunció que solicitará   la conversiones de acciones.
La fiscal Venegas dijo la pasada semana  que no encontró ningún elemento que vincule a la exautoridad con la represión brutal a los indígenas; por tanto, decidió ratificar la resolución de alejamiento de las investigaciones de Llorenti, emitida en julio de 2012 por la anterior comisión de fiscales presidida por José Ponce, fiscal de distrito de La Paz, y Patricia Santos.

Excluyen de forma definitiva a Llorenti del caso Chaparina

http://www.paginasiete.bo/nacional/2014/2/12/excluyen-forma-definitiva-llorenti-caso-chaparina-13771.html

La nueva decisión de la Fiscalía de La Paz es inapelable. Abogados de los indígenas pedirán la “conversión de acciones”, de una demanda pública a una privada.

miércoles, 12 de febrero de 2014

Foto: Freddy Barragán / Página Siete. Llorenti, en la oficina de la senadora Gabriela Montaño, ayer.

Beatriz Layme / La Paz
La Fiscalía de Distrito de La Paz excluyó por segunda vez, y de forma definitiva, al exministro de Gobierno Sacha Llorenti de la investigación por la violenta represión policial a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina (Beni).
"La Resolución 01/2012, que fue rechazada en el proceso, fue ratificada por la Fiscalía departamental, que previamente subsanó las observaciones. No hay mayores elementos y es excluido el exministro de Gobierno Sacha Llorenti”, informó el fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce.
La resolución emitida por la fiscal suplente de distrito, Rosario Venegas, que ratifica la exclusión de Llorenti, es inapelable. Ahora la Fiscalía no podrá convocar ni investigar a Llorenti dentro del caso.
   Venegas explicó que la resolución fue emitida sobre la  base de declaraciones documentales y testificales acumuladas por la comisión de fiscales que investiga el caso Chaparina desde hace dos años y cinco meses.
El 30 de julio de 2012, los fiscales José Ponce y Patricia Santos liberaron a Sacha Llorenti con el argumento de que no hallaron "indicios directos” de responsabilidad debido a que la "cadena de mando se rompió”. En agosto de 2012, la resolución fue impugnada por las víctimas de Chaparina.
Aida Camacho, abogada de los indígenas, dijo que la determinación de Venegas "era previsible” porque el Gobierno tomó la decisión "inquebrantable” de proteger a  Llorenti, ahora embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas.

Por otro lado, la jurista lamentó que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no haya resuelto la recusación que se planteó contra la fiscal Venegas ni haya iniciado la auditoría jurídica al caso Chaparina. "De la recusación contra Venegas planteada por el dirigente indígena Fernando Vargas, nunca se supo nada, al igual que de la auditoría jurídica que prometió Guerrero. Ni lo uno ni lo otro”, reclamó.

Llorenti dice que desconoce decisión de Fiscalía
"No conozco esa decisión. Seguramente harán las notificaciones. Una vez que conozca, emitiré una opinión”, manifestó el embajador ante la  ONU, Sacha Llorenti, en breve contacto con los medios de comunicación.
Llorenti se reunió ayer en la Asamblea Legislativa con la presidenta de la Comisión de Política Exterior del Senado, Gabriela Montaño, para definir acciones para la cumbre del G77 + China.
Llorenti, de forma insistente, señaló que no emitirá criterio hasta conocer la resolución de la Fiscalía de Distrito de La Paz.
"No estoy evitando hablar”, dijo el embajador, luego abandonó la Asamblea Legislativa y caminó  hasta la oficina del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Héctor Arce.
Eduardo León y Aida Camacho, abogados de los indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS, anunciaron -por separado- que pedirán al juez la "conversión de acciones”, que consiste en convertir la demanda pública en demanda privada.
"No crea que se salvó. Buscaremos que Sacha sea castigado como autor intelectual de la represión en Chaparina”, dijo León.

Réquiem para el socialismo dentro del MAS

http://www.paginasiete.bo/opinion/2014/2/12/requiem-para-socialismo-dentro-13721.html

María Galindo

miércoles, 12 de febrero de 2014

María Galindo

El deseo del Movimiento Al Socialismo (MAS) de saltar la barrera andina y seducir al oriente boliviano, y especialmente a Santa Cruz, es hoy uno sus objetivos más importantes. Allí está derrochando gran parte de su estrategia política.
El proceso se inició con la incorporación de la Unión Juvenil Cruceñista, una organización de corte racista que alberga, no precisamente a la clase alta, sino a ese sector camba-colla acomplejado que siente que no tiene un espacio de pertenencia y reconocimiento. Parecía ser, en ese momento, que el MAS no tenía mayores posibilidades de alianza que con aquellos que correteaban y pateaban a cholas en la plaza.
Pero eso ya nos decepcionó hace tiempo; hoy las alianzas políticas en Santa Cruz marcan la derechización real y completa del proyecto del MAS.
La promulgación de la ley contra los avasallamientos, que es el instrumento que la oligarquía terrateniente le ha exigido a Evo Morales, es la ley que persigue y penaliza precisamente a la que fue la base social del MAS en Santa Cruz.
Continúa la alianza en la amistad y fusión con el alcalde Percy Fernández, que representa lo pueblerino, lo machista, lo más rancio, lo senil y pasado de Santa Cruz. Representa a esa gerontocracia que impone valores a fuerza de palo y dinero, y que prolonga el poder del patriarca dueño de destinos y detentor del apellido, como emblema de poder.
Los patrones de la zafra han recibido créditos blandos y todo tipo de mimos, pero no se les ha impuesto el cese del trabajo infantil y la cualificación del trabajo, que es uno de los trabajos esclavos que subsisten en el oriente.
Gloria Limpias, representante de la industria proxeneta en Santa Cruz, igual que lo hizo durante la dictadura de Banzer, es la principal invitada en todas las fiestas, es la maestra de relaciones sociales, porque ofrece un producto que todos los poderosos han requerido: mujeres en bandeja para ornamentar su poder.
Las principales víctimas de estas alianzas son las fuerzas progresistas cruceñas.
Ya no se decapita en una carroza a Evo Morales en el Carnaval cruceño; ahora se lo utiliza como disfraz oligárquico. Es él quien se ha puesto la camiseta de la comparsa, es él quien quiere codearse con los Caballeros del Oriente o con cualquier otra comparsa-logia.
La alianza con estos sectores no supone el viraje ideológico de ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Ellos, cañeros, soyeros, ganaderos e importadores de autos son los que han impuesto las condiciones y son los que han recibido los beneficios y no al revés.
Hoy el MAS, en el país, representa a esa derecha; se ha derechizado, se ha desideologizado y su único horizonte es el poder estatal para retenerlo y nada más.
La enemistad con Rubén Costas y la retórica contra la derecha es sólo teatro, puro teatro. Es Rubén Costas quien está solo y aislado en su propio pago. Históricamente, la derecha ha sido pragmática y utilitaria. Hoy ha hecho sus cálculos   y mientras el MAS esté dispuesto a cumplir sus objetivos le resulta más cómodo y más útil estar con el Gobierno.
Ése es el contexto en el cual se realizará el G77 en Santa Cruz.  ¿Qué empresas entonces se capitalizarán con los contratos? ¿Quiénes serán los interlocutores de la supuesta sociedad civil, sino exclusivamente la Cainco? ¿Quiénes serán capitalizados y fortalecidos, como si estuviésemos en pleno banzerismo?
 Civismo rimaba con fascismo en 2006; hoy, muchos años después, civismo sigue rimando con fascismo.

María Galindo es miembro de  Mujeres Creando.

Vargas Llosa en la Bolivia populista

http://elpais.com/elpais/2014/02/04/opinion/1391543448_098186.html

El Evo Morales que llegó al poder humildemente en enero del 2006, se ha convertido en un hombre temido hasta por sus propios colaboradores ocho años después. Aquel indiecito de suéter a rayas chillonas que se presentó en el invierno madrileño de ese 2006 y que recorrió varias naciones europeas escapando milagrosamente a morir de una pulmonía, cumplió con su propósito de provocar lástima. Una lástima que se convirtió en simpatía cuando describió con su lenguaje tosco cómo en Bolivia ni él ni su madre podían caminar por las aceras de las ciudades porque eran echados a la calzada por los hombres blancos. Era casi como escuchar a Mandela.

Pues ese hombre de la chompita rayada ahora usa una elegante vestimenta con motivos andinos que le dan un aire militar y de su humildad no queda nada porque ya no la necesita. Gobierna a placer con gesto imperial. Y mientras el dinero continúe ingresando en las arcas del Estado boliviano, recibido principalmente de las ventas del gas natural, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) podrá gozar todavía de buena salud. Esto porque su política distributiva, fundamentalmente basada en bonos para ancianos, mujeres, niños, estudiantes, resultan ser demasiada tentación como para que no impacte en una nación tan pobre como Bolivia, donde la lucha contra la miseria no pasa de ser un eslogan electoral más.

La popularidad del régimen se sustenta básicamente en un gasto desmesurado que, al mostrarse como inversión, se convierte en propaganda

La popularidad del régimen se sustenta básicamente en un gasto desmesurado que al mostrarse como inversión termina convirtiéndose en su mejor propaganda. Si algo es cierto, es que ninguna de las anteriores administraciones bolivianas tuvo los recursos que existen hoy. Y no se trata de que el crecimiento económico en Bolivia se deba a una mayor producción de materias primas o de bienes, sino que las materias primas, al haberse multiplicado hasta en cinco o diez veces en la última década, han enriquecido visiblemente al país.

Con o sin las nacionalizaciones de hidrocarburos y de otros rubros como la minería, ejecutadas por el MAS, Bolivia hubiera gozado de bonanza, pero con el peligro de que su economía es fundamentalmente extractiva y entonces depende de los precios en el mercado internacional y requiere de fuertes inversiones extranjeras para explorar y explotar sus yacimientos, lo que no sucede en estos tiempos en que las empresas se quejan de una falta de ley de inversiones y, por tanto, de inseguridad jurídica.

Evo Morales, a raíz de una interpretación constitucional muy forzada, respaldada por su amplia mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, está lanzado hacia su tercera elección que muy pocos dudan que la ganará. Es un golpe a la democracia sin ningún reparo. El régimen populista boliviano se suma a lo que hizo en su momento Chávez, lo ha hecho hace poco Ortega en Nicaragua y lo está haciendo Correa en Ecuador. Otros gobernantes también han deseado ir por esa misma senda tan tentadora pero se encontraron con una opinión pública contraria o con un voto ciudadano que no permitió aquellos intentos de perpetuidad en el poder.

El presidente Morales tiene las mejores cartas en sus manos para triunfar en las elecciones de este año, empezando por el control del Poder Judicial y del Poder Electoral. La judicatura la tiene enteramente, desde el momento en que los magistrados fueron inauditamente elegidos por voto popular, a instancias del gobierno, y aunque venció el voto nulo en las urnas, se posesionaron los togados que previamente habían sido designados como candidatos por la Asamblea, es decir nominados de antemano por el MAS. Algo similar sucede con el Poder Electoral, donde es evidente que existen vocales que responden al partido de gobierno.

Morales tiene las mejores cartas en sus manos para triunfar en las elecciones de este año, como del Poder Judicial y del Poder Electoral

En esos momentos delicados ha llegado a Bolivia, el Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, invitado por la Fundación Nueva Democracia. Antes de su arribo a Santa Cruz de la Sierra el gobierno se sintió amenazado con su visita. Le recordaba, sin duda, la presencia del novelista en Caracas y en Buenos Aires, donde provocó polémica y produjo encono político con esos gobiernos. Hubo desafortunadas declaraciones del presidente Morales y del vicepresidente García Linera contra la figura del escritor peruano. Sin embargo, Vargas Llosa no entró en controversia y dijo que sólo quería hablar sobre libertad y cultura, además de su interés en conocer las misiones jesuíticas de Chiquitos.

Para una oposición dispersa, débil, desmoralizada ante la avalancha populista, Mario Vargas Llosa fue un bálsamo refrescante, alentador. Habló ante auditorios colmados y ante la prensa, alertando sobre los vicios del populismo, del estatismo, de la inseguridad jurídica, de la falta de inversiones, sobre los peligros de coartar la libertad de expresión y cualquiera de las libertades. Evo Morales y el gobierno callaron. Por lo menos no se levantó la polvareda que se esperaba.

Después de seis días en Santa Cruz, el Premio Nobel se marchó con un conocimiento cabal de lo que ocurre en Bolivia, pero, además, dejó algunos mensajes que nada tuvieron que ver con la política interna boliviana, aunque sí con los riesgos de los populismos en boga en América Latina, destinados, tarde o temprano, al fracaso.

Unos 5.000 profesionales de la salud cubanos han desertado en diez años

EL PARAÍSO DE EVO MORALES

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http://internacional.elpais.com/internacional/2014/02/05/actualidad/1391626695_458398.html

Médicos, enfermeras y terapeutas cubanos han abandonado las misiones internacionales

Maye Primera Miami 5 FEB 2014 - 20:33 CET11

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Cada semana, la organización cubano-estadounidense con sede en Miami Solidaridad Sin Fronteras recibe entre siete u ocho llamadas de médicos cubanos que prestan servicio en la región y que quieren desertar. Más del 90% de esas llamadas provienen de Venezuela, unas pocas, de Nicaragua y de Bolivia, y se prevé que pronto podrían a repicar los teléfonos desde Brasil. Según sus cálculos, unos 5.000 médicos, enfermeras y terapistas cubanos han desertado de las misiones internacionales en la última década. Y la mayoría de ellos ha venido a parar aquí, al sur del Estado de Florida.
Los médicos son la materia prima más rentable con la que cuenta el Gobierno de La Habana. De acuerdo a cálculos extraoficiales, cerca de 50.000 de ellos prestan actualmente servicio en el extranjero. Están concentrados, especialmente, en los países que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba): en Venezuela, en Brasil, en Nicaragua, en Bolivia, Argentina, Ecuador, Haití, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Honduras, Paraguay, Uruguay, Surinam, Santa Lucía y San Vicente. Y las universidades cubanas se ufanan de estar en capacidad de graduar unos 5.000 profesionales más cada año para suplir la demanda internacional, a cambio de petróleo, alimentos e inversiones.
Las misiones médicas han sido, además, una importante vía de escape para los cubanos que buscan desertar. Antes de que entrara en vigor la reforma migratoria de enero de 2013, que permite a los cubanos con pasaporte y visado viajar fuera de la isla, el camino de huida predilecto era Venezuela. "Allá viven en muy malas condiciones, los envían a los peores lugares, donde están todos los delincuentes, sin ninguna garantía para su vida", asegura Julio César Alfonzo, médico cubano, graduado en 1992 en la Universidad de La Habana, y actual director de Solidaridad Sin Fronteras, una organización que se encarga de brindar apoyo logístico y económico a los cubanos que planean desertar de las misiones médicas internacionales.
Pero las peores bajas que ha sufrido la misión médica cubana en Venezuela han sido por causa de la violencia callejera, que solo durante 2013 ha matado a más de 24.700 personas, según cifras extraoficiales. La última vez que el Gobierno de Caracas informó sobre el número de médicos cubanos asesinados en el país fue en abril de 2010 y hasta entonces, habían muerto 68. Para honrar su servicio, el Ministerio del Poder Popular para la Salud desveló una placa en su honor en un centro de salud del Este de Caracas que dice: "A los colaboradores de la salud fallecidos en tierras bolivarianas durante el cumplimiento de su deber", como si hubiesen caído en batalla.